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Reporte
Nacional

MICHOACáN

Un estado en quiebra

J. Jesús Lemus

Los malos manejos en las finanzas durante la administración de Fausto Vallejo-Jesús Reyna han llevado a Michoacán a una parálisis financiera. 

Y aunque el gobernador Salvador Jara Guerrero se niega a reconocer la quiebra técnica en la que se encuentra el estado, ya se ha dejado de pagar salarios a empleados municipales, principalmente en las áreas de seguridad pública.


Ago 8, 2014
Lectura 8 min

22,000 pacientes eran atendidos en el CREE antes de que se inaugurara el CRIT

La administración del dinero no fue el lado fuerte durante el mandato de Fausto Vallejo y Jesús Reyna

“Nosotros estamos siendo la causa de la quiebra de muchas empresas, por eso necesitamos primero pagar”

- Salvador Jara Guerrero

Gobernador de Michoacán

Los malos manejos en las finanzas durante la administración de Fausto Vallejo-Jesús Reyna han llevado a Michoacán a una parálisis financiera. 

Y aunque el gobernador Salvador Jara Guerrero se niega a reconocer la quiebra técnica en la que se encuentra el estado, ya se ha dejado de pagar salarios a empleados municipales, principalmente en las áreas de seguridad pública.

También se han dejado de atender los compromisos de la administración estatal que tienen que ver con la prestación de servicios y materiales. El pago a proveedores se mantiene congelado sin explicación alguna.

Lo que Jara sí reconoció fue que el estado es responsable por la quiebra de empresas prestadoras de servicios al gobierno de Michoacán.

“Nosotros estamos siendo la causa de la quiebra de muchas empresas, por eso necesitamos primero pagar”, mencionó el gobernador el 21 de julio en una entrevista de radio para la Universidad Michoacana.

El Ejecutivo destacó que para lograr la paz y la credibilidad en un gobierno estatal, lo prioritario es reactivar la economía y de ello está sumamente consciente.

Ente este escenario, el Gobierno Federal no ha anunciado un plan de rescate financiero a la entidad, pese a que el propio presidente de la república, Enrique Peña Nieto, ofreció el respaldo total para sacar a Michoacán de la crisis.

El presupuesto de gastos para el aparato de gobierno en este año se tazó en 57 mil 741 millones de pesos. De esa partida autorizada, el gobierno estatal ya ejerció –solo en los primeros seis meses del año- casi el 78 por ciento.

La administración del dinero no fue el lado fuerte durante el mandato de Vallejo y Reyna. 

El año pasado, el gobierno de Michoacán terminó con un déficit presupuestal de casi 5 mil millones de pesos, al elevar el gasto del gobierno a 61 mil 300 millones de pesos, cuando el presupuesto autorizado fue de 56 mil 700 millones.

Además, el gobierno de Vallejo tomó la decisión de cubrir el exceso de gastos con deuda pública y echó mano de los fondos emergentes que llegaron a la entidad por parte del Gobierno Federal, en compensación de programas no ejercidos en el año inmediato anterior.

Buscan rescate

Amenos de 2 meses de haber asumido el mando estatal, Salvador Jara no ha sido capaz de establecer orden en las finanzas locales. El secretario de finanzas del estado, José Carlos Rodríguez ha comenzado a rendir cuentas a la Federación, en busca de un rescate financiero.

Mientras tanto, la forma en la que el gobernador de Michoacán pretende salvar la situación económica de la entidad se finca en la suspensión de pagos a algunos de los empleados estatales, la mayoría de ellos no sindicalizados.  

Esa medida ha causado descontento en los trabajadores que ya organizan un paro generalizado, principalmente en la estructura de seguridad pública.

Pega deuda a la seguridad

De acuerdo a lo datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Michoacán es una de las entidades en donde mayores recursos económicos se han invertido para asegurar el sistema de protección ciudadana, pero la mayor parte de los fondos fueron destinados a infraestructura. 

