Piden investigar licitación de tablets
Dunia Ludlow Deloya, diputada del PRI en la Asamblea Legislativa, consideró que aunque la implementación de dispositivos en los taxis favorecen la movilidad de los usuarios, los malos manejos desvirtúan el proyecto.
Por ello, la legisladora pidió que tanto la licitación de tablets en los taxis de la Ciudad de México como los involucrados deben de ser investigados, y castigados en caso de encontrar anomalías o ilegalidades.
“Por este tipo de concesiones y de malos tratos es que suben las tarifas y los pasajeros son los afectados”, argumentó la asambleísta.
Rubén ZermeñoL1BRE tiene previsto que los 150 mil taxis inscritos realicen 3 millones de viajes, lo que les dejaría ganancias por 36 millones de pesos diarios
“La autoridad está en su derecho de seguir con lo que considere oportuno, siempre y cuando respete lo que ha conseguido Neotax con el taxímetro”
Dunia Ludlow Deloya, diputada del PRI en la Asamblea Legislativa, consideró que aunque la implementación de dispositivos en los taxis favorecen la movilidad de los usuarios, los malos manejos desvirtúan el proyecto.
Por ello, la legisladora pidió que tanto la licitación de tablets en los taxis de la Ciudad de México como los involucrados deben de ser investigados, y castigados en caso de encontrar anomalías o ilegalidades.
“Por este tipo de concesiones y de malos tratos es que suben las tarifas y los pasajeros son los afectados”, argumentó la asambleísta.
Ayer, Reporte Indigo informó que la implementación de tablets en los taxis de la Ciudad de México podría ser un punto favorable para la movilidad y los usuarios, pero el proyecto se empaña por la corrupción y los malos manejos del gobierno y las concesionarias.
Políticos de la capital y prestadores de servicios coincidieron en que en la licitación ganada por la empresa L1BRE y dada por la Secretaría de Movilidad para la sustitución y mantenimiento de taxímetros con sistema de geolocalización satelital, así como la operación remota, los únicos que ganan son los funcionarios y los empresarios.
Es decir, ni el usuario de taxis ni los taxistas se verán beneficiados.
“Quieren implementar el Uber en taxis, estas personas no son de mucho fiar, lo que están haciendo son meramente negocios para antes de irse”, opinó el diputado local por Morena, Juan Jesús Briones Monzón, refiriéndose al gobierno de la capital.
Y es que la licitación sí es un negocio. Los taxistas no deberán cubrir un costo por la instalación de los dispositivos, pero sí tendrán que pagar 12 pesos más impuestos por cada viaje que realicen.
L1BRE tiene previsto que los 150 mil taxis inscritos realicen 3 millones de viajes, lo que les dejaría ganancias por 36 millones de pesos diarios por lo menos durante los 10 años en los que operarán el servicio.
“Se lo van a dejar (a los taxistas) en cómodas facilidades, hay que ver cómo los ayudamos, no cómo les cobramos”, agregó el diputado refiriéndose a que usuarios y taxistas serían los afectados en la implementación de este servicio.
Coyotaje a escondidas
Fuentes cercanas a L1BRE confirmaron que tanto Santiago León como Iñaki Negrete han estado presentes en las negociaciones entre la empresa con la Secretaría de Movilidad, fungiendo como intermediarios para ganar la licitación.
Estos “coyotes” se han visto envueltos en otros escándalos que incluso han llegado a las instancias legales.
Santiago León, cuando fue diputado local del Distrito Federal, pagó la hospitalización de su hermano con dinero del erario público por lo que fue denunciado por la Asamblea Legislativa a la Procuraduría General de Justicia de la capital.
Por su parte, Iñaki Negrete es investigado por las autoridades mexicanos por ser uno de los supuestos prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte en Miami.
Reporte Indigo buscó a representantes de L1BRE para que declararan el por qué de la presencia de estos dos personajes durante las negociaciones y la licitación, pero no obtuvo respuesta.
Hasta el cierre de esta edición se esperó la llamada de Juana Hernández, trabajadora de L1BRE quien supuestamente daría declaraciones al respecto, pero la llamada nunca fue hecha.
El 26 de junio pasado, Edmundo Ranero, secretario de Movilidad del Estado de México, publicó un par de fotografías en su página de Facebook donde se ve a Eduardo Zayas, representante legal de Lusad, a Iñaki Negrete y a Santiago León reunidos en la oficina del secretario.
Las imágenes confirman la relación de estos dos intermediarios con L1BRE.
Ayer Reporte Indigo dio cuenta de cómo taxistas y fabricantes de taxímetros de la Ciudad de México se han manifestado en contra de instalar tablets en sus vehículos por las que tendrían que pagar una renta mensual
Proyecto ilegal
Amediados de junio del año en curso, el plan para sustituir los taxímetros por tablets fue declarado ilegal por un tribunal federal, echando atrás la Declaratoria de Necesidad para la Sustitución de Taxímetros.
La decisión del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, fue porque la Secretaría de Movilidad no tiene facultades legales para concesionar las tablets.
Por esta determinación, la concesión entregada a la empresa Lusad por 10 años se vio afectada, así como la de proveer a los taxis de la aplicación de L1BRE.
Fuentes cercanas al Proyecto L1BRE y a la Secretaría de Movilidad informaron que la Semovi solamente tiene facultad de entregar taxímetros que midan distancias y tarifas, pero no tienen atribuciones para otorgar concesiones de dispositivos con GPS.
El amparo fue promovido por la empresa fabricante de taxímetros Neotax quien lo ganó.
Rogelio Arévalo, representante de la empresa, comentó que ellos ganaron el amparo ya que la Tablet no cumple con los requisitos que estipula la ley.
“Una Tablet no es un instrumento de medición, lo que te da es una tarifa virtual”, argumentó.
El ingeniero Francisco Ibáñez Domínguez, dueño de Neotax, dijo que con el amparo 1135/2016 a favor de su empresa, la autoridad restituye los derechos legales para poder colocar los taxímetros como único dispositivo de medición de tarifa en los taxis de la Ciudad de México.
Fuentes cercanas al proyecto de la Secretaría de Movilidad y a L1BRE confirmaron que pese a este amparo y a la ilegalidad de las tablets, tanto la dependencia como la empresa siguen desarrollando el programa.
“La autoridad está en su derecho de seguir con lo que considere oportuno, siempre y cuando respete lo que ha conseguido Neotax con el taxímetro, sino habría consecuencias legales si se incumple el amparo”, argumentó decididamente Ibáñez Domínguez.
