La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, activó la Operación Tornado con la que el mandatario Jaime Rodríguez Calderón prometía encarcelar al exgobernador Rodrigo Medina.

Documentos en poder de Reporte Índigo revelan que la fiscalía ha enviado citatorios para la comparecencia personal de exservidores públicos durante el sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz, en su carácter de testigos para la práctica de una diligencia.

“Se le notifica que se hace necesario que comparezca personalmente ante esta Representación Social en su carácter de testigo para la práctica de una diligencia dentro de la carpeta de investigación”, dice una cédula citatoria de la fiscalía.

El documento se sustenta en lo establecido por los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 25 de la Constitución Política local, artículos 90, 91, 127, 131 y demás relativos del Código Nacional de Procedimiento Penales. Y también menciona lo que sucedería si el testigo no se presenta a comparecer sin causa justificada.

“El órgano jurisdiccional y el ministerio público podrán disponer de las siguientes medidas de apremio: a) amonestación; b) multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio; c) auxilio de la fuerza pública o d) arresto hasta por 36 horas”, menciona el citatorio.

“El Bronco”, a través de la desaparecida Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, presidida entonces por Ernesto Canales, quien era auxiliado por el ahora secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, anunció la integración de 117 carpetas de investigación por daño patrimonial, peculado, ejercicio indebido y abuso de funciones. A la fecha, cerca de 40 carpetas de investigación aún están abiertas.

¿Habrá carpetazo a caso contra Rodrigo Medina?

Al parecer, los testigos serán citados no para combatir posibles actos de corrupción durante el sexenio del exmandatario Rodrigo Medina de la Cruz, sino para cerrar las carpetas investigación.

La Operación Tornado arrancó en 2016 con la promesa de “El Bronco” de encarcelar a Medina de Cruz junto a otros funcionarios de su administración por encontrar malos manejos vinculados a posibles actos de corrupción. El exgobernador estuvo 19 horas internado en el penal de Topo Chico, tras ser imputado por entregar estímulos fiscales fuera de la ley a la armadora Kia Motors.

Y aunque Garza y Garza recibió estas carpetas de investigación como parte de la herencia de la desaparecida Subprocuraduría de Canales y algunos exfuncionarios fueron vinculados a proceso, todo apunta que no habrá combate a la corrupción.

Fuentes cercanas al caso aseguran a Reporte Índigo que la fiscalía acelera el proceso de comparecencias para cerrar las carpetas al, supuestamente, considerar que no hay elementos de prueba para que se pueda conseguir una imputación ante un juez.

Y es que, de continuar el proceso legal abierto, la fiscalía podría perder todos los casos, lo que generaría una denuncia por daños en miles de millones de pesos invertidos en las investigaciones a las personas que integran los expedientes de Canales.

Las fuentes aseguran que sería la propia fiscalía la encargada de pagar el monto de la denuncia y no el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

La otra probabilidad, dicen las fuentes, es que el fiscal Javier Garza y Garza cierre todos los casos de la Operación Tornado, y los junte con otros que prescribieron después de casi seis años.

La tendencia de Garza y Garza ha sido “limpiar” los expedientes de la operación desde su nombramiento en marzo de 2018, pues las causas penales que involucran al exmandatario Rodrigo Medina dejaron de ser prioridad.

Al parecer, el fiscal desistió en los casos heredados por parte de Ernesto Canales y tampoco ha abierto ninguna nueva carpeta de investigación. En abril, aseguró que las carpetas de su antecesor estaban mal integradas y faltaban datos de prueba.

“Estamos analizando cuál es el mejor camino a seguir porque la idea es que prosperen, pero si no están bien integrados, definitivamente tenemos que verlas. Hay infinidad de defectos, falta de pruebas, fundamentalmente, y falta de datos de prueba, y que definitivamente van a producir una no vinculación a proceso”, dijo el 4 de abril afuera del Congreso local.

Pocos resultados en combate a corrupción

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, ha tenido pocos resultados en la investigación de casos de corrupción en Nuevo León. Hasta el momento, no ha mostrado avances de las carpetas que han sido abiertas.

Además, no ha informado sobre los procesos penales abiertos y las personas sentenciadas, así como la recuperación de activos por actos de corrupción.

En cambio, Canales, quien fue designado por “El Bronco” como subprocurador anticorrupción en diciembre de 2015 logró en su primer año de gestión abrir 250 carpetas de investigación de la administración del exmandatario Rodrigo Medina.

La diputada Mariela Saldívar había declarado a Reporte Índigo que la fiscalía de Javier Garza y Garza tenía cero resultados en combate a la corrupción en Nuevo León, a pesar de que existen varios casos que ameritan una investigación.

“El Sistema actual, como está, tiene menos resultados que cuando no era autónomo y no tenía un comité coordinador”, dijo la legisladora.

Para este año, la Fiscalía de Javier Garza y Garza solicitó un presupuesto de 106 millones de pesos y será la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, la que decida cuántos recursos públicos se le entregará.

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