La violación a la división de poderes en Nuevo León no es nueva, en el pasado el Gobierno estatal y el Poder Judicial intentaron invadir procesos y funciones. Foto: Especial

Suspensión inédita en el Congreso de Nuevo León

La parálisis en el Congreso de Nuevo León, un hecho inédito, abona al encono político y a la intromisión de las atribuciones entre los tres Poderes, dejando de lado el bien de la ciudadanía

El desacuerdo entre diputados de oposición, PRI y PAN, cuyos coordinadores son el priista Heriberto Treviño y el panista Carlos de la Fuente, con el gobernador Samuel García, llegó a una suspensión inédita de sesiones en el Pleno del Congreso local. Y será por tiempo indefinido.

La decisión fue tomada derivada de un amparo otorgado al mandatario estatal por el juez del Poder Judicial de la Federación con sede en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, quien decidió que todo lo que se había legislado contra García no aplicará hasta el año 2027.

Resulta inexplicable que el ordenamiento del juez se justifique en que las leyes no son retroactivas, pero esto aplica para los ciudadanos, más no para la autoridad.

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, dice la Constitución mexicana, más no habla en particular de un gobernador.

Este recurso legal es, en específico, por las reformas aprobadas que retiran facultades al gobernador de vetar a un candidato a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia, nombrar su gabinete y al secretario de Gobierno, entre otras.

Esta reforma entró en vigor a través del decreto 340 publicado en la Gaceta Legislativa el pasado 8 de marzo.

Sobre la parálisis en el Congreso varios legisladores salieron a pronunciarse.

“Estamos dando un mensaje muy equivocado acerca de lo que verdaderamente nos corresponde como legisladores”, dijo en rueda de prensa la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes.

Sin embargo, no solo se manda un mensaje equivocado, sino que más órganos se suman a la parálisis en Nuevo León.

Actualmente no se tiene certeza en la procuración de justicia en la Fiscalía ya que el proceso para elegir a su titular se encuentra frenado por temas jurídicos en los que intervino el gobernador neoleonés.

Y ahora la parálisis alcanzó al Poder Legislativo —cuya principal función es crear leyes y modificarlas conforme las demandas de la población— por una decisión de un juez de Tamaulipas.

Reporte Índigo adelantó el año pasado, justo cuando inició el desacuerdo entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que la democracia saldría “lastimada” por dicho conflicto.

Esto después de que la división de poderes no fuera respetada por el Gobierno estatal y por el Poder Judicial de la Federación, lo que ocasionó que la política local se desestabilizara.

Esta violación a la división de poderes en Nuevo León no es nueva, en el pasado el Gobierno estatal y el Poder Judicial intentaron invadir el proceso de selección y entrevistas de candidatos para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Así como está ocurriendo en el proceso de selección del nuevo fiscal, el cual de acuerdo con la ley compete exclusivamente al Poder Legislativo, pero en el que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo están metiendo las manos.

Un juez polémico

Las y los diputados de la bancada del PRI, a cargo de Heriberto Treviño, cuestionaron el actuar del juez Octavo de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez.

A través de un comunicado, la diputada del PRI, Alhinna Vargas, señaló que Gutiérrez Pérez es incompetente para conocer lo que ocurre en el estado de Nuevo León ya que su jurisdicción está en Tamaulipas.

“Se extralimitó en sus funciones, contribuyendo al conflicto de poderes en Nuevo León, cuando su función está en Tamaulipas, quiere secuestrar al Congreso de Nuevo León con su resolución.

“Al emitir una suspensión por la que no se permite al Congreso hacer reformas durante toda la presente administración, violentando gravemente el principio de división de poderes, el principio de legalidad, y el orden constitucional establecido”, dice el comunicado.

La legisladora advirtió que con el fallo del juez tanto la nueva Constitución del estado de Nuevo León así como las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado quedan cómo no vigentes.

Versiones periodísticas revelaron que el juez fue investigado por la Fiscalía General de Justicia por delitos contra la administración pública.

Además, se le acusa de “incongruente” en sus decisiones en otorgar amparos, pues primero había protegido a Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que no fuera detenido, y después le dio la espalda.

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