Transporte de calidad, derecho incumplido a usuarios
Aunque el Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Transporte aseguran la recuperación de la rectoría sobre el sistema de transporte público de Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos revela que uno de cada 10 autobuses opera incumpliendo la normatividad
Luis HerreraAunque el Gobierno de Jalisco había fijado a 2019 como el plazo para reordenar al sistema de transporte público de Guadalajara, en la actualidad hay unidades que siguen operando con violaciones a las normas, sin prestar un servicio de calidad a los usuarios.
Así lo determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), en la Recomendación 21/20, donde incluso concluyó que la Secretaría de Transporte y Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) violan los derechos de los jaliscienses al prestar un servicio que no se ajusta al marco normativo vigente.
El 25 de febrero de 2019, cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó el nuevo modelo integrado de movilidad para el Área Metropolitana de Guadalajara, llamado “MiMovilidad”, prometió que en el transcurso de ese mismo año se implementaría un ordenamiento integral para garantizar que los transportistas cumplieran con la ley.
“El mandatario jalisciense dejó el compromiso de que en un año se deberá de tener el reordenamiento de las rutas del transporte público”, señaló en un comunicado oficial.
En éste detalló además el plan de acciones, que consistió en regularizar legalmente al transporte en 30 días; alcanzar un modelo empresarial en 120 días y el reordenamiento de rutas y sistema de pago electrónico en 100 por ciento de unidades a finales de 2019.
Otra promesa hecha desde febrero fue que el Gobierno haría prevalecer la rectoría del Estado para regular el transporte público.
“A partir de este momento, el Gobierno de Jalisco retoma la rectoría del transporte público, pero lo hace no viendo a los transportistas como enemigos, sino como aliados”, pronunció el gobernador Enrique Alfaro.
Sin embargo, el plazo venció y nada se ha cumplido hasta ahora, pues la CEDHJ descubrió que una de cada 10 unidades de transporte aún no cumple con las normas y, de hacerlo, apenas obtiene una calificación aprobatoria (cuatro de cada 10).
“De la evaluación practicada a las unidades de transporte, bajo un parámetro de 100, como la mejor calificación, se desprende que 15 por ciento no reúne los requisitos para brindar un servicio digno, con 50 puntos o menos; que 40 por ciento apenas obtiene la calificación mínima aprobatoria de 60 puntos; a 30 por ciento se le califica de forma regular, con 70 puntos; 10 por ciento obtuvo 80 puntos de calificación y sólo 5 por ciento alcanzó los 90 puntos aceptables, respecto a las condiciones de accesibilidad y desempeño, servicio público adecuado, limpieza y comodidad, así como número de unidades y flujo adecuados”, menciona la CEDHJ.
Secretaría de Transporte contra los derechos humanos
La omisión de la Secretaría del Transporte de Jalisco, a cargo de Diego Monraz Villaseñor, al permitir que una importante proporción de las unidades de transporte público estén operando sin ajustarse al marco normativo, llevó a que la CEDHJ determinara que esa dependencia ha estado violando los derechos humanos de los jaliscienses.
Más aún, cuando se toma en consideración que la actual tarifa del transporte público en Guadalajara de 9.50 pesos se autorizó el 7 de agosto de 2018, bajo la condición de que las unidades adoptarían nuevos parámetros de calidad, particularmente por su migración al modelo ruta-empresa.
“Si bien existe la autorización para el aumento de tarifa en las rutas que forman parte del Sistema Integrado del Transporte Público, bajo el cumplimiento de una serie de requisitos y la aplicación de la Norma Técnica del Transporte Público, no todas las unidades cubrían los requerimientos”, acreditó la CEDHJ.
Ante ello y la detección de otras deficiencias en los servicios que presta el Siteur, la CEDHJ señaló que las omisiones y deficiencias van en contra de los derechos de los usuarios.
“En el presente caso, se vulneran los derechos humanos de las personas usuarias del transporte público de la ZMG (Zona Metropolitana de Guadalajara), por omisiones y deficiencias en la prestación del servicio de transporte público y en consecuencia la STE y el Siteur, de manera objetiva y directa, se encuentran obligados a reparar los daños derivados de las omisiones en que han incumplido”, sostuvo la CEDHJ.
Este órgano sugirió generar nuevas estrategias y acciones de supervisión, así como medidas de corrección dirigidas a concesionarios, personal operativo de las unidades de transporte público y conductores.
“Mejorando la calidad del servicio de transporte público en la ZMG, pues si bien se autorizó aplicar al pasaje una tarifa de 9.50 pesos, no se ha cumplido en su totalidad lo establecido en la norma técnica de calidad en la prestación de dicho servicio”, refirió.
La CEDHJ le solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la recolección, monto y destino final del dinero excedente que se recauda en las unidades de Siteur, debido a que las alcancías no dan el cambio correspondiente cuando se paga con una moneda de 10 pesos, por ello la recomendación de pagar con la tarjeta electrónica.
Acepta recomendación
En respuesta a la Recomendación de la CEDHJ, la secretaría a cargo de Monraz Villaseñor aseguró que han aumentado la supervisión de las unidades, al grado de sumar 430 mil inspecciones, 86 mil 964 folios y 2 mil 273 unidades detenidas, así como más de 3 mil revistas mecánicas aplicadas y tres mil 654 inspecciones a los equipos de recaudo.
La dependencia aceptó la recomendación, aunque refutó las omisiones documentadas por la CEDHJ.
”Logramos recuperar la rectoría del Estado sobre el servicio, migrar al 100 por ciento del modelo hombre-camión al empresarial, reestructurar rutas con criterio técnico, instalar equipo de recaudo en todas las unidades y consolidar un verdadero sistema de pago electrónico”, dijo.
