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candidatos hay para ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana del SNA


De no hacerse el nombramiento antes de julio, la política monetaria recaería en un gobernador interino


Los magistrados del TFJA decidirán si un servidor público cometió o no delitos de corrupción, su gravedad y la sanción que merecen


Originalmente la reforma legal establecía que quien estuviera al frente de la PGR pasaría en automático a la FGR


El 1 de febrero reiniciarán los jaloneos por ganar espacios en las dos principales instancias electorales del país: el INE y el Tribunal Electoral


En las salas regionales del TEPJF hay tres vacantes, una en Guadalajara, otra Monterrey y en la Sala Especializada 

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Por si fuera poco, además de todos los pendientes legislativos, el Congreso de la Unión deberá procesar este año varios nombramientos de órganos clave para la vida pública del país.

Lo hará, sin embargo, como lo ha hecho en los últimos años: con un sistema de reparto de cuotas, donde cada partido mayoritario pedirá tener una representación en el INE, el Tribunal Electoral o alguna de las fiscalías que procurarán justicia.

Entre los nombramientos pendientes están el del titular de la Fiscalía General de la República; de tres consejeros del INE, que terminarán su encargo en abril próximo; de tres magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral; y de magistrados electorales locales de tres estados.

A estos se adicionan los que darán forma al Sistema Nacional Anticorrupción.

Por un lado, el titular de la Fiscalía Anticorrupción; los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano encargado de imponer las sanciones por delitos de corrupción; y los cinco miembros del Consejo de Participación Ciudadana –que serán electos, estos sí, por el Comité de Selección, donde solo participan ciudadanos-.

También deberán ratificar o rechazar el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de México; y el del nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Ambos, a propuesta del Ejecutivo.

A pesar de la importancia de que a todos estos órganos lleguen personas con probada imparcialidad, la lógica del reparto entre los partidos se ha impuesto irremediablemente.

Desde la sociedad civil se ha exigido que se actúe con visión de Estado más que con una lógica de partido; buscan evitar que se hagan nombramientos para garantizar lealtades en órganos electorales o de justicia, más que designaciones que abonen a la consolidación de las instituciones.

Contra las cuotas

Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos lanzaron la campaña Designaciones contra la Corrupción y la Impunidad para demandar que la elección se base en los méritos personales y la capacidad profesional de quienes vayan a ocupar un cargo público.

“En México, la mayoría de las designaciones públicas se deciden por autoridades políticas, en procesos cerrados, sin información pública, y a partir de la repartición de cuotas entre los partidos políticos y el predominio de intereses particulares.

“Esta forma de realizar los procesos de designación no garantiza una evaluación técnica de los aspirantes, con base en perfiles especializados e independientes para ocupar los cargos; debilita a las instituciones al no dotarlas de legitimidad de origen; y genera desconfianza por parte de la ciudadanía hacia su desempeño y la toma de decisiones”, expusieron más de 130 organizaciones civiles y una decena de reconocidos académicos y activistas.

Junto con un pronunciamiento público, lanzaron el hashtag #VamosPorMás, en referencia a que después de haber impulsado la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, ahora estarán pendientes de otros temas igual de importantes.

La sociedad hacía referencia a la elección del nuevo titular de la Fiscalía General de la República; la Fiscalía Anticorrupción; y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

“Enfocaremos nuestros esfuerzos para acompañar la labor de las autoridades responsables en estos procesos de nombramiento, de forma que garanticen el nombramiento de personas capaces, imparciales e independientes a la cabeza de dichas instituciones”, sentenciaron.

Las organizaciones y ciudadanos pidieron que se abrieran las convocatorias; que el proceso de elección se lleve a cabo con total transparencia; se realicen comparecencias públicas para conocer a los candidatos y se establezcan mecanismos para la participación de la sociedad civil.

Exigieron también que se utilicen instrumentos técnicos para la valoración de los perfiles.

Entre los firmantes están el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY); la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Fundar; Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; México Evalúa; y Transparencia Mexicana; así como María Elena Morera, Sergio Aguayo y Miguel Sarre.

La arena electoral

El reparto de los órganos electorales es el que más importa a los partidos políticos, por razones que les atañen directamente.

En ese ring, los legisladores se convierten en jueces y parte. Ellos eligen a quienes formarán parte de los órganos electorales, árbitros de las contiendas y encargados de imponer sanciones en caso de que se viole la ley.

Tan pronto como en el periodo de sesiones que comenzará el 1 de febrero, iniciarán nuevamente los jaloneos por ganar espacios en las dos principales instancias electorales del país: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el caso del INE, en abril próximo terminará el periodo de los consejeros electorales Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo, que en 2014 fueron electos por tres años.

Estos tres espacios en el Consejo General del INE serán fundamentales, pues sus nuevos ocupantes durarán en el cargo nueve años, por lo que participarán en la organización de las elecciones presidenciales del 2018 y el 2024.

Además de tener ya la sucesión presidencial a la vista, la designación de estos tres consejeros electorales deberá ocurrir a unos meses de las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y municipios de Veracruz, lo que pondrá un ingrediente extra a las negociaciones.

