Taxis, el botín que viene
El programa de apoyo a taxistas que anunció el Gobierno de Jalisco con el reparto de nuevas concesiones y un respaldo financiero millonario, llega entre malos antecedentes por la falta de transparencia y claridad con que se han operado este tipo de acciones en años pasados.
Luis HerreraLa Secretaría de Movilidad hará un padrón de taxistas para determinar a los beneficiarios del programa
El Ejecutivo sería aval de los concesionarios de taxis que contraten crédito para renovar sus unidades
"El Gobierno del Estado no va a favorecer a unos o a otros (…) es en función de transparencia y justicia, para que no haya quien acapare estos permisos, para que sea el individuo, la persona y su familia los que sean beneficiarios”
El programa de apoyo a taxistas que anunció el Gobierno de Jalisco con el reparto de nuevas concesiones y un respaldo financiero millonario, llega entre malos antecedentes por la falta de transparencia y claridad con que se han operado este tipo de acciones en años pasados.
El 16 de marzo, luego de que los taxistas tomaran algunas calles de Guadalajara en protesta contra las Empresas de Redes de Transporte (ERT), el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz dijo que otorgaría concesiones a los choferes con más antigüedad, y que sería aval de aquellos que quisieran renovar sus autos con una bolsa de 100 millones de pesos (MDP).
Un esquema muy similar a ese, sin embargo, ya había sido implementado antes por el Ejecutivo para apoyar a los dueños de camiones del transporte público, y dejó un padrón de beneficiarios en opacidad, un par de deudas por arriba de lo autorizado y una aplicación que no se ajustó a las reglas estipuladas por el Congreso.
El Programa de Apoyo Financiero para la Renovación y Modernización Integral del Transporte Público de Taxis que ahora retoma el gobernador, fue aprobado por el Congreso desde el 28 de noviembre de 2014, ese día se autorizó ese respaldo a taxistas y el otro a camioneros.
Ambos programas consisten básicamente en que el Ejecutivo sería aval y obligado solidario de los concesionarios de taxis y camiones que contrataran alguna forma de crédito para renovar sus unidades; estos dejarían en garantía su concesión, permiso y aun el vehículo por si incumplieran con sus pagos.
En los dos esquemas se designó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) como responsable de su instrumentación: el de taxistas nunca se implementó, pero el de camioneros sí, y es este cuya puesta en práctica terminó siendo algo muy distinto a lo avalado por los legisladores.
Oscuro antecedente
El decreto que aprobaron los diputados en 2014 para apoyar a los camioneros había previsto que los organismos del transporte que los conglomeran pudieran contratar algún instrumento de deuda para renovar sus unidades, pero con topes máximos.
A Servicios y Transportes le asignaron 280 millones de pesos para 209 unidades; el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome) por 295 MDP para 105 unidades; y el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) por 48 MDP para 45 unidades.
La información que Reporte Indigo obtuvo de la Sepaf revela que dichos límites de deuda no fueron respetados.
Servicios y Transportes terminó contrayendo un arrendamiento por un monto mucho mayor al que tenía autorizado, pues asciende a 385 millones 70 mil 533 pesos, es decir, rebasó el máximo impuesto en 37 por ciento, con una diferencia por más de 100 MDP.
Lo mismo hizo el Siteur. El decreto le había fijado un tope para su esquema financiero de 48 MDP, sin embargo, el arrendamiento que contrató es de 64 millones 614 mil 940 pesos, rompiendo el límite autorizado en un 35 por ciento.
El tercer organismo, el Sistecozome, tampoco se ajustó al monto consignado en el decreto; aunque se suponía que no eran cifras al aire las del programa sino resultado de la estimación de necesidades.
Si para el Sistecozome se habían previsto 295 MDP, su arrendamiento fue por 137 millones 345 mil 347 pesos, un 53 por ciento menor a lo planeado.
Rendir cuentas
Los montos máximos fijados por el Congreso en el programa de apoyo a camioneros ya incluían el IVA, además del costo de cualquier equipamiento necesario y el seguro de las nuevas unidades, no obstante, se pasaron por alto.
El único cargo extra que permitía eran costos y accesorios del instrumento financiero, nada más. Cuando se le solicitó vía transparencia a la Sepaf que rindiera cuentas sobre estos desajustes al decreto original, respondió:
“Los tres organismos decidieron suscribir un contrato maestro de arrendamiento con la empresa Solucash, en su carácter de arrendador”, y en este, indica, se incluyó un apartado III.2 de Gastos, en su Anexo A-1, que dice:
“Todos los gastos que se generen por el requerimiento, entrega, almacenaje, transporte, mantenimiento, pólizas y seguros serán por cuenta única y exclusiva del arrendatario, mismos que deberán ser pagados al prestador de estos”.
No obstante, a pesar de que la Sepaf es la instancia responsable de la instrumentación del programa –así como lo será del de taxistas-, se deslinda de lo que hayan negociado los organismos de camioneros con Solucash.
Padrón secreto
A la Sepaf se le solicitó también que transparentara los nombres de los camioneros beneficiados con el apoyo financiero, el monto recibido, la ruta y organismo de filiación y la cantidad de unidades adquiridas.
Nada de esto fue brindado al asegurar que no cuenta con esa información, pese a que el decreto dice en su artículo segundo: “se autoriza al Estado de Jalisco para que durante el periodo de la presente administración estatal, por conducto de la Sepaf, instrumente el Programa de Apoyo a la Renovación de Transporte Público Colectivo”.
A esto se aúna la opacidad de los propios organismos del transporte sobre estos compromisos financieros. Por ejemplo, no obstante que Sepaf inscribió estos pasivos en el Registro Estatal de Deuda Pública, el Siteur se rehúsa a reconocerlos como tal.
El gobernador aseguró que el programa para taxistas sí se regiría bajo principios de transparencia, y datos claros para el reparto de mil nuevas concesiones, y 100 en lo más inmediato. En el mercado negro cada una puede costar 300 mil pesos.
La Secretaría de Movilidad, a cargo de Servando Sepúlveda Enríquez, deberá elaborar un padrón de antigüedad de taxistas para determinar a los beneficiarios, que debería estar listo en 45 días, si bien el acuerdo del 16 de marzo no fija un plazo.
El 18 de marzo el Congreso aprobó la regulación de las ERT y un mecanismo para entregar una concesión a todo taxista con 10 años laborando, lo que podría alcanzar al 80 por ciento de los 12 mil que hay; el Ejecutivo hará una valoración de la decisión legislativa que aún puede ser vetada.
