Un acertijo judicial
El eventual arribo de la nueva Policía Militar a Nuevo León podría darse sin que antes exista una capacitación de los elementos castrenses en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Por eso su llegada, anunciada el pasado 2 de diciembre, levantó más dudas que certezas en organizaciones civiles.
Jesús PadillaEl eventual arribo de la nueva Policía Militar a Nuevo León podría darse sin que antes exista una capacitación de los elementos castrenses en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Por eso su llegada, anunciada el pasado 2 de diciembre, levantó más dudas que certezas en organizaciones civiles.
Una de esas fue Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), cuya directora, la hermana Consuelo Morales, ha insistido en que esta tendencia contraviene la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, el cual durante su visita a México en octubre de 2015 recomendó retirar las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
“Las primeras víctimas de la indefinición legal son los mismos militares que serán sacados a las calles sin preparación de seguridad ciudadana”, indicó Morales por medio de un boletín.
En noviembre de 2014, CADHAC solicitó información con respecto a la fundamentación legal de la Policía Militar, sin que a la fecha se haya tenido respuesta.
Hasta el momento, ninguna autoridad militar ha querido informar cómo operará esta corporación, si bajo su estricto régimen o bajo el esquema de Policial Civil.
Esta falta de transparencia encendió también la alerta en el Poder Judicial del Estado.
El juez de control, José Luis Pecina Alcalá, advirtió que los soldados tendrían que someterse a una intensa capacitación en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de lo contrario podrían violar el debido proceso.
“Y ahora que vendrán soldados a la hora de detener a una persona se tendrían que regir con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque son normas que ya están establecidas.
“La norma ya está, ahora falta la voluntad para que opere bien, voluntad de integrar y que involucra a todos los niveles de Gobierno… porque cada caso es una enseñanza”, advirtió el juez.
Por su parte, el Gobierno del Estado asegura que la Policía Militar –que apoyará a la zona noreste– tiene una preparación especial de coordinación y trato amable con la ciudadanía, pero también están listos para acciones antimotines, contener disturbios y apoyar en labores de rescate y apoyo a la sociedad.
Un temor fundado
En diciembre del 2011, siete militares fueron detenidos para ser investigados por el asesinato de Jorge Otilio Cantú, un médico asesinado el 18 de abril de ese mismo año en Monterrey.
Aunque las primeras versiones oficiales determinaron que Otilio Cantú había muerto víctima de un fuego cruzado entre presuntos criminales y policías estatales, las investigaciones de la CNDH determinaron que el crimen fue cometido por un grupo de militares.
La investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado arrojó que a Otilio Cantú lo confundieron con un delincuente cuando viajaba en su camioneta la madrugada del 18 de abril del 2011 por la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con Puerto San Blas, en la colonia Las Brisas.
Ahí, soldados arremetieron a balazos contra el joven, y al ver que era un civil inocente, le “sembraron” una pistola.
Otro caso de manipulación de evidencia por militares ocurrió con los estudiantes del Tec de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, a quienes la madrugada del 19 de marzo militares les dispararon puertas del campus, cuando los jóvenes salían de la biblioteca.
Los soldados impidieron el ingreso a la escena del crimen a personal de Servicios Periciales, porque –se dijo después- habrían “sembrado” fusiles R-15, y reportaron que eran delincuentes que habían disparado primero en su contra.
Antecedentes como estos, son los que preocupan a quienes se oponen a la militarización del estado.
Fuera de orden
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) advirtió que la Policía Militar en acciones de seguridad pública viola la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
En un boletín, esta organización aseguró que la Policía Militar está para vigilar el cumplimiento de la disciplina de los soldados, no para combatir delitos del fuero común.
“Esto implica que la Policía Militar realizará funciones en Nuevo León que no están establecidas en su ley orgánica.
“De acuerdo a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, la Policía Militar es un cuerpo especial del Ejército, cuyas funciones se relacionan con vigilar el cumplimiento de la disciplina militar dentro de las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea”, argumentó esta organización civil.