César Alejandro Domínguez, congresista del PRI, presentó un punto de acuerdo para pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue a Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN y hoy diputado federal.

En entrevista, Domínguez exigió que se revise si hay vinculación de Madero con grupos delincuenciales, así como su patrimonio, y si el caso de Lucero Sánchez no se trata de un asunto del cobro de “moches”, pero en otro nivel.

“(Hay que) revisar cuáles fueron las motivaciones sobre esta definición de candidatura, para ver si existió una motivación de los grupos delincuenciales, o bien, si estamos en presencia de la segunda temporada de la serie de los ‘moches’.

“Porque los ‘moches’ se materializaron, primero, pidiendo a los presidentes municipales y hoy que estén pidiendo moches a los grupos delincuenciales para poner candidatos vinculados a ellos; esa es la investigación que yo estoy pidiendo que se realice”, declaró Domínguez.

El priista dijo que si se demuestra que Madero tiene responsabilidad, se deberá seguir un proceso de desafuero para que enfrente las sanciones a las que haya lugar.

Aunque el asunto no fue tratado en la sesión de este martes, ya se encuentra inscrito en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara baja.

El caso de la aun diputada local provocó que los dirigentes del PAN y el PRD pidieran a la PGR que certifique a los candidatos que competirán en la elección de junio próximo.

Las autoridades del Gobierno Federal, sin embargo, han respondido que es imposible que lleven a cabo tal investigación.

Domínguez también pidió a la PGR que investigue si Madero tenía algún tipo de relación con Lucero Sánchez López para haberle otorgado la candidatura a la diputación local sin tener experiencia alguna en el servicio público.

“No podemos dejar de preguntarnos cuáles fueron los intereses que impulsaron la carrera política de Sánchez López; para qué fines y con qué recursos fue promovida esa carrera; si se sabía de las personas con las que estaba relacionada, entre otras incógnitas, de las cuales pudiera resultar la comisión de algún delito y que no se debe quedar impune.

“Consideramos pues, que el primer responsable de esta intervención para su nombramiento como candidata a la diputación, es el señor Gustavo Madero Muñoz, por ser quien en las elecciones sinaloenses de 2013 llevaba las riendas del Partido Acción Nacional, y por consecuencia debió mediar su participación en estos hechos”, expone el diputado priista.

Y va más allá: Domínguez pide a la PGR que esclarezca la relación entre Madero y Sánchez.

“(Que) se investigue la relación que existió y probablemente exista entre ambos personajes, en virtud de que no podemos saber, sino hasta que concluyan las investigaciones, si el diputado Madero tenía conocimiento o no de esta presunta relación entre la diputada y el narcotraficante”, pidió Domínguez en su punto de acuerdo.

El priista requiere que se aclare por qué Madero no respetó lo que prometió en el proceso electoral de Sinaloa en el 2013, donde dijo que para la designación de candidatos se tomaría en cuenta “la trayectoria, rentabilidad electoral, currículum y capacidades”.

“Para éste caso, Lucero Sánchez no tenía ni trayectoria, ni currículum, y tal vez sí capacidades… pero legislativas, definitivamente no”, criticó el priista.

Domínguez recordó cuando en octubre del 2015, Lucero Sánchez denunció en la tribuna del Congreso de Sinaloa la forma en que los elementos de la Marina estaban llevando a cabo los operativos que buscaban dar con el paradero de “El Chapo”, en la región de donde ella es legisladora.

“Afirmó también que ‘los abusos de la Marina’ habían ocurrido en los municipios de Angostura, Culiacán y Cosalá. Ciertamente debemos preguntarnos si hablaba en nombre de las citadas víctimas o a título personal porque se estaba buscando a un sujeto con el cual sostenía una relación”, cuestionó el diputado.

El primer dato sobre esta candidatura proviene del 16 de mayo del año 2013, cuando es anunciada por la Comisión de Selección de Candidatos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN la entrega de los nombres de quienes estaban postulados.

En esa lista se encontraba el nombre de Lucero Guadalupe Sánchez López, por el distrito XVI de Cosalá, de apenas 24 años y sin ninguna experiencia previa en la política o como funcionaria pública.

Propuesta por el PAN, llegó al cargo en alianza con el PRD, el PT, Nueva Alianza y el Partido Sinaloense.

Aunque ayer no quiso dar ninguna declaración al respecto, ya en días pasados Gustavo Madero afirmó que la designación de Sánchez como candidata fue hecha siguiendo las reglas estipuladas por el propio partido.

