Tribunal de Justicia Ambiental, pendiente del Congreso
La Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso de Nuevo León tiene el tiempo contado para aprobar el dictamen que crea el Tribunal de Justicia Ambiental
Jesús PadillaEl Congreso local tiene pendiente un dictamen que crea el Tribunal de Justicia Ambiental, organismo que tendrá atribuciones para resolver posibles sanciones en materia de preservación, restauración y conservación del equilibrio ecológico de Nuevo León.
Al menos en esta Legislatura, la iniciativa podría quedar sólo en una intención, pues hay poco tiempo para que se vote en dos vueltas por ser una reforma constitucional. El último periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo culmina el próximo 30 de mayo.
Es por eso que existen muchas probabilidades de que la creación del Tribunal de Justicia Ambiental quede en manos de los próximos diputados que lleguen al órgano legislativo. Tras el proceso electoral del 6 de junio, los nuevos legisladores serán los encargados de aprobar o no este dictamen, promovido por la bancada del Partido del Trabajo (PT), a cargo del legislador Asael Sepúlveda.
El documento propone que se reforme el artículo 94 y se creen los artículos 94 bis, 94 bis I, 94 bis II y 94 bis III, así como se modifican los artículos 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 110 de la Constitución Política de Nuevo León.
“Al Poder Judicial corresponde la jurisdicción local en las materias de: Ambiental, en las áreas Penal y Civil. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal de Justicia Ambiental, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Menores y se expresa a través de funcionarios y auxiliares en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes. El Tribunal de Justicia Ambiental será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial del Estado”, dice la modificación.
El coordinador de la bancada del PT argumenta con datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que de enero a febrero de 2021 se registraron 39 días, de 59, con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Estas cifras rebasan los estándares de medición de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019.
Otro punto que, según señala Sepúlveda en la iniciativa, contribuye a una mala calidad del aire es el uso de gasolinas que se distribuyen y comercializan sin cumplir con las normas de calidad y, por su composición, son altas generadoras de contaminación y perjudiciales para la salud de la población.
Magistrados para el tribunal de Justicia Ambiental
El Tribunal de Justicia Ambiental, que se pretende crear a través de una reforma a la Constitución local, operará con salas unitarias y se regirá bajo diversas leyes, con magistrados que durarán hasta 10 años en su cargo.
“Tendrá el número de magistrados que determine la Ley, quienes durarán hasta diez años en su encargo. Ninguna persona que haya sido magistrado podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.
“El Pleno del Tribunal de Justicia Ambiental estará integrado por los magistrados y funcionará con el quórum que establezca la ley. Las Sesiones del Pleno serán públicas y, por excepción, secretas en los casos en que así lo exijan la moral y el interés público”, dice el artículo 94 de la reforma.
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Mientras que el artículo 94 bis I establece que el Tribunal de Justicia Ambiental tendrá plenitud de jurisdicción para conocer, resolver y ejercer sus atribuciones en materia de preservación, restauración y conservación del equilibrio ecológico.
“Y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental del Estado, la Ley del Cambio Climático del Estado de Nuevo León, así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos; lo anterior para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona”, dice la reforma.
