"Claro que es un giro muy cuestionado… lo que estaríamos esperando es que las autoridades tengan apertura y transparencia en estos temas y obviamente que nunca haya ninguna duda sobre el apego a la legalidad sobre estos negocios"
Sandrine Molinarddirectora del Consejo Cívico Complicidad con el poder

Con el aparente regreso de varios casinos que ya habían sido clausurados, en Nuevo León también podrían recrudecerse otros problemas sociales.

Se trata de la ludopatía, inseguridad, corrupción y opacidad de las autoridades, problemas que aún persisten entre la sociedad nuevoleonesa.  

Y esta reapertura de casinos podría convertirse en una apuesta riesgosa.

Para Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico, preocupa que se intente reabrir más casinos, porque es un giro que ha generado muchas dudas en el pasado.

“Claro que es un giro muy cuestionado… lo que estaríamos esperando es que las autoridades tengan apertura y transparencia en estos temas y obviamente que nunca haya ninguna duda sobre el apego a la legalidad sobre estos negocios”, dijo Molinard.  

Reporte Indigo publicó que los empresarios casineros han emprendido una ofensiva legal que hasta el momento han tumbado los sellos de clausura del Premier, antes París Casino, y Broadway, antes Crystal Palace.

Además del Casino Red y Miravalle, estos operados por la empresa Urban Publicity S.A. de C.V., cuyo propietario es Sergio Jacinto Gil García.

Los casinos clausurados, Foliatti y Caliente, ubicados por la avenida Gonzalitos, también podrían promover una estrategia legal para abrir sus puertas al público.

Durante un recorrido se apreció que el Foliatti ya no tiene los sellos de clausura municipal, mientras que en el Caliente los pegotes aún están colocados.

La ludopatía, un problema latente

Permitir la reapertura de más casinos pone sobre la mesa que la ludopatía pudiera crecer de manera importante en el área metropolitana.

Esta adicción a los juegos ha sido un problema de salud en el estado que no se ha podido erradicar en su totalidad, es decir, hay población que continúa jugado al menos una vez por semana.

Cifras oficiales de la Secretaría de Salud estatal revelan que el 13 por ciento de la población en Nuevo León tiene esta enfermedad.

 La estadística arrojó que un millón 30 mil 093 habitantes de Nuevo León aceptaron que juegan juegos de azar en casinos, videojuegos y por computadora.

Según el estudio, el 65 por ciento considera que puede dejar de jugar cuando así lo desee; un 19.3 por ciento asegura que juega para olvidar problemas, y un 15 por ciento porque se sienten solos.

“Estos datos, que son los primeros que obtenemos en Nuevo León, nos dan una idea del tamaño, de la dimensión de este problema”, aseguró el exsecretario de Salud estatal, Jesús Zacarías Villarreal, el pasado 1 de octubre por medio de un comunicado de prensa.  

Territorio de la delincuencia

La tragedia del Casino Royal en el 2011, donde fallecieron 52 inocentes, quedó marcada como el mayor ataque a la población civil en la lucha contra la delincuencia organizada en Nuevo León.

Un grupo del Cártel de Los Zetas irrumpió en las instalaciones de este centro de apuestas para incendiarlo, en represalia porque Raúl Rocha, operador del Casino Royale, no habría pagado el famoso derecho de piso. Rocha está prófugo de la justicia mexicana.

Ante este hecho, la PGR y la Secretaría de Gobernación comenzaron una “cacería” contra todos los casinos irregulares en el área metropolitana, operativo que sólo arrojó el cierre del negocio de apuestas Bella Vista, en el municipio de San Nicolás.

Los casinos han sido constante blanco del Cártel de Los Zetas, quienes atacaron en varios ocasiones varios centros de apuestas, como fue el caso del Casino Revolución en julio del 2012.

La Procuraduría de Justicia estatal en ese entonces informó que el atentado se debió por el cobro de piso.

Opacidad oficial

La falta de información sobre los motivos para retirar los sellos de clausura en cuatro casinos del área metropolitana refleja la opacidad del Municipio de Monterrey.

Reporte Indigo acudió ayer al departamento Jurídico y de Comunicación Social del Municipio regio para solicitar la versión del porqué se le retiraron los sellos de clausura al Casino Red, pero negaron una respuesta.

Se informó que la alcaldesa Margarita Arellanes no fijaría una postura sobre la inminente reapertura de varios casinos en la ciudad regia.

Hasta el momento la administración regia no ha contestado a la estrategia legal de los casineros para tumbar los sellos de clausura y reabrir sus inmuebles.

Complicidad con el poder

En la apertura de casinos en Nuevo León ha salido a relucir que los políticos, jueces y familiares de funcionarios se relacionan con la industria casinera.

Hoy en día funcionarios del Municipio de Monterrey están bajo sospecha de autorizar permisos para que el Casino Broadway, antes Crystal Palace, esté a punto de reabrir operaciones como centro de apuestas.

También está el caso del juez suspendido de sus funciones, Luis Armando Jerezano Treviño, quien abusando de su poder como juzgador, en complicidad con un grupo de la delincuencia organizada, intentó apropiarse del centro de apuestas Fortuna.

Otro ejemplo de corrupción ocurrió en el Casino Red. Jonás Larrazabal, hermano del exalcalde y exdiputado federal, Fernando Larrazabal, fue exhibido en un video recibiendo dinero de un empleado de este negocio de apuestas.

La acusan… y regresa

Por Félix Córdova

Aunque se interpuso una denuncia administrativa en su contra por presuntamente proteger los intereses de casinos en Nuevo León desde el Poder Judicial de la Federación, hoy la funcionaria Diana Francia Puente Martínez continúa en funciones.

Fue el 14 de enero del 2014 cuando el alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, interpuso una denuncia en contra de Puente Martínez y Édgar Fernando Martínez Galván, en ese entonces actuaria y secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y del Poder Judicial Federal, respectivamente.

La denuncia administrativa se interpuso ante el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que controla y vigila la actuación de jueces y magistrados federales. 

Ugo Ruiz, quien firmó la denuncia, los acusó de retrasar con dolo la presentación de impugnaciones a magistrados federales de dos casos de casinos, que por medio de amparos buscaban evitar la clausura municipal, mismos que fueron clausurados desde el año 2010 por el exalcalde Mauricio Fernández.

Los dos casinos son el SportZone y el Allegre.

Sin saber que hablaba con un reportero, en una llamada telefónica realizada a la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Nuevo León, se confirmó que la funcionaria Puente Martínez sigue activa.

“La andan buscando aquí en el Tribunal pero no la localizan (…) Sí está aquí en el Tribunal, pero no se localiza aquí todavía”, dijo la persona que atendió el teléfono.

“Le digo que está aquí adentro, pero no le localizo en qué parte del Tribunal se encuentre, por eso no le puedo dar una hora para localizarla”.

En el transcurso del día se habló con personal de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal para conocer el estatus de la denuncia administrativa, pero no supieron dar información.