Tribunal confirma irregularidades en compra de acero para Estela de Luz de Calderón
La compra de acero para la Estela de Luz presentó serias irregularidades, lo que encareció la construcción de la estructura
Indigo StaffUn Tribunal federal confirmó que hubo irregularidades en la compra de acero para la construcción de la Estela de Luz, lo que encareció la estructura.
Dicho Tribunal confirmó las sanciones prescritas para dos de los responsables de la obra, cuyo objetivo era conmemorar el Bicentenario del inicio la Independencia de México, después de que se comprobara que se simuló compra de acero a un precio mayor del que en realidad se pagó.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fincó, en marzo de 2019, responsabilidad resarcitoria a los dos responsables de la obra por la simulación de compra de acero.
Se trata del residente de obra, Andrés León Reguera, a quien la ASF le fincó una responsabilidad de 216.3 millones de pesos, y de Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quien debe responder por 230 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hoy, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJA) ratificó lo dicho por la ASF.
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Los dos sujetos trabajaban para la paraestatal III Servicios, que fue la encargada de contratar a quienes llevaron a cabo la obra del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien en diversas ocasiones ha defendido la manera en que fue edificada la obra-.
En abril de 2018, León y Bravo dictaminaron un supuesto cambio de acero inoxidable que incrementó en el costo del proyecto en 316.5 millones de pesos.
Sin embargo, se constató que el acero que supuestamente se compró después, era igual al adquirido anteriormente.
“No sólo no cambio el tipo de acero contratado originalmente (S-32101), sino tampoco el diámetro. Al 28 abril de 2010 las características del acero eran las mismas del contrato original”, explicó la Magistrada Nora Urby Genel.
Además, el Tribunal rechazó que no hubiera daño a la Hacienda Pública por los actos de León y Bravo, pues hubo aplicación indebida de recursos públicos.
Los sujetos pueden impugnar la decisión del Tribunal mediante amparo directo, ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.
