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AZúCAR

Una disputa nada dulce

Armando Estrop

En ocasiones ganar una resolución judicial en última instancia solo requiere de un buen apellido, o al menos así lo piensan los cooperativistas del Ingenio de Mante, Tamaulipas. 

Ellos luchan por una indemnización, ya ganada anteriormente, por salarios caídos e intereses que en total suman 23 mil millones de pesos, lo que dependería de la resolución del juicio que sería trasladado en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 


Nov 11, 2013
Lectura 14 min

"Se me hace tendencioso que ellos quieran presionar al tribunal de esa manera. Están politizando un asunto. Y de alguna manera utilizando el nombre de su servidor"

- Juan Pablo Silva García

Hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La resolución generó además un debate entre especialistas y legisladores sobre el actuar de las autoridades judiciales

De acuerdo a los abogados de la cooperativa, la empresa no se encontraba en condiciones económicas de solicitar una quiebra, y el apoderado legal que representó a la cooperativa no tenía facultades para hacerlo

http://www.youtube.com/watch?v=wp-nUwzYV0E

En ocasiones ganar una resolución judicial en última instancia solo requiere de un buen apellido, o al menos así lo piensan los cooperativistas del Ingenio de Mante, Tamaulipas. 

Ellos luchan por una indemnización, ya ganada anteriormente, por salarios caídos e intereses que en total suman 23 mil millones de pesos, lo que dependería de la resolución del juicio que sería trasladado en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La controversia inició con la entrada al juicio del abogado Juan Pablo Silva García, hijo del presidente de la SCJN, quien en entrevista con Reporte Indigo aseguró que él no participa en el caso, solo el despacho en que colabora, y que además piensa que el litigio se ha politizado más allá de sus dimensiones jurídicas.  

Sin embargo, la entrada del despacho que aboga contra los cañeros, dio un giro de 180 grados al juicio civil que interpuso la cooperativa del ingenio tamaulipeco del que dependían cientos de trabajadores que aseguran que son víctimas de un fraude que se hizo en 1991.

Los cooperativistas han manifestado que el dinero no es el objetivo principal, sino que se haga justicia por haber fingido una quiebra de un centro de trabajo que era rentable económicamente.

Luego de la presunta quiebra, decretada por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el ingenio fue vendido a particulares, dejando sin trabajo a miles de trabajadores y productores.

El proceso judicial de la cooperativa ya había logrado sentencia a su favor en tres instancias: una local y dos federales.  Es un entramado judicial.

De pronto, en junio del año pasado, el SAE inscribió al hijo del ministro como nuevo abogado en el juicio que por apelación han pedido sea trasladado a la SCJN y, según declaran los trabajadores, la suerte les cambió. Y también cambió el rumbo del proceso judicial.

Ahora se espera una sentencia desfavorable a los trabajadores por parte de un Tribunal Colegiado que cambió la esencia de la demanda inicial, en un hecho pocas veces visto en un juicio.

Y además solicitó que el asunto sea ya atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se encuentra el padre del abogado de la contraparte, como presidente.

Esto es un ejemplo más de la ambigüedad de la Ley. 

Y según se desprende de estos acontecimientos, podría ser este caso un nuevo ejemplo de la aparición de nombres de familiares ligados al poder, que de manera súbita cambian el rumbo de los procesos.

Nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría estar en entredicho. 

El máximo tribunal del país entra a la polémica otra vez, luego de que su expresidente Genaro Góngora Pimentel se viera envuelto en un escándalo al  encarcelar a su exesposa por un presunto fraude.

Al igual que en Poder Legislativo, en el Poder Judicial cada vez son más frecuentes los casos de irregularidades en los procesos. El compadrazgo, padrinazgo, favores, encomiendas y vínculos familiares, son frecuentes.

Y es que tendría que ser la Secretaría de Hacienda la que pague a los trabajadores porque por parte de ellos fue que hubo omisión y fallas en la presunta quiebra del Ingenio de Mante.

Es un problema que puede escalar, pues los cientos de trabajadores están dispuestos a venir a la Ciudad de México y elevar su inconformidad mediante marchas, plantones y bloqueos.

Una quiebra entre fraudes

En el año de 1991, Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito dependiente del Gobierno Federal, inició un procedimiento de quiebra en contra de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante. 

La presentación de la solicitud de quiebra, la admisión y el allanamiento por parte de un supuesto representante de los trabajadores, se dio de manera expedita. 

Lo que en otros procesos dura semanas o meses, aquí se hizo en minutos. 

Sin embargo, de acuerdo a los abogados de la cooperativa, la empresa no se encontraba en condiciones económicas de solicitar una quiebra, y el apoderado legal que representó a la cooperativa no tenía facultades para hacerlo.

