El TECDMX tiene a militantes del PAN en dos áreas importantes

TECDMX: tribunal electoral con tinte azul

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México tiene a militantes del PAN en dos áreas importantes para su funcionamiento: la Contraloría y la Secretaría Administrativa, lo que podría ser un conflicto de interés y la razón de una pugna entre el Congreso y esa instancia

El Partido Acción Nacional (PAN) ha colocado a militantes y allegados para laborar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) con la intención de tener injerencia dentro del órgano procurador de justicia.

Al menos ocho personas están en áreas estratégicas como la Contraloría Interna, que es la unidad revisora del gasto y la cuenta pública del tribunal.

Fuentes del TECDMX, quienes prefieren el anonimato, afirman que el blanquiazul ha llegado por acuerdos políticos a poner a sus cercanos a trabajar ahí aún cuando se podría caer en un conflicto de interés.

Esto es cuando el interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública puede afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones. Así lo define la Secretaría General de la Contraloría de la capital.

El Tribunal es el máximo órgano impartidor de justicia en materia electoral de la capital y el hecho de que haya personal de un partido trabajando ahí podría sesgar su labor

El primer caso de los ocho referidos es el de Marco Antonio Guerra Castillo, quien se desempeña como secretario particular de la Contraloría Interna del TECDMX.

Guerra Castillo, según el Registro Nacional de Militantes (RNM) del PAN, milita en el blanquiazul en la alcaldía de Gustavo A. Madero (GAM).

Además, en el año 2015 fue candidato a diputado local suplente por el distrito 2 de la demarcación territorial citada.

El militante panista, según información del Tabulador de Remuneraciones actualizado hasta el tercer trimestre de 2019, es el secretario particular de la Contraloría Interna y percibe un sueldo mensual neto de 34 mil 51 pesos.

Después se encuentra Orquídea Mayalli González Torres, quien de acuerdo con el RNM del partido, milita en Acción Nacional desde el 2011.

La mujer se desempeña como jefa de Departamento de Auditoría del órgano fiscalizador interno y percibe un salario igual al de Guerra Castillo, indica también el Tabulador de Remuneraciones.

Igualmente, González Torres es miembro de la Comisión Permanente del PAN en la CDMX desde el año 2018.

Mientras que Rommel Daniel López Peñaloza tiene el puesto de jefe de departamento de Evaluación de la contraloría con una remuneración similar al de los dos casos anteriores.

Cabe destacar que López Peñaloza hasta 2019, constan diversos documentos administrativos del blanquiazul en la capital, laboraba como presidente del Comité Directivo del PAN en la alcaldía de Tlalpan.

Por otra parte, José de Jesús Ruiz Gallegos, quien forma parte de las filas del partido desde 2003, labora en el TECDMX como jefe de departamento de Responsabilidades del órgano fiscalizador. Su salario mensual también es de 34 mil pesos.

Como auditora de la Contraloría Interna, trabaja Ana Cecilia Hernández Quezadas, con una remuneración al mes neta de 26 mil 874 pesos.

Hernández Quezadas fue candidata a diputada local por el Distrito 14 de la alcaldía de Tlalpan durante las elecciones locales de 2015.

Después se encuentra Francisco Barrera Peralta, militante de Acción Nacional desde el año 1974.

El panista trabaja como auditor en la misma área que sus compañeros de partido y al mes recibe un sueldo neto de 26 mil 874 pesos.

La última militante que está en la contraloría del TECDMX es María de Lourdes Alatorre Meléndez, quien es secretaria ejecutiva en dicha unidad.

Alatorre Meléndez recibe como remuneración 16 mil pesos mensuales netos.

Mientras que Carlos Emiliano Ávila de la Paz Pérez labora como profesionista técnico de Recursos Humanos de la Secretaría Administrativa del Tribunal con un salario al mes de 26 mil 874 pesos.

Además trabajó en la dirección patrimonial la Contraloría Interna de la VII Legislatura del Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de enero 2016 a agosto de 2017, unidad que durante ese lapso estuvo a cargo del exdiputado panista, Andrés Sánchez Miranda.

Como profesionista técnico de Recursos Humanos, Ávila de la Paz Pérez tiene entre sus responsabilidades labores de administración de personal como registrar los cargos de los empleados e integrar sus expedientes.

Mientras que los otros siete mencionados colaboran en la revisión de recursos, eficiencia y cumplimiento administrativo del TECDMX.

Posibles intereses en el TECDMX

Fuentes al interior del TECDMX, que prefieren el anonimato por seguridad, indican que desde 2014 los panistas empezaron a ocupar cargos dentro del órgano autónomo como parte de acuerdos políticos con otros partidos.

La intención era controlar la unidad fiscalizadora y tener presencia en el personal que labora en la autoridad electoral, mencionan.

Añaden que es por ese interés que el TECDMX rechazó el reciente nombramiento de Moisés Vergara Trejo como contralor por parte del Congreso.

El 15 de enero de 2020, Reporte Índigo, en el texto “La pugna en el TECDMX por el Contralor”, publicó que existía una disputa entre la primera legislatura del Congreso y el TECDMX por definir al titular de la Contraloría, hasta hoy acéfala. Como encargada de despacho está Agar Leslie Serrano Álvarez.

Anteriormente, el 17 de diciembre de 2019, el magistrado presidente de la autoridad electoral, Gustavo Anzaldo Hernández, impugnó al Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF) la designación de Vergara Trejo, votado en el Congreso el pasado 13 de diciembre de 2019.

Personal al interior del Tribunal Electoral local señala que desde el 2014 los panistas comenzaron a ocupar cargos dentro del órgano

Sin embargo, el recurso legal se interpuso siete meses después de las reformas a la Ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA), que establecen el procedimiento, aún cuando desde 2017 el legislativo capitalino define al titular de la unidad fiscalizadora del Tribunal.

Por lo cual, el Congreso y la organización México Evalúa consideraron que en el caso había un probable interés por controlar los recursos asignados al TECDMX.

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