En junio pasado, el Gobierno de la Ciudad de México acordó con transportistas el aumento de un peso a la tarifa del Transporte Público Concesionado bajo el compromiso de que los microbuses, vagonetas y autobuses mejorarían su servicio, y con el amago de que se someterían a inspecciones.

A tres meses de que entró en vigor dicha disposición, las deficiencias y los accidentes vinculados a estas unidades siguen ocurriendo.

Por lo que expertos en movilidad señalan la importancia de profesionalizar el servicio y atender todos los elementos que contribuyen a que existan condiciones que vulneren la seguridad de las y los usuarios.

Siniestro reciente

La mañana del 22 de septiembre se registró un accidente sobre el kilómetro 22 de la carretera México-Cuernavaca, en el poblado de San Andrés Totoltepec de la alcaldía Tlalpan.

Los reportes indican que el siniestro se debió a que el conductor de un microbús de la ruta 69 perdió el control de la unidad, lo que provocó que cayera por una pendiente e impactara contra bardas y árboles, dejando un saldo de 31 personas lesionadas.

De igual forma, el 25 de agosto de este año, el chofer de un autobús de la ruta 14, quien presuntamente conducía a exceso de velocidad sobre los carriles centrales, atropelló y mató a una mujer que cruzaba la Calzada de la Viga.

Actualización tarifaria del transporte público

Después de las manifestaciones y cierre de vialidades organizados por la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) a inicios de junio pasado, el Gobierno capitalino aprobó el incremento de un peso a la tarifa del transporte público concesionado, pese a que los permisionarios y concesionarios pedían un alza de tres a cinco pesos.

No obstante, hace una semana, el mismo día que ocurrió el accidente en San Andrés Totoltepec, la dirigencia de la FAT exigió que el Gobierno capitalino agregue un subsidio de dos pesos a los usuarios del transporte público concesionado al argumentar un impacto económico a causa de la inflación y los efectos de la pandemia.

Cabe recordar que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró en junio que cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento estricto de un mejor servicio para la población.

“¿Qué se les ha pedido a ellos? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener en buen estado sus unidades, que transportistas tomen capacitación y estén incorporados a un padrón único”, mencionó.

Compromisos pactados

Entre los acuerdos que se establecieron al anunciar la actualización tarifaria, destaca contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad, y llevar a cabo las medidas de mantenimiento básicas en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos.

“De manera coordinada, la Semovi y el Invea, en el ámbito de sus atribuciones, realizarán las acciones de supervisión, vigilancia y verificación administrativa para supervisar el cumplimiento de lo establecido”, señalaron las autoridades.

Profesionalizar, camino urgente

A pesar de lo anterior, y de que existen campañas y mecanismos para erradicar situaciones de inseguridad para las y los usuarios, falta mucho por hacer y hay otros elementos a considerar, indica Ezequiel Palacios, experto independiente en movilidad.

“Ahora que anunciaron el corredor de Xochimilco, están implementando una estrategia de unificar toda la red de transporte que va a pasar por ahí, que ya no sean diferentes unidades de transporte o de distintas compañías que manejen una misma ruta.

“Porque también eso sucede, que compiten por el pasaje y tratan de ponerse el pie para evitar que la ruta sea buena. Más allá de que pudieran tener una buena capacitación los conductores, las condiciones en las que se encuentran las unidades de transporte son muy malas, están viejas, chocadas y tienen fallas en los motores”, detalla.

Ezequiel Palacios agrega que una vía para mejorar el servicio del Transporte Público Concesionado es optar por una profesionalización ya que eso permite que los concesionarios vean la movilidad y la seguridad vial como un todo.

Menciona que esto es un enfoque sistémico, el cual se necesita aplicar de manera conjunta por las políticas públicas del Gobierno y por quienes se dedican a trasladar a cientos de miles o millones de personas al día.

 Esta postura la comparte Víctor Alvarado, vocero del área de Agenda Climática y Movilidad de la organización El Poder del Consumidor, quien precisa que una forma de medir la percepción de los usuarios respecto al servicio del transporte público en la capital del país son las encuestas relativas a la seguridad.

Percepción ciudadana del transporte público

Refiere a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) y a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Señala que la Envipe posiciona al transporte público en los primeros lugares en donde las personas se sienten más inseguras, ya sea por delincuencia o temor a siniestros. De la Encig, destaca que hay entre un 70 y 80 por ciento de desaprobación de los encuestados hacia este servicio de movilidad.

“Esta respuesta sobre la calidad y el impacto gubernamental es específicamente sobre el servicio de microbuses, vagonetas y autobuses. Porque cuando nos referimos al servicio profesionalizado y estructurado, como es el caso del Metrobús o del Metro, se invierten los resultados, hay una aprobación significativa del 80 y 90 por ciento”, apunta.

Por lo que afirma que una forma de revertir la situación que se está viviendo es migrar a sistemas de transporte profesionalizados y que dejen de operar bajo el sistema conocido como “hombre-camión”, que son concesiones individuales.

“Cuando se profesionaliza un servicio de transporte público, como un corredor con preferencia de paso, con paradas preestablecidas, la opción a nuevas tecnologías, etc., se logra reducir hasta en un 50 por ciento los hechos de tránsito, como choques entre vehículos, colisiones entre vehículos y personas o ciclistas”, indica.

Agrega que también se deben acelerar los procesos de conformación de corredores de transporte público que cuenten con una preferencia de paso en la vialidad, regular los servicios de micro y baja capacidad, así como desarrollar una cultura de gestión financiera para movilidad.

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