“Creo que está muy claro en el expediente que tiene el Comité Ejecutivo Nacional, que todas las decisiones fueron por órganos colegiados autónomos y que fue un proceso que se puede explicar completamente sin ningún tipo de dolo y con completa transparencia”, afirmó Madero.

En el PAN aún no está claro cómo Lucero Sánchez se convirtió en candidata y luego en diputada local.

Durante varios días, Federico Döring –a quien Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, envió como delegado en Sinaloa para esclarecer el caso-, estuvo haciendo entrevistas y diligencias en la entidad para detectar en quién recaerá la responsabilidad.

 Será en los próximos días cuando Döring entregue el informe a la comisión permanente del PAN.

La petición al gobierno

En vista de que cada vez son más servidores públicos que son acusados de tener vínculos con el crimen organizado, los líderes nacionales del PAN y el PRD pidieron a la PGR que sea ella la encargada de verificar que los candidatos que participen en el proceso electoral de junio próximo no tengan relación con la delincuencia.

Horas después de la petición, la PGR respondió que no tiene las atribuciones para verificar el pasado de los candidatos, pues la investigación debe hacerse a raíz de una denuncia y, si la hubiera, no puede revelar datos de ella.

Esto deja en manos de los propios partidos políticos la responsabilidad de revisar los antecedentes y relaciones de cada uno de los candidatos que participarán en el proceso electoral.

En las elecciones del 5 de junio próximo se elegirá a 965 nuevos miembros de ayuntamientos; 388 diputados locales; y 12 gobernadores. Esto hace un total de mil 365 cargos.

Tomando en cuenta que hay nueve partidos con registro nacional –aunque algunos irán en coalición-, sin contar con los partidos locales, el número de candidatos podría ascender a más de 12 mil en la elección del 2016.

Bajo la mira

Funcionarios relacionados con el narco, evidencian la incapacidad de todos los partidos políticos del país para diseñar un blindaje para evitar que el crimen organizado se infiltre.

> Mario Villanueva Madrid
Exgobernador de Quintana Roo

Aprehendido en 2001 por vínculos con el cártel de Amado Carrillo. Preso en Almoloya hasta 2007. A su salida, el 21 de junio del mismo año, fue reaprehendido. En 2008 se le sentenció a 36 años de prisión. En 2010 fue extraditado a EU. En 2013 un juez de Nueva York lo sentenció a 11 años por lavado.

> Nahúm Acosta Lugo
Exdirector de giras de la Presidencia con Vicente Fox

Detenido en febrero de 2005 acusado de delincuencia organizada y de colaboración con el narcotráfico, por supuesto vínculos con el cártel de Juárez. El juzgado sexto de distrito de Toluca determinó dejarlo en libertad por falta de elementos para procesarlo. 

> Julio César Godoy
Exdiputado federal del PRD

Hermano de Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, acusado por la SSP de tener nexos con el cártel de La Familia Michoacana. En 2009 se le dictó orden de aprehensión. En 2010 tomó protesta como diputado federal y adquirió el fuero constitucional. En diciembre fue desaforado. Está prófugo.

> Tomás Yarrington
Exgobernador de Tamaulipas 

Tiene una orden de aprehensión por parte de la PGR desde 2012 acusado de delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento del narcotráfico. Buscado por autoridades de EU por de crimen organizado y lavado de dinero. Está prófugo.

Fausto Vallejo Figueroa
> Exgobernador de Michoacán

Señalado por vínculos con Los Templarios. Su hijo, Rodrigo Vallejo, fue exhibido en un video con Servando Gómez, líder del cártel y detenido en 2014 por posibles vínculos con el crimen organizado, pagó fianza, fue liberado y reaprehendido junio del mismo año. Un juez federal lo condenó por encubrimiento.

Jesús Reyna García
> Exgobernador interino de Michoacán

En 2014 fue detenido y arraigado acusado de posibles contactos con Los Templarios. En mayo, un juez federal dictó formal prisión por su probable delincuencia organizada. Actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

José Luis Abarca
> Exalcalde de Iguala, Guerrero

Señalado como el autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Abarca y su esposa han sido relacionados con el cártel de Guerreros Unidos. Actualmente se encuentra recluido en el penal de El Altiplano por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada.

> Lucero Sánchez López
Diputada local en Sinaloa

Señalada por mantener una relación sentimental con Joaquín Guzmán. En 2015, usó documentación falsa para ingresar al penal de El Altiplano y encontrarse con el capo. La panista enfrenta un proceso de desafuero en el Congreso de Sinaloa para poder enfrentar los cargos que acusa la PGR.