El gobierno estatal se olvidó fortalecer la parte humana, mediante el pago a los policías y operarios.

En el programa de Evaluación, Control y Confianza -al que la adminitración local le presupuestó 42 millones 338 mil pesos- no se consideró un solo peso para el pago de salarios a los operarios. 

Los requerimientos de operación fueron de 3.9 millones de pesos, recursos que no se han pagado a los empleados estatales.

De acuerdo a datos otorgados por diputados del congreso local, también en el programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia existen irregularidades que afectan directamente a los trabajadores. Allí se dejaron de pagar más de 4.3 millones de pesos en salarios.

En proyecto de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública tampoco se hicieron los pagos correspondientes a los operarios. Allí se deben más de 12 millones de pesos. 

En la planeación del programa Estrategia en el Combate al Secuestro, el gobierno estatal destinó fondos por poco más de 600 mil pesos. El dinero se usó para pagar un inmueble y adquisición de muebles para habilitar oficinas. A la fecha, los policías que trabajan en el combate a ese delito ni siquiera reciben un salario completo.

Los programas Instalación de Centros de Operación Estratégica, Programa de Desarrollo de Huella Balística, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, así como el de Rastreo Computarizado de Armamento tampoco tienen presupuesto, aunque ya se ha destinado personal a esas acciones.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal, que ya se ha puesto en operación en Michoacán, está operando con fondos exclusivos de la Federación, desde donde se ha aportado un fondo por más de 42 millones 244 mil pesos. Esos recursos se invertirán en bienes muebles e inmuebles. El pago de salarios a los operadores de ese programa será por cuenta del estado,  pero no se ha destinado dinero para ello.

En total son 10 programas los que en Michoacán están comprometidos ante la falta de recursos económicos para el pago de salarios.

Piden alto a los compromisos del gobierno

El estado de parálisis financiera en el que ha entrado ya el gobierno de Michoacán ha llevado al intenso debate dentro de la cámara local de diputados. Allí, los diputados del PT y Nueva Alianza se han manifestado a favor de poner alto a la “generosidad” del gobierno estatal.

El diputado Sarbelio Molina Vélez, del Nueva Alianza, ha sido claro al señalar la existencia de compromisos del gobierno de Michoacán con algunos grupos sociales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a los que se le aportan fondos estatales como parte de los acuerdos minutados en cada movilización.

Molina Vélez ha pedido que el gobierno estatal termine con las firmas de minutas que no son otra cosa que pagares en blanco que se les extienden a algunos de los líderes del magisterio. Como parte de esos acuerdos resulta la aceptación de maestros que no asisten a clases, pero sí cobran puntualmente el salario.

Una de las más polémicas minutas pactadas por el gobierno de Michoacán para la aportación de recursos oficiales a causas particulares, es la que se estableció con el CRIT- Teletón, en donde el gobierno estatal comprometió a otorgar 400 millones de pesos en diez años. 

El acuerdo fue establecido en su primer año de gobierno por Fausto Vallejo.

Con base en ese trato -que fue avalado por la mayoría de los diputados del congreso local- el gobierno de Michoacán tendrá que pagar en los próximos días el segundo aporte de 40 millones de pesos a fin de que las instalaciones del CRIT, que operan en la capital del estado, sigan en operación.

El CRIT de Michoacán fue inaugurado con la aportación inicial de 27 millones de pesos, que –según lo dijo el gobernador Vallejo en su momento- fueron producto del programa de ahorro establecido en los primeros días de la administración faustistas.  

El gobierno estatal también cedió la propiedad de un terreno y ayudó a la construcción del inmueble que administra la fundación Teletón.

Con la operación del CRIT Morelia, en donde se atiende a mil niños con problemas de discapacidad diversa, dejó de funcionar el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) dependiente del gobierno estatal.

La administración local le suspendió el apoyo para su operatividad, cuyo costo era de 13 millones de pesos anuales. Allí se atendían a 22 mil pacientes –niños y adultos- con discapacidades diversas.


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