Un robo muy pesado
La PGR y la Profepa investigan en Nuevo León el robo de miles de toneladas de escoria de plomo producto del reciclaje de baterías usadas, un caso que pondría al descubierto un mercado negro que existe sobre este material no sólo en México sino en países como China.
La investigación federal involucra a la mayor productora de acumuladores en México, la empresa Enertec y su planta recicladora de baterías usadas instalada en el municipio de García.
César CepedaLa escoria de plomo y los desechos de las baterías tienen un alto valor comercial y hay países como China que son grandes compradores
El escándalo habría incidido en la salida de la Semarnat, hace dos semanas, de Eduardo Enrique González, quien se desempeñaba como titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
La PGR y la Profepa investigan en Nuevo León el robo de miles de toneladas de escoria de plomo producto del reciclaje de baterías usadas, un caso que pondría al descubierto un mercado negro que existe sobre este material no sólo en México sino en países como China.
La investigación federal involucra a la mayor productora de acumuladores en México, la empresa Enertec y su planta recicladora de baterías usadas instalada en el municipio de García.
Las autoridades federales han manejado con hermetismo la averiguación contra la empresa Enertec, pero se sabe que existen personas detenidas por su probable responsabilidad en la desaparición de estos residuos considerados peligrosos.
El escándalo habría incidido en la salida de la Semarnat, hace dos semanas, de Eduardo Enrique González Hernández, quien se desempeñaba como titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.
González Hernández era el responsable de vigilar el cumplimiento de la autorización que Semarnat otorgó para que la empresa Enertec abriera su planta recicladora de baterías hace dos años, en el municipio de García.
La empresa Enertec tiene el control del 75 por ciento del mercado nacional de producción de baterías con marcas como LTH y es una compañía subsidiaria de la estadounidense Johnson Controls Inc.
Fuentes consultadas por Reporte Indigo aseguran que la investigación se originó a raíz de un procedimiento administrativo que comenzó el año pasado la Profepa, por la violación de la autorización ambiental que la Semarnat le otorgó a esta planta inaugurada en el 2011.
Las sanciones que establece la LGEEPA, considerando la gravedad de la violación, irían desde una penalización económica, hasta la suspensión de las operaciones de la planta y la revocación de los permisos federales.
La PGR se involucró en esta investigación por la sospecha de que en caso pudieran estar implicados los grupos del crimen organizado y narcotráfico que operan en Nuevo León y principalmente en la zona de García y Mina.
La averiguación indica que el robo de la escoria de plomo se cometía durante el traslado entre la planta de reciclaje que tiene Enertec en García y el Centro de Tratamientos y Disposición Final que la empresa Rimsa opera en el municipio de Mina.
La cantidad de los residuos que salía de la empresa de García era menor a la que llegaba para su confinamiento en el relleno que Rimsa tiene en Mina.
Hasta el momento las autoridades no han podido comprobar un daño ambiental en la zona por la disposición ilegal de estos desechos, pero la información que se ha ventilado indica que el robo de escoria se cometía para comercializar estos residuos.
La escoria de plomo y los desechos de las baterías tienen un alto valor comercial y hay países como China que son grandes compradores de este material que se reutiliza en los procesos de minería y fundiciones.
Hay casos documentados donde autoridades de Hong Kong han devuelto a México contenedores de baterías usadas y residuos que han salido de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, como “chatarra metálica” para librar las disposiciones aduanales.
El destino final de estos cargamentos era China.
Prácticamente todos los componentes que tienen las baterías son reciclados para extraerles el plomo y poder utilizarlo como materia prima, pero la escoria que se genera durante este proceso debe ser confinada en rellenos sanitarios según establece la legislación ambiental.
La Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 señala que los residuos generados en la fabricación de baterías de plomo-ácido se consideran tóxicos y deben manejarse como tal.
La empresa Enertec en su planta recicladora de García y en la de Ciénega de Flores utiliza un proceso para reducir la toxicidad de esta escoria y poder confinarla como un material no peligroso en Rimsa.
La planta recicladora de Enertec recibe para su disposición de baterías usadas provenientes de las plantas que Johnson Controls Inc. tiene en los Estados Unidos.
Organizaciones ambientalistas no gubernamentales como Occupational Knowledge International (OK International) han advertido sobre el riesgo que implica el incremento del envío de baterías usadas de Estados Unidos a México, aprovechando la debilidad de las normas de protección ambiental y de salud en este país.
En un informe elaborado hace dos años por esta organización, en conjunto con la mexicana Fronteras Comunes, se alertó sobre esta situación y el riesgo que implica a la salud y al medio ambiente la contaminación por plomo.
El año pasado el periódico The New York Times documentó en un amplio reportaje los riesgos ambientales y de salud que corren los mexicanos con el manejo de las baterías de plomo que Estados Unidos envía a México.
Esta situación también ha sido denunciada por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte.
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental prohíbe las importaciones de baterías usadas de plomo y ácido para disposición final en rellenos sanitarios.
Pero su importación a México sí está regulada si se notifica su envío a establecimientos autorizados de reciclaje, como opera la planta de Enertec en García, industria que ahora investigada por las autoridades ambientales.
