Los responsables de dirigir la operación para despojar al empresario Arturo Cardona Calderón de sus acciones del casino La Fortuna forman parte del mismo grupo que encabezó el zafarrancho que se montó el miércoles pasado en la casa de apuestas.

El operativo que involucró a autoridades militares, estatales y municipales fue dirigido por al menos tres personas que fueron penalmente denunciadas por el casinero el pasado 24 de mayo por los delitos de robo, privación ilegal de la libertad, extorsión y delincuencia organizada.

Una de las cámaras de seguridad al exterior del establecimiento captó el momento en que los civiles se comunicaban entre ellos y dirigían la operación con los supuestos cetemistas que protestaban afuera del negocio ubicado sobre la avenida Fidel Velázquez.

En una imagen, a las 11:59 horas, se observa en el punto este del casino al ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas Ramírez, vestido con una camisa color blanca. También a su hijo Antonio Balderas Martínez con una camisa gris a cuadros.

Esta evidencia se suma a la imagen que Reporte Indigo publicó el viernes pasado, en la que se aprecia a Jerónimo Garza Chaib comunicándose vía celular en el exterior del negocio.

Todos los personajes anteriores fueron denunciados penalmente ante la Procuraduría de Nuevo León por el abogado y empresario Arturo Cardona Calderón.

En la misma denuncia se acusó por los mismos delitos al juez Luis Armando Jerezano Treviño, quien actualmente está suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal por presunta corrupción en el caso del casino Royale.

Este grupo intentaría en mayo pasado despojar en una primera ocasión a Cardona Calderón de sus acciones de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V., que operaba el casino La Fortuna.

El Ministerio Público dictó el “no ejercicio de la acción penal” contra el juez Luis Armando Jerezano Treviño, porque no otorgó valor probatorio a los audios y videos que lo implicaban en estos delitos.

Hay otra denuncia contra el juez en el Consejo de la Judicatura Federal que sigue congelada, aunque esta instancia lo suspendió temporalmente desde el 20 de septiembre de 2011, por los amparos que concedió a la empresa operadora del Royale.