Tráfico ilegal de armas, consecuencia letal
El tráfico ilegal de armas ha permitido que grupos del crimen organizado adquieran equipo bélico de alto poder para enfrentar a las fuerzas de seguridad del Estado. Para solucionar el problema, en el Senado se propuso aumentar las penas por este delito, además de que EU y México están buscando atacar esta situación de manera conjunta
Eduardo BuendiaEl tráfico ilegal de armas proveniente de Estados Unidos ha permitido a los grupos del crimen organizado adquirir equipo de combate del más alto nivel, el cual usan para cometer delitos.
La imagen de un civil que se recuesta sobre el suelo de Culiacán, Sinaloa, para disparar un fusil Barret en contra de Fuerzas Federales es solo una muestra del poderío que ostentan algunas organizaciones criminales del país.
El armamento de los grupos del narcotráfico en tierras mexicanas es tan poderoso que incluso es capaz de derribar helicópteros.
Ejemplo de ello es la emboscada ocurrida en mayo de 2015, cuando integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dispararon a una aeronave del Ejército mexicano con un lanzacohetes RPG, provocando su caída.
A esta amplia gama de armamento, que va desde pistolas cortas hasta lanzagranadas o rifles de asalto, se suma el conocimiento táctico con el que el crimen organizado monta operativos para defenderse o librar detenciones de la autoridad.
Camionetas de tres y media toneladas adaptadas con armas de alto poder; o camiones modificados con placas de acero para imitar el blindaje de un tanque de guerra, son algunas de las postales del México actual, en estados donde la violencia es la regla como Michoacán, Guanajuato o Sinaloa.
El tráfico ilegal de armas es una de las principales causas de que México esté inmerso en una ola de homicidios y que se hayan intensificado exponencialmente en los últimos 10 años.
La cercanía de la frontera mexicana con Estados Unidos y la venta lícita de fusiles en el país del norte –amparada en la segunda enmienda de su constitución–, permiten que los cárteles en México adquieran artefactos bélicos con los que desafían a las Fuerzas Federales o a grupos antagónicos de gran poder.
Un estudio presentado en el 2018 por el Center for American Progress (Centro para el progreso americano) reveló que al país ingresan alrededor de 213 mil armas ilegales cada año; es decir, 583 en promedio cada día.
La misma investigación dio a conocer que entre 2011 y 2016 la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) tuvo conocimiento de que 106 mil armas provenientes de Estados Unidos de manera ilegal fueron utilizadas en México para cometer diversos delitos.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre el año 2015 y septiembre de 2019, más de 86 mil 962 personas fueron asesinadas con un arma de fuego. Lo que equivale al 67 por ciento del número total de homicidios dolosos, que fue de 128 mil 938 en ese periodo.
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Culiacán, el parteaguas
Las balaceras y bloqueos ocurridos hace 13 días en Culiacán, efectuados por integrantes del Cártel de Sinaloa en respuesta a la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, derivaron en que funcionarios de alto nivel de México se reunieran con el embajador de Estados Unidos para poner en marcha acciones que contengan el tráfico ilegal de armas.
En la reunión realizada el 21 de octubre con el diplomático estadounidense, Christopher Landau, estuvieron presentes el canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.
El despliegue del Cártel de Sinaloa para sitiar la capital sinaloense y con ello negociar la liberación de Ovidio Guzmán, previamente detenido por elementos de la Guardia Nacional, puso los ojos de ambos gobiernos en el poder de movilización y armamento con el que cuenta esta organización criminal, considerada una de las más peligrosas e influyentes en el mundo.
El viernes pasado, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard Casaubón, dio pormenores del encuentro y expresó que Estados Unidos está dispuesto a cooperar con el gobierno mexicano para detener el delito de venta y tráfico ilegal de armas.
“Normalmente las reuniones con Estados Unidos son: ¿qué se hace en México?; la reunión del lunes fue: ¿Qué van a hacer ustedes en Estados Unidos? De todas las reuniones de seguridad en las que yo he estado, es la primera vez que oigo eso”, dijo.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mencionó además que la SSPC entregaría a las autoridades estadounidenses un catálogo de armas encontradas en México que son compradas legalmente en el país del norte y que llegan a manos de la delincuencia organizada.
“El tráfico ilegal de armas determina la capacidad de fuego del adversario de las instituciones responsables de la seguridad pública en México, por lo tanto es la contribución más importante que Estados Unidos puede hacer.
La contribución más importante no es el que a México se le den armas o helicópteros, sino que se frene el tráfico ilegal de armas. Eso es lo que está planteando México en síntesis
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Van por penas más graves por tráfico ilegal de armas
En medio de las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, las cuales tienen el objetivo de elaborar una estrategia para combatir el tráfico ilegal de armas, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, propuso una reforma para incrementar las penas por este ilícito.
La iniciativa pretende que en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se endurezcan las condenas por el uso, acopio y venta ilegal de armas. De aprobarse la propuesta, estas acciones ameritarían 15 años de prisión como mínimo y 30 como máximo, además de multas que irían de 20 a 500 días.
