La venta de animales en lugares públicos en la Ciudad de México es un delito que está impune a pesar de que la ley vigente lo prohíbe y penaliza.
Activistas acusaron que la Policía no tiene los mismos criterios al ejercer la ley, pues cuando se trata de propietarios los sanciona, pero deja impunes a los vendedores, acusó José Luis Carranza, presidente del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal (FRECDA).
Es una falta de unificación de criterios, la ley es pareja para todos, no puede ser que en el caso de propietarios se aplique y con maltratadores no
El FRECDA interpuso un amparo para que la ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) interviniera en el mercado de Sonora, donde venden animales en condiciones de maltrato, pero la dependencia impugnó.
El amparo fue tramitado abril de 2018 y resuelto por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis, a favor de la asociación en agosto del mismo año.
Regis ordenó que el director ejecutivo de aplicación de Programas preventivos e institucionales de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevará a cabo las acciones para cumplir con los lineamientos para la protección de animales.
Dicho fallo va en concordancia con los estipulado en el artículo 10 de la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México que estipula que la SSC tiene la facultad de detener a quienes vendan animales de manera irregular en espacios públicos, como mercados, no autorizados
“Realizar operativos en los mercados y establecimientos que se tengan identificados los cuales se dediquen a la venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías en dichos centros y establecimientos”, señala el texto, que también reconoce a los animales como un ser vivo no humano consciente y sintiente.
Por lo cual, Carranza acusó que la situación se presta a pensar que existe corrupción por parte de la dependencia encarga de la seguridad pública.
“Aquí creemos que hay negligencia, ignorancia o corrupción, el artículo 10 dice que la SSC tiene facultades para entrar a mercados públicos, detener a las personas que están cometiendo el delito y ponerlas a disposición de las autoridades”, argumentó el también abogado.
El activista señaló que tras una mesa de trabajo con el exsecretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, éste ordenó un operativo en el Mercado de Sonora que no tuvo detenidos ni recuperación de animales en condiciones de maltrato, pero con eso cumplió el mandato judicial.
“No es posible que en un lugar que es reconocido por la venta ilegal de animales en condiciones de maltrato no haya detenidos, solo fueron a pasear”, detalló.
El FRECDA ubica como puntos rojos de tráfico de animales al Mercado de Sonora y al de Coapa por no cumplir con lo estipulado por la ley.
“Previa venta de cualquier animal, el vendedor deberá entregar al comprador un certificado de vacunación que contenga la aplicación de las vacunas de rabia, desparasitación interna y externa, de conformidad al cuadro básico de medicina preventiva, suscrito por médico veterinario con cédula profesional”, indica el documento en el artículo 28.
Sin embargo, la venta de los animales que están en dichos establecimientos no cumple los requisitos y también venden animales con edades menores a cuatro meses, lo que también está restringido al igual que no esterilizarlos.
El Mercado de Sonora data de 1957, desde entonces es conocido por su venta de hierbas, objetos para la santería y la venta de animales domésticos, de granja e incluso exóticos, lo que no era penado en ese entonces.
La última reforma a Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México, que reconoce a los animales como seres sintientes y prohíbe su venta irregular, fue publicada en la Gaceta Oficial de la capital el 4 de mayo de 2018.
La pena que pueden alcanzar quienes vendan animales en la vía pública o establecimientos no autorizados va de cuatro a cinco años de reclusión.
El FRECDA interpondrá otro amparo para que la dirección de la actual SSC, encabezada por Jesús Orta, tome cartas en el asunto.
Mercados como el de Sonora y el de Coapa venden animales de manera irregular, muchas veces sin desparasitar ni esterilizar y con edades menores a los cuatro meses, acusan organizaciones
Justicia dispareja
La justicia no aplica igual en todos los casos. La Policía sí sanciona y detiene a los propietarios que incurren en faltas cívicas.
El 24 de mayo se dio a conocer el caso de dos perros que se metieron a jugar a una fuente y a los que la policía detuvo junto a su dueña.
Fue en el Parque Río de Janeiro de la alcaldía de Cuauhtémoc, cuando los perros labrador jugaban en la fuente. Tras ser detenidos fueron subidos a la patrulla del Sector 52, destacamento 4, custodiados y posteriormente remitidos al juzgado cívico.
Norma Huerta, directora de la asociación animalista Mundo Patitas, aseguró que el hecho significó una arbitrariedad y falta de criterio por los oficiales.
“La llevan ante el juez, paga su multa y aún así estuvo detenida 13 horas sin posibilidad de fianza. Ya quisiéramos que las personas actúen así con aquellas personas que orinan en la vía pública o que rayan el mobiliario público”, refirió Huerta quien prestó asesoría legal a la mujer que estuvo aprehendida.
Huerta añadió que los policías y ministerios públicos no están obligados a ser sensibles en el caso de que un perro, quien no tiene noción de la ley, incurra en una falta, pero sí en aplicar las sanciones correspondientes a los traficantes o maltratadores de animales
José Luis Carranza apuntó que la sanción y la detención fue aplicada con rigurosidad pero también solicitó que se actúe igual en el caso de quienes venden animales.
“No es posible que actúen en el caso de un perro en la fuente pero no con la venta en lugares públicos, ¿por qué en esos casos no puede aplicar la ley?”, cuestionó.
Ante esto, hizo un llamado a las autoridades para que se respete el marco legal vigente y no sólo se aplique en ciertos casos.