El nombramiento de estos tres consejeros electorales estará en manos de la Cámara de Diputados, que deberá emitir una convocatoria para que los aspirantes sean después electos por el pleno.

Justicia, ¿imparcial?

Otros nombramientos clave que deberán realizarse en los primeros meses de este año son los relacionados con los órganos de procuración de justicia y del Sistema Nacional Anticorrupción.

La que ha despertado más polémica es la elección de quien será el titular de la nueva Fiscalía General de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República.

Aunque en un principio la reforma legal establecía que quien estuviera al frente de la PGR pasaría en automático a la FGR y estaría ahí durante nueve años.

Sin embargo, la designación de Raúl Cervantes como procurador despertó el rechazo de la Oposición, quien ve en él a un incondicional del presidente Enrique Peña Nieto y, por tanto, a alguien que cuidará su espalda una vez que termine su mandato, en 2018.

Esto provocó que el propio mandatario enviara una iniciativa para que el pase no fuera automático, sino que se abriera un proceso; pero donde se garantizara que el procurador tendrá oportunidad de participar.

Este será uno de los primeros asuntos que deberá tratar el Senado de la República en el siguiente periodo de sesiones.

Se hará, eso sí, con el marco inicial de un acuerdo entre el PRI, el PAN y el PRD para repartirse la titularidad de las fiscalías creadas en la reforma político electoral del 2014.

En ese entonces se acordó tras bambalinas que la Fiscalía General sería para el PRI; la Fiscalía Anticorrupción, para el PAN; y la Fiscalía contra Delitos Electorales, para el PRD. El único nombramiento que se concretó es el último.

Hace unas semanas, el PRI buscó impulsar la candidatura de Ximena Puente de la Mora, presidenta del INAI, para convertirse en la primer fiscal anticorrupción. El movimiento implicó que la Oposición se inconformara por el acuerdo no cumplido, e hiciera ruido en el paso de Raúl Cervantes a la Fiscalía General.

Finalmente, el PRI reculó y Ximena Puente renunció a su aspiración. Ahora se retomarán las negociaciones de ambos nombramientos con el acuerdo original.

En teoría, la Fiscalía General de la República será un órgano de procuración de justicia autónomo, independiente del Gobierno federal.

La Fiscalía Anticorrupción estará dentro de la estructura de la Fiscalía General. Por ello, la autonomía de ambos servidores públicos es fundamental para la aplicación imparcial de la justicia.

Otro nombramiento que deberá ocurrir en las próximas semanas será el del nuevo comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuya estructura cambió a partir de las reformas a la Ley de Víctimas.

Este nombramiento deberá ser hecho por el Ejecutivo, previa consulta a las organizaciones de derechos humanos; y tendrá que ser ratificado por la mayoría calificada del Senado.

Anticorrupción, el gran reto

Dentro del esquema del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción también está la transformación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde se juzgará a quienes cometan delitos de corrupción.

Su conformación imparcial es fundamental. Se trata de magistrados que decidirán si un servidor público cometió o no delitos de corrupción, su gravedad y la sanción que merecen.

En este nuevo Tribunal se creará una Tercera Sección, que será la encargada de dar seguimiento a estos delitos.

Para esta Tercera Sección, se debe nombrar a tres nuevos magistrados que formarán parte de la Sala Superior.

Además, en la nueva estructura se estableció la creación de cinco salas regionales –una por cada circunscripción-, especializadas en responsabilidades administrativas. En cada una de ellas debe haber tres magistrados.

Esto hace un total de 18 nuevos magistrados del TFJA, quienes deben ser designados por el presidente de la República, pero ratificados por las dos terceras partes del Senado.

El presidente Peña Nieto debe presentar sus propuestas al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones; es decir, el 1 de febrero próximo.

Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción destaca también el nombramiento que la Comisión de Selección –conformada por nueve ciudadanos- hará de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

La convocatoria fue lanzada y son 59 los candidatos a ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana, que será el rector del SNA. Según el documento, la etapa de deliberación sobre quienes serán elegidos ocurrirá a más tardar el 2 de febrero próximo.

Relevo de Carstens

Ante la incertidumbre económica que vive el país, tanto el Ejecutivo como el Legislativo enfrentarán una decisión difícil para decidir quién relevará a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México.

Carstens, anunció que dejará el Banco de México en julio próximo para incorporarse como gerente general al Banco de Pagos Internacionales.

El nombramiento pues, deberá hacerse antes de esa fecha. De no hacerlo, la política monetaria del país recaería en un gobernador interino, que sería el miembro de la Junta de Gobierno con mayor antigüedad en el cargo.

La elección del nuevo funcionario recae en el presidente Enrique Peña Nieto, quien puede nombrar a un nuevo miembro de la Junta de Gobierno del Banco, que ocupe el cargo de gobernador; o nombrar de entre los miembros actuales a un subgobernador. El Senado debe ratificar el nombramiento.

Los otros miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México son Roberto del Cueto Legaspi –con mayor antigüedad, desde el 2007-; Alejandro Díaz de León Carrillo; Javier Eduardo Guzmán Calafell; y Manuel Ramos Francia.