La autonomía presupuestaria que ha puesto sobre la mesa la Universidad de Guadalajara (UdeG), mediante una posible reforma a la Constitución de Jalisco que le garantice cada año un porcentaje determinado del Presupuesto estatal, ya está vigente en estados como Veracruz y en múltiples países de Latinoamérica.
Sin embargo, dicho planteamiento entraña el riesgo de que el grupo político que ha controlado a la UdeG desde hace tres décadas, encabezado por Raúl Padilla López, profundice el manejo discrecional del presupuesto de la institución, lo que hasta ahora ha redundado en megaobras universitarias que nunca pasaron por una validación social.
La UdeG edifica y financia el megadesarrollo del CCU, que albergará áreas comerciales, habitacionales, corporativas y culturales, con inversión pública de 4.8 millones de pesos
En medio del conflicto político que sostienen el Gobierno de Jalisco y la UdeG, el rector de ésta, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció recientemente que la casa de estudios está considerando impulsar una modificación a la Constitución estatal para establecer un “presupuesto constitucionalmente autónomo” para la institución.
“Les quiero proponer que iniciemos la lucha porque la Universidad tenga un presupuesto constitucionalmente autónomo, esto es, que el presupuesto ya sea un porcentaje establecido en la Constitución de Jalisco para no depender de los vaivenes de estos gobernadores que no entienden nada, que no saben el valor de la educación”, expresó Villanueva Lomelí este 1 de diciembre, durante el mitin que organizó la UdeG.
La Universidad señaló que para impulsar dicha reforma se recurriría al mecanismo de participación ciudadana de la “iniciativa popular”, cuyo nombre oficial es “Iniciativa Ciudadana;”, según la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza de Jalisco.
Hasta el momento, las autoridades universitarias no han revelado cuál sería el porcentaje del Presupuesto estatal que se estaría exigiendo para la UdeG mediante la “Iniciativa Ciudadana”.
“Para tal iniciativa popular se hará un análisis para establecer el monto; por lo pronto, la comunidad universitaria aceptó el desafío de apoyar el proyecto durante el mitin”, indicó la institución.
Proyectos discrecionales de la UdeG
El manejo discrecional de los recursos públicos por parte de la UdeG es una de las críticas que ha lanzado el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.
“Vamos a darle más dinero del que estamos obligados por el convenio, como lo ha sido durante estos tres años. Ustedes saben que el convenio que está establecido con el Gobierno federal establece porcentajes, el Gobierno de Jalisco le va a destinar más, un porcentaje mayor del que está establecido en el convenio; vamos a crecer el monto de inversión en infraestructura educativa pero no va a haber museos, lo que queremos es que se construyan más prepas, más escuelas para los estudiantes”, dijo el mandatario el 1 de noviembre de 2021.
“No vamos a dejar ningún recurso etiquetado para que ningún cacique quiera hacer negocios con el dinero de los jaliscienses”
Actualmente, la UdeG edifica y financia el megadesarrollo del Centro Cultural Universitario (CCU), un complejo que albergará áreas comerciales, habitacionales, corporativas y culturales, y donde ya se ha destinado una inversión pública de cuatro mil 856.8 millones de pesos, por determinación de las autoridades universitarias.
Caso Veracruz
Durante aquel mitin organizado por la UdeG, el rector general señaló que este tipo de “presupuesto constitucionalmente autónomo” ya está operando en otros estados de la República: “Ya hay casos de universidades en el país que tienen su presupuesto así (con autonomía de los Congresos estatales)”.
Uno de esos casos es la Universidad Veracruzana, la cual informó el 13 de noviembre de 2017: “La autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana (UV) fue promulgada este lunes 13 de noviembre en un acto en el que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, y la rectora de esta casa de estudio, Sara Ladrón de Guevara, calificaron como histórico”.
La “autonomía presupuestaria” se implementó reformando el artículo 10 de la Constitución de Veracruz, para establecer lo siguiente, según lo expresó el Ejecutivo:
“La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior y el presupuesto asignado a la UV no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto general del estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, (…) y en ningún caso el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior”.
El aumento presupuestal para esa casa de estudios será gradual, pues la reforma incluyó este artículo segundo transitorio: “El presupuesto de la UV para el año 2017 será del 2.58 por ciento del total del presupuesto de egresos del estado de Veracruz (…). Para 2018 se le fijará un presupuesto del tres por ciento del total del presupuesto general de egresos del estado a partir del cual se incrementará gradualmente hasta llegar al mínimo establecido para el ejercicio 2023”.
La UdeG considera impulsar una modificación a la Constitución estatal para establecer un “presupuesto constitucionalmente autónomo” para la institución
Latinoamérica
En la región hay experiencias similares, según se informa en el reporte “La Institucionalización Constitucional de la Universidad Pública en América Latina”, de los autores Jorge Olvera García y Omar Salvador Olvera Herreros, publicado por la Universidad Iberoamericana en 2012.
“En Latinoamérica destaca el caso de Brasil cuyo texto fija para las Universidades Públicas un presupuesto anual de no menos del 18 por ciento proveniente de la unión y para el caso de los estados, el Distrito Federal y los municipios se establece un porcentaje mínimo del 25%”, refiere.
Otros ejemplos son: Guatemala (art. 84: “Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos…”); Honduras (art. 161: “El Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una asignación privativa anual no menor del seis por ciento del Presupuesto…“); y Nicaragua (art. 125: “Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, que según la ley deben ser financiados por el Estado, recibirán una aportación anual del 6 por ciento del Presupuesto General…”).
