La postura del Gobierno federal es contradictoria, ya que por un lado se dice respetuoso de los derechos humanos y, por el otro, está impidiendo el paso a los migrantes que llegan desde el sur en busca de ir hacia Estados Unidos, afirma Yuriria Salvador, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba.

“Hay comunicado tras comunicado hablando de las promociones, planes y programas en Centroamérica para mitigar los factores de expulsión, pero lo cierto es que toda política toma un tiempo en dar resultados y mientras tanto las personas están en tránsito y van a seguir llegando. Hasta ahora no hemos visto desde la sociedad civil organizada un plan coherente y contundente para obtener una solución real a esta situación”, afirma la activista.

Considera que es muy evidente el doble papel de la administración pública federal en el trato a los migrantes centroamericanos que arriban al país.

“Levantar la cara y decir que se respetan los derechos humanos, que se castiga a quienes violentan a las personas y luego vemos el trato a los migrantes”, considera la especialista.

La política implementada básicamente busca la expulsión de migrantes de México, lo que confirma el incremento de presentaciones de personas en esta condición ante el Instituto Nacional de Migración.

“Es una política migratoria que se basa en distintos ejes: contención, detención y deportación; pero es muy notable el papel que toman las fuerzas militares en este contexto. En este periodo de gobierno en el que nos encontramos. Cuando se le otorgan áreas de control y verificación migratoria a la Guardia Nacional, hemos visto también que se abren puntos de revisión migratoria en la frontera sur en periodos críticos, cuando se espera una movilización”, apunta la experta.

Yuriria Salvador, coordinadora de Cambio Estructural en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, además denuncia que estas operaciones son ejercicios de represión violentos que buscan al final ser una demostración de poder para otras personas migrantes, para que no se organicen, no exijan sus derechos y busquen otras alternativas para llegar a Estados Unidos.


“Hay un clima hostil en general en la región hacia las personas migrantes y refugiadas, por supuesto también particularmente en la frontera sur ocasionada por esta mala gestión”

Yuriria Salvador

Coordinadora de Cambio Estructural en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba

La respuesta del Gobierno mexicano tendría que ser de ayuda, no solo regresarlos a sus lugares de origen, de donde salieron por las malas condiciones.

“No se genera ninguna vía para que efectivamente puedan vivir en condiciones dignas, en tanto se resuelve, se habla muchísimo de que en este momento la Comisión Mexicana de los Refugiados no tiene capacidad para poder atender el número de solicitudes que recibe, pero no se habla de cuáles son las vías para dar solución, más allá de estas acciones paliativas que ha estado intentando propiciar el ACNUR para tratar de fortalecer temporalmente a la COMAR, no hay un plan tal cual para poder fortalecerla y poder incrementar el acceso a la regularización migratoria”, explica.

También puedes leer:

Rudeza en operativos contra migrantes en México

Traficantes de personas, principales beneficiados