Tierra de desaparecidos
La noche del 17 de febrero del 2011 hubo un despliegue policiaco de élite en las principales ciudades de Michoacán.
Por órdenes “superiores” la Policía Federal realizó un operativo para depurar la corporación. Se hablaba de infiltración del crimen organizado en su estructura.
Pero la orden fue más allá. Se extendieron las acciones contra elementos de las policías municipales y población civil. El saldo no oficial de esta intervensión fue de 56 personas “levantadas”.
J. Jesús Lemus4%
La noche del 17 de febrero del 2011 hubo un despliegue policiaco de élite en las principales ciudades de Michoacán.
Por órdenes “superiores” la Policía Federal realizó un operativo para depurar la corporación. Se hablaba de infiltración del crimen organizado en su estructura.
Pero la orden fue más allá. Se extendieron las acciones contra elementos de las policías municipales y población civil. El saldo no oficial de esta intervensión fue de 56 personas “levantadas”.
Entre esos desaparecidos se encuentran policías federales, locales, exmilitares, civiles y estudiantes. Todos fueron levantados por comandos de élite organizados por la comandancia regional de la Policía Federal de aquel entonces.
La lista extraoficial de desaparecidos en Michoacán desde el 2011 a la fecha se eleva a casi mil 100 personas. Ni las autoridades estatales saben exactamente cuántos hay hasta ahora.
El Comité de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas en México (Cofaddem) señaló que solo se tiene el registro formal de 195 casos, pero por cada uno de éstos hay otros cinco que no se denuncian.
Cientos de personas que buscan a sus familiares aseguran que fue la Policía Judicial (Ministerial) de Michoacán la que levantó a las víctimas.
La mayoría de los desaparecidos se reportan en los municipios de la zona de Tierra Caliente, en donde los grupos de autodefensa aun mantienen una constante lucha contra las células del crimen organizado.
Sin embargo, los familiares de las víctimas atribuyen la culpa a las Fuerzas Federales desplegadas en la entidad para el combate a la delincuencia, según reveló el (Cofaddem).
Para este organismo no gubernamental, en Michoacán las desapariciones forzadas se dan con mayor impunidad, pues el gobierno estatal no brinda atención a los familiares de las víctimas.
El marco jurídico del estado tampoco está adecuado para reconocer como víctima a quienes sufren una desaparición forzada.
“No existen más elementos que la ausencia familiar, además, a esto se suma la incapacidad e insensibilidad de los ministeriales para con los familiares de las víctimas, criminalizándolos y responsabilizándolos de la situación”, indicaron.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) existe un padrón de 43 mil 300 personas desaparecidas en el país. De esa cifra, casi el 4 por ciento corresponde a casos registrados en Michoacán.
Miembros del Cofaddem se quejan de la indiferencia con que el gobernador Fausto Vallejo ha tratado el tema.
Aseguran que han solicitado al gobernador audiencia por escrito y públicamente para exponerle la grave problemática por el incremento de las desapariciones forzadas, así como por la falta de investigación, la denegación de la justicia y la ausencia de mecanismos que coadyuven a dicho problema. No ha habido respuesta oficial.
“El ejecutivo estatal siempre ha mostrado indiferencia e insensibilidad en el tema, lo que evidencia claramente su falta de voluntad política en la implementación públicas en materia de derechos humanos”.
Cifras maquilladas
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH) estima que en la entidad hay 365 personas desaparecidas.
De esos expedientes -que se comenzaron a integrar desde el 2006- se han resuelto solo cuatro casos.
Oficialmente, más de 360 personas siguen existiendo solo por un expediente arrumbado en la oficina local de los derechos humanos.
La limpia del Operativo Centella
El despliegue que lanzó la Policía Federal en Michoacán la noche del 17 de febrero del 2011 se conoció como Operativo Centella.
La orden fue precisa: detener a los infiltrados de las células del crimen organizado que estaban operando en corporaciones, desde Fuerzas Federales hasta policías municipales o dependencias de Protección Civil. La operación fue sigilosa. Decenas de personas fueron detenidas bajo sospecha de tener nexos con narcotráfico.
Bastó solo la sospecha de los mandos para ordenar la detención de supuestos infiltrados en la estructura policial. Tras la redada, desaparecieron muchos de los que habían sido arrestados. Se comprobó después que la mayoría de ellos eran inocentes.
El caso más sonado fue el de los policías federales Adrián Domínguez Rolón y Miguel Gutiérrez Cruz, ambos desaparecidos en Uruapan.
Como parte de las pesquisas realizadas sin apoyo de la autoridad, los familiares descubrieron que en Lázaro Cárdenas había un acta que señalaba al comandante Teodoro Bonfil como responsable de la desaparición de Domínguez Rolón, Gutiérrez Cruz, y tres policías más.
La organización Human Rights Watch incluye este caso en su informe “Los desaparecidos de México”, en el que se hace un señalamiento a la administración del entonces presidente Felipe Calderón por la presunta participación de funcionarios federales.
Sin embargo, en Michoacán no existe un solo proceso penal en contra de miembros de las Fuerzas Federales por su probable participación en hechos de desaparición forzada de personas.
Urgen legislar desapariciones forzadas
A pesar de que en febrero de este año, Michoacán se convirtió en la entidad número trece del país en legislar en materia de desapariciones forzadas, desde hace más de dos años está pendiente de aprobarse una ley que prevenga, sancione y erradique este delito.
Mercedes Ruiz González, miembro del Cofaddem, aseguró que las propuestas legislativas de atención a víctimas, lejos de buscar la justicia apuestan por el olvido y demandó la inclusión de la sociedad en la discusión sobre la norma.
Aunque el delito ya está previsto en el Código Penal del estado y puede alcanzar pena de hasta 40 años de prisión, la voluntad política está ausente para atender los temas de fondo, indicó.
La activista social apuntó que la urgencia de aprobar esta norma tiene que ver con un asunto monetario más que un interés legítimo de legislar a favor de quienes son víctimas de la violencia.
“Contar con la ley permitirá al estado acceder a recursos económicos, ese el motivo que impulsa las iniciativas, sin embargo, nosotros como Cofaddem consideramos que mientras no haya justicia es imposible hablar de reparación de daño”, remarcó.