La parte más importante es que las (penas) mínimas se incrementen a 15 años. Las mínimas se encuentran muy bajas actualmente, es decir, que podrían incluso alcanzar hasta libertad
La legislación vigente establece en un capítulo único que la pena mínima es de cinco años y podría extenderse hasta los 30. Mancera incluye en su propuesta que se integre un segundo capítulo a la Ley donde se estipulen agravantes a este delito.
El capítulo segundo que se integraría a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos especifica condenas, en su fracción primera, para quien “participe en la introducción ilícita al territorio nacional de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.
Las sanciones también serían dirigidas a los servidores públicos que por sus funciones tengan la obligación de impedir la introducción ilegal de estos artefactos; y para quien los adquiera con fines mercantiles.
El legislador asegura que el alto tráfico ilegal de armas del país del norte hacia el territorio nacional se debe en gran medida a la laxitud de las leyes de adquisición de armas en Estados Unidos y que su trasiego hacia México originó la tendencia creciente de homicidios.
Acerca de los encuentros entre el Gobierno federal y funcionarios estadounidenses para entablar propuestas sobre el combate al tráfico de armas, el senador considera que debe ser una agenda prioritaria retomar aspectos de la Iniciativa Mérida.
“Con esa filosofía (de la Iniciativa Mérida), el gobierno de Estados Unidos ayuda a México a que tenga la capacidad tecnológica en todas sus fronteras para poder homologar el combate al tráfico ilegal de armas”, agrega.
El capítulo que se integraría a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos especifica condenas para quien “participe en la introducción ilícita al territorio nacional de armas y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
La Iniciativa es un programa bilateral entre ambos países financiado por el Departamento de Estado y fondos de apoyo internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y se enfocó en proveer bienes aéreos para las Fuerzas Federales mexicanas y con ello fortalecer sus capacidades de seguridad para prevenir el crimen y la violencia.
A inicios de mayo pasado, el presidente López Obrador anunció que su gobierno busca desaparecer este programa binacional y propuso que Estados Unidos reoriente los recursos a la creación de empleos y desarrollo económico de México y la región de Centroamérica.
En el Senado de la República se presentó una iniciativa para elevar las condenas por poseer o traficar armas. Se espera que la comisión de este delito amerite de 15 a 30 años de prisión
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Drogas van, armas vuelven
Uno de los tantos reclamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el gobierno mexicano se centró en la falta de efectividad para detener el paso de estupefacientes hacia su país.
En marzo de 2018, Trump escribió en su cuenta de Twitter que “México debería hacer mucho más para detener las drogas que entran a Estados Unidos”, debido a las miles de personas que mueren en el país del norte a causa de sobredosis.
Para quitarle poder económico a los grupos del crimen organizado que trafican armas ilegales desde Estados Unidos, especialistas en materia de seguridad dicen que es fundamental regular el mercado de estupefacientes
En ese mismo año, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud estimó 68 mil 557 muertes en ese país ocasionadas por el abuso de estas sustancias.
Del lado mexicano, la petición se ha centrado en que las administraciones estadounidenses tomen medidas para controlar la venta y tráfico ilegal de armas que ingresan al territorio nacional violando las leyes.
“En México es ilegal, como en casi la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, el comercio de ese tipo de armas.
“Entonces, lo que le estamos pidiendo a Estados Unidos es que en la línea fronteriza, así como nosotros revisamos lo que sale y tenemos toda la voluntad de hacerlo, que ellos hagan lo mismo con lo que mandan para este lado. Ese es el asunto”, mencionó Marcelo Ebrard el viernes pasado en conferencia.
Para Santiago Roel, presidente de la organización Semáforo Delictivo, la analogía de “drogas van, armas vienen” es la indicada para explicar por qué el mercado negro de los estupefacientes debe regularse en México para disminuir la violencia por la que atraviesa el país.
El especialista en temas de seguridad afirma que entre las propuestas para erradicar el crimen que azota gran parte del territorio nacional están la regulación de drogas y el congelamiento de los recursos financieros de los grupos delictivos
“El prohibicionismo no funciona, no baja oferta ni consumo de drogas. Y el combatirlo a balazos y descabezando cárteles no funciona, creo que lo tenemos muy claro en México y ellos también (…).
“Lo que va a venir a resolver esto es el quitarle el dinero a las mafias. Lo que debemos hacer en México es ir por los cárteles de una manera económica mediante la regulación de drogas. Hay que quitarles el mercado”, explica.
Con respecto al tráfico ilegal de armas, Miguel Ángel Mancera concluye que la cooperación de Estados Unidos debe enfocarse en la implementación de herramientas tecnológicas para detectar la salida de estos instrumentos de su país.
“A mí me parece que se debe de hacer una barrera tecnológica en el lado de Estados Unidos. Es decir, ese país cuenta con la tecnología suficiente para evitar que las armas sean introducidas a nuestro territorio. Son equipos muy sofisticados, muy costosos, pero deberíamos poner en igualdad de condiciones las dos fronteras”, expone el senador.
