Supremo despilfarro
En los juzgados y el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ) el tiempo se detuvo hace varias décadas.
Y es que aunque los avances tecnológicos permitirían que su trabajo sea más eficiente, en el Poder Judicial de Jalisco se trabaja con instrumentos del siglo pasado.
En el STJJ ni siquiera hay Internet; el personal de algunos juzgados trabaja con su propio equipo de cómputo y hasta tienen que poner de su dinero el papel con el que imprimen.
Ángel Plascencia102
"La situación de lo que gana un magistrado (al mes) a lo que gana un auxiliar en un año, nosotros no lo ganamos, para acabar pronto, ni en dos años lo ganamos"
"El presidente se maneja con mucha opacidad. El ITEI le dio un ultimátum para que publique prácticamente toda la información que tiene que ver con presupuestos"
En los juzgados y el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ) el tiempo se detuvo hace varias décadas.
Y es que aunque los avances tecnológicos permitirían que su trabajo sea más eficiente, en el Poder Judicial de Jalisco se trabaja con instrumentos del siglo pasado.
En el STJJ ni siquiera hay Internet; el personal de algunos juzgados trabaja con su propio equipo de cómputo y hasta tienen que poner de su dinero el papel con el que imprimen.
Y en medio de estas carencias la administración del magistrado presidente Celso Rodríguez González solicitó un presupuesto mayor, pero en el que se incluyó una pensión para magistrados, los empleados más privilegiados del Poder Judicial.
Alrededor de 100 millones de pesos se requerían para un fondo del retiro para magistrados.
Una pensión de 100 mil pesos adicionales que beneficiaría solo a este grupo que ya es acusado por otros empleados del Poder Judicial de recibir privilegios especiales.
Aunque algunos magistrados opositores a la administración de Rodríguez González señalan que efectivamente “los tiempos no están para eso”.
Y es que además de que reciben un sueldo mensual de más de 150 mil pesos y prestaciones que ningún otro mexicano tiene, el presidente buscó un fondo adicional al que ya tienen de Haber del Retiro.
Con ello Rodríguez González quiera asegurarle a los magistrados estar pensionados aunque su trabajo solo haya durado un par de años.
Un sistema de pensiones que con el paso del tiempo sería insostenible, pues con su paso por tan breve por el Poder Judicial, en poco tiempo habría muchos pensionados.
Alfonso Partida Caballero, el secretario de administración del Consejo de la Judicatura, cree que este tipo de súper prestaciones solo perjudican la gestión de más recursos para las áreas prioritarias.
Y que el mal desempeño del magistrado presidente se reflejó en la asignación del presupuesto de poco más de mil millones que les darán para el 2013, que representa