Territorios de incautación de drogas por la Sedena
Información de la Sedena deja al descubierto que la mayor cantidad de drogas aseguradas se concentran en pocas entidades y municipios del país
Eduardo BuendiaDatos obtenidos por Reporte Índigo vía Ley de Transparencia revelan que la mayor cantidad de metanfetamina, mariguana y heroína decomisada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2019 ocurrió en municipios al norte del país.
En el caso de la cocaína, las cifras más altas que aseguró el Ejército se concretaron en localidades del sureste.
De las 7.7 toneladas de metanfetamina que los elementos de la Sedena lograron incautar, el 85 por ciento (6.5 toneladas) se concentró en cinco municipios de dos entidades del país: Tijuana y Ensenada, en Baja California; y Opodepe, San Luis Río Colorado y Nogales, en Sonora.
Algo muy similar ocurrió con el aseguramiento de heroína, ya que el 90 por ciento de su decomiso se concentró en los municipios de Opodepe y San Luis Río Colorado, en Sonora; y en Tijuana, Ensenada y Tecate, en Baja California.
En estos cinco ayuntamientos, los soldados le arrebataron al narcotráfico 164 de los 185 kilogramos decomisados en todo el 2019.
El 41 por ciento del retiro total de mariguana, es decir 61 toneladas de las 148, se registró en Tijuana y Ensenada, en Baja California; en Tepehuanes, Durango; Badiraguato, Sinaloa; y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El mayor número de kilogramos incautados por cocaína se dio en demarcaciones de Quintana Roo y Campeche.
De las 4.9 toneladas que el Ejército decomisó el año pasado, el 81 por ciento ocurrieron en Othón P. Blanco, Quintana Roo; y en Hopelchén, Champotón, Candelaria y Carmen, localidades pertenecientes a Campeche.
Detenciones de la Sedena
En materia de detención de personas, el balance de la Sedena y la Semar durante el primer año del gobierno de López Obrador fue positivo.
En 2019, el Ejército detuvo a 8 mil 915 personas por tráfico de drogas, un 12 por ciento más en comparación con 2018, cuando la cifra fue de 7 mil 980.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el año con más detenciones según cifras de la Sedena, fue el 2017, cuando 8 mil 988 personas fueron llevadas ante la autoridad por este ilícito.
Por su parte, la Secretaría de Marina también elevó el número de personas aseguradas por narcotráfico. El año pasado logró detener a 850 participantes en este delito, mientras que en 2018 la dependencia solo logró 343 registros.
El año con más detenciones por parte de la Semar durante la administración federal pasada fue el 2013 cuando presentó a 935 imputados por tráfico de drogas.
Pese a que la Guardia Nacional fue creada con la promesa de que actuará bajo un mando civil, la participación de las Fuerzas Armadas por los próximos cinco años en apoyo de esta corporación, hace que la táctica sea muy similar a la implementada por gobiernos anteriores
Misma estrategia
Las tareas de seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas desde hace dos administraciones federales no han tenido un efecto en la disminución de la inseguridad y la violencia que imperan en el país.
A pesar de su participación, el número de homicidios dolosos en México va en aumento y las disputas entre grupos del crimen organizado continúan.
Aunado a esto, la conformación de la Guardia Nacional como uno de los ejes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía no se concreta, ya que las acciones que realizarán las fuerzas federales como apoyo a la nueva corporación fueron llevadas a debate constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado 11 de mayo, el jefe del Ejecutivo publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación por el que se dispone de las Fuerzas Armadas de forma permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, se lee en el documento.
Sin embargo, el 21 de junio, Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, promovió una controversia constitucional ante dicho acuerdo, misma que definirá la SCJN.
Dicha controversia tiene por objeto que la SCJN revise si el documento publicado por el presidente López Obrador cumple con los principios de la Carta Magna.
“El propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución”, informó Laura Rojas a través de un comunicado.
Para Estefanía Medina, abogada y cofundadora de la organización Tojil, el acuerdo publicado por el presidente de la República deja al descubierto que la Guardia Nacional es contraria a todo lo que se debatió para crearla.
La decisión que se tomó por parte del Gobierno federal es básicamente volver a lo mismo, se quiso disfrazar el asunto a través de una Guardia Nacional que en teoría se trataría de una corporación policial, es decir a cargo de un mando civil, y que a partir de ahí se desempeñarían actividades a nivel nacional
La jurista enfatiza que uno de los puntos más polémicos es el artículo quinto transitorio en la reforma para la creación de esta corporación, el cual señala que por un plazo de cinco años la Guardia Nacional podrá contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas bajo los supuestos de que su participación fuera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
No obstante, Medina afirma que el acuerdo publicado no detalla de manera específica bajo qué argumentos se van a considerar estos supuestos para que las fuerzas federales realicen su tarea de seguridad pública.
“Ese acuerdo no justifica ni da las razones para sostener que se acredite alguno de esos supuestos y se hace un uso indiscriminado de actividades, incluso de las labores completamente policiales como la investigación y persecución de los delitos.
La participación del Ejército en tareas de la Guardia Nacional será decidida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
“Esto nos puede traer un incremento de posibles violaciones a derechos porque básicamente no es su función y pueden aumentar también las deficiencias en el seguimiento de los delitos”, concluye.