Otra irregularidad en el proceso de quiebra fue que se comprobó a través de peritajes de grafoscopía, que la firma del supuesto representante de la cooperativa –que no tenía facultades– es falsa.

El procedimiento de quiebra se dio en el Distrito Federal a pesar de que el ingenio se encuentra en el estado de Tamaulipas, por lo que en el pleito judicial se argumentó que el Juez que conoció la causa no tenía facultades por razones de territorio.

Con todos estos antecedentes se inició la demanda por parte de los trabajadores hasta el 2011, buscando la nulidad absoluta del proceso de quiebra y la posterior venta.

El 27 de septiembre del 2011 el Juez Cuadragésimo Quinto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el expediente 262/2011 dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad absoluta. 

En la sentencia se obliga al SAE a pagar lo que los trabajadores dejaron de percibir durante las zafras (cosechas de caña) de 1990 a 2010, más los intereses legales. 

El ingenio peleó que el apoderado legal de la cooperativa que inició la demanda en su contra, no tenía facultades, sin embargo luego de una serie de litigios finalmente se le dio la razón a los demandantes.

Nuevo abogado, nuevo criterio

Con la aparición del abogado como representante del SAE, se cambió el criterio de la denuncia, lo cual podría afectar a los trabajadores

Seis meses después se vino abajo la sentencia. 

El 17 de abril del 2012 la Octava Sala Civil del TSJDF resolvió dejar sin efecto la sentencia de septiembre del 2011 ante la apelación del Ingenio del Mante, o sea el Servició de Administración y Enajenación de Bienes.

La Cooperativa recurrió a un amparo indirecto de manera inmediata. Fue durante este proceso que apareció el abogado Juan Pablo Silva García. El 19 de junio del 2012, como consta en la documentación en poder de Reporte Indigo, se dio de alta como abogado del SAE.

Fue el representante legal, Jordi Oropeza Solórzano, quien inscribió al hijo del ministro. 

El joven abogado Juan Pablo Silva García con cédula profesional 2320522, junto a otros litigantes, recibieron el poder para representar al SAE.

“A quienes faculto para promover conjunta o separadamente en lo términos que se mencionan en el precepto legal invocado, y en lo general, para ejercer cualquier acto procesal en interés de la aquí quejosa”, dice un amparo indirecto promovido por Ingenio del Mante S.A. de C.V. ante el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil, en contra de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante S.C.L.

El Segundo Tribunal Colegiado canceló en dos ocasiones –de acuerdo a sus propias actas– su reunión para deliberar y dictar sentencia sobre el amparo promovido. 

La primera fue el 13 de junio, en la que estaba enlistado como tema en tercer orden. Posteriormente el 20 de junio fue cuando estuvo enlistado en temas de segundo orden.

El pasado 22 de enero del 2013 el Segundo Tribunal Colegiado les concedió el amparo solicitado por los trabajadores, a fin de que la misma Octava Sala resuelva sobre la sentencia que dejó sin efectos.

Pero el colegiado cambió el fondo del asunto. 

Solicitó que se estudie y dicte sentencia conforme a la acción  de nulidad de juicio concluido,  y no la nulidad absoluta de la quiebra que fue el criterio que se mantuvo en la sentencia de primera instancia.

Criterio que se mantuvo también en la resolución del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RC 49/2012 y en la sentencia de amparo dictada por la Juez Séptimo de Distrito Civil Federal en el expediente 374/2012-VIII. 

Para la defensa de la Cooperativa esto es simplemente debido a que están buscando una argucia legal con la cual darle salida a la presión que se ha ejercido sobre ellos desde la entrada de Juan Pablo Silva García como abogado de la contraparte.

Envían caso a la SCJN

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito tuvo una salida audaz. 

Pidió que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en donde está el padre de Juan Pablo Silva–resuelva sobre este conflicto.

El pasado miércoles emitió esta resolución pidiendo a la SCJN que utilice su facultad de atracción y sea esta la que dicte sentencia. 

Con el número de expediente D.C.-623/2013 con fecha del 5 de noviembre del 2013,  argumentó que por las características del caso y ya que el monto al que asciende el pago calculado podría afectar las finanzas del estado mexicano, es mejor que resuelva la Suprema Corte.

Por eso los magistrados decidieron, a poco más de un año de la llegada del nuevo abogado, que sean la Corte la que tome la controversial decisión.

“Se solicita a la primera sala del más alto tribunal del país, ejerza la facultad de atracción para que emprenda el estudio atinente, a fin de que el criterio que el respecto sostenga, sirva de precedente para asuntos similares”, dice la solicitud firmada por la magistrada presidente, Luz Delfina Abitia González,  y los Magistrados Daniel Patiño Pérez Negrón y Jaime Aurelio Serret Álvarez.

Sin embargo, en la solicitud de atracción no se mencionan los criterios que lo trabajadores han expuesto en su demanda, como lo son sus derechos fundamentales y la afectación a su vida por la falta de trabajo derivada de una quiebra fraudulenta.

A partir de Cassez, exigen igualdad

La principal polémica en la que se ha visto envuelta en años recientes la Suprema Corte de Justicia fue su resolución en el caso de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro.

Los ministros deliberaron y llegaron a la conclusión de que no se había hecho el debido proceso legal en la detención y juicio de la francesa, y por eso debía quedar libre.

Esto provocó indignación en un sector de la población que consideraba que a pesar de que Cassez había sido víctima de un montaje televisivo por parte de la Policía Federal, era culpable de los delitos que se le imputaban.

La resolución generó además un debate entre especialistas y legisladores sobre el actuar de las autoridades judiciales.

Hoy el senador perredista Isidro Pedraza exige que el mismo criterio sea adoptado en este caso por el tribunal que tenga que decidir sobre la controversia entre la cooperativa de trabajadores y el SAE, a través del Ingenio del Mante.

En un punto de acuerdo que será presentado esta semana, el legislador asegura que la firma falsa en el allanamiento de la quiebra es un parteaguas importante que señala que el procedimiento no se hizo conforme al derecho de los trabajadores.

“Se concluye que la cooperativa no tuvo representación alguna en el procedimiento de quiebra de la que fue objeto, pues el allanamiento fue el único acto en que aparentemente intervino, por lo que se dejó de observar el principio de debido proceso legal en contra de la Cooperativa,  en virtud de que no se cumplió el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico procesal que son necesarios para afectar legalmente a la Cooperativa y sus socios, cooperativistas, ejidatarios y obreros en sus derechos como gobernados”, dice el punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara alta.

Ahora será necesario esperar la resolución, pero evidentemente –es lo que temen los trabajadores de la cooperativa–  el apellido del abogado Juan Pablo Silva García, será determinante. 

Asegura que politizan el caso   

El hijo del presidente de la SCJN que aboga contra la indemnización de los cooperativistas cañeros de Mante, dice que el caso se ha desvirtuado, que él solo forma parte del despacho contratado y no participa en el litigio

Para el hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Pablo Silva García, los cooperativistas están queriendo politizar un caso que estrictamente judicial.

“Se me hace tendencioso que ellos quieran presionar al tribunal de esa manera. Están politizando un asunto. Y de alguna manera utilizando el nombre de su servidor”.

–¿Quién cree usted que está queriendo politizar esto?–

“Pues los cooperativistas a través de sus abogados. Porque me ha llamado mucho la atención como es que han ido al Senado con un asunto eminentemente judicial, y desde mi punto de vista no tendría porque intervenir el Senado”.

El abogado insiste que es en a los tribunales y no a los medios ni a la opinión pública a la que le corresponde dar un veredicto, dice el joven litigante. 

“Ellos quieren atribuir que nosotros, es decir el despacho como tal, entró a participar en el asunto y la suerte les cambió. Pero finalmente se trata de un tema absolutamente jurídico en el que no ha habido, como ellos lo quieren hacer ver, ninguna influencia por parte de su servidor. Y serán los tribunales los que tengan que decir quién tiene la razón o no”.

Además de que en el despacho Ramírez Ornelas y Abogados, del que es socio, no le corresponde directamente a él ese asunto. Se le inscribió, asegura, porque se incorpora, por políticas del despacho, a todos los socios.

“Las imputaciones que me han estado haciendo son absolutamente falsas.  Esto lo puede constatar con el personal del tribunal. El asunto lo lleva el despacho en el cual yo participo, el asunto lo lleva otro abogado, pero nunca he estado en este tribunal haciendo gestión alguna”.

Silva García no quiere entrar en detalles pues argumenta que no conoce fechas ni los pormenores del caso. Tampoco quiere meter a esto a su padre porque insiste que sería llevar el tema a un terreno que no corresponde.

“Al final del día las notas van enfocadas, como ustedes dicen en la prensa, a tirarle al Presidente de la Suprema Corte, no tanto a mi”.

Silva García agregó que también existe el interés económico, pues en la primera instancia se habló de un pago a los cooperativistas de 23 mil millones de pesos.

“También creo que hay intereses económicos muy fuertes en juego, que al ver que finalmente no podrían lograr el resultado que ellos buscan, es cuando empiezan finalmente a hacer esta campaña de medios”.


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