El informe elaborado por Transparencia Internacional detalla que el sistema judicial mexicano tiene deficiencias como la insuficiencia de recursos públicos que garanticen su ejercicio y para la formación de jueces.

Estos problemas, señala el documento, obstaculizan la investigación y el enjuiciamiento de personas que forman parte de redes dedicadas a cometer lavado de dinero o corrupción.

No obstante, el estudio también destaca la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación, impulsada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que la iniciativa fue presentada en febrero y los representantes de ambos poderes (el Judicial y el Ejecutivo) consideraron que el Congreso de la Unión debía enfocar sus esfuerzos en desahogar los cambios necesarios que llevaran a su implementación, la suspensión de trabajos en ambas cámaras del Legislativo por la pandemia de COVID-19 retrasaron su análisis y fue hasta mediados de agosto que se reiniciaron los trabajos en torno a la iniciativa.

El Senado de la República fue designado como cámara de origen para revisar la propuesta, en la actualidad realiza foros de parlamento abierto con el propósito de encaminar la reforma e incluir la opinión de funcionarios judiciales, legisladores y académicos.

Entre los puntos que promueve la iniciativa emanada de la SCJN están fortalecer la carrera judicial y combatir los casos de corrupción y nepotismo registrados en diversos juzgados de distrito y tribunales colegiados del país.

La reforma de Zaldívar Lelo de Larrea pretende implementar procedimientos para capacitar y evaluar a los nuevos jueces y magistrados; con ello, busca que los cargos judiciales sean conseguidos por las personas más preparadas y no por influyentismo.

Para alcanzar ese objetivo, considera que para las nuevas plazas los aspirantes deben concursar y aprobar exámenes en los que se analizarán sus aptitudes. La iniciativa propone convertir el Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Federal de Formación Judicial.

Asimismo, el proyecto de modificar al Poder Judicial hace énfasis en que se mejore la capacitación de la defensoría pública en el país. Dicho cambio está enfocado en la población más desfavorecida que no puede acceder al pago de una defensa legal privada.

Con respecto al combate a los actos de corrupción, la propuesta busca que las contralorías persigan las malas prácticas e integren pruebas para sancionar estos hechos, así como lineamientos que permitan prevenir el fenómeno.

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