La revocación de mandato vuelve al Congreso de Nuevo León

Van por revocación de mandato en Nuevo León

Esta figura que permite a los ciudadanos quitar del cargo a algún funcionario público está en la agenda mínima de varios diputados del Congreso local

La revocación de mandato vuelve al Congreso de Nuevo León. Los diputados locales tienen la posibilidad de aprobar por cuarta ocasión la revocación de mandato, figura que consiste en quitar del cargo a algún funcionario público ante la exigencia de los ciudadanos.

Bancadas como Movimiento Ciudadano (MC), Morena y el Partido del Trabajo (PT) incluyeron la revocación de mandato en su agenda mínima de leyes y reformas para el tercer período ordinario de sesiones del último año legislativo, que arranca el próximo 1 de septiembre

Pero en legislaturas anteriores, la revocación de mandato no se ha aprobado en el órgano legislativo. En diciembre de 2016, los legisladores avalaron en primera vuelta esta figura, que está dentro de la Ley de Participación Ciudadana, pero ya no lo hicieron en segunda vuelta.

Por ser una modificación a la Constitución local la revocación de mandato tendrá que votarse en dos rondas. En la última se establecen los mecanismos y reglas para que la ciudadanía pueda hacer efectiva esta figura.

En la Septuagésima Cuarta Legislatura, cuando Samuel García era el coordinador de MC, su Grupo Parlamentario propuso la revocación de mandato, pues presentó un dictamen por adición al artículo 41 de la Constitución local.

El documento se aprobó en el Pleno por unanimidad, con 37 votos en lo general y con 31 en lo particular para que la ciudadanía pudiera quitar a un gobernante por su desempeño.

La revocación de mandato no se concretó y fue hasta finales de 2018 que se intentó volver a poner en la agenda del Congreso sin éxito. Ahora, de nueva cuenta, en esta Septuagésima Quinta Legislatura, la bancada de MC, a cargo del diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, la vuelve a incluir en la agenda mínima.

“Impulsaremos reformas constitucionales como la segunda vuelta para la revocación de mandato, estamos presentando nuestra agenda temática mínima que aborda seis ejes de suma importancia para la población, y el compromiso es sacarla adelante en el próximo periodo ordinario”, dijo el coordinador de la bancada.

Pero el año electoral que se avecina podría dejar pendiente otra vez la revocación de mandato. Esta figura otorgaría a los neoleoneses el poder de remover a gobernantes, alcaldes y diputados locales y puede ser una amenaza para la clase política.

El regreso del pin junto a la revocación de mandato

El diputado del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal Segovia, regresará en el tercer período ordinario de sesiones del último año legislativo con la propuesta de establecer el pin parental en la Constitución local.

Dentro de sus prioridades en su agenda temática está incluir por segunda ocasión esta figura.

“Instaurar el Pin Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite consentimiento de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales”, dice la agenda del legislador sin partido.

En mayo, los legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron una serie de reformas del artículo 3 de la Constitución local en materia educativa, que abrían la puerta al pin parental.

La iniciativa, que establece que los padres tendrán el derecho preferente de decidir qué tipo de educación sexual, de reproducción y género reciben sus hijos, pasó al Pleno el jueves 21 de mayo en medio de reclamos ciudadanos que presionaron para evitar su aprobación y lo lograron.

“Sin menospreciar las distintas corrientes de pensamiento aquí representadas, planteamos nuestras posturas con convicción aquí representadas”, cita la agenda mínima del legislador.

La revocación de mandato fue contemplada en la Ley de Participación Ciudadana en primera vuelta en 2016

Por un ingreso básico

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso local, que coordina el diputado Carlos de la Fuente, propone para el último año legislativo reformar la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Asistencia, con el fin de establecer un ingreso básico universal.

Esta propuesta surge debido a la pandemia de COVID-19, pues el Grupo Parlamentario albiazul busca que los ciudadanos afectados por la contingencia sanitaria puedan recibir apoyo, así como la población que sufra daños ante un fenómeno meteorológico. Este es el partido con mayor número de diputados, por lo que los 15 legisladores panistas podrían votar en favor de su propuesta y negociar para que se logre.

“Durante esta contingencia por la pandemia de COVID-19 se ha tenido que cerrar negocios, empresas y, con ello, se ha incrementado el desempleo y la falta de ingresos en muchos hogares, por lo que se han tenido que emprender políticas públicas tendientes en apoyar a personas vulnerables”, dice la agenda mínima albiazul.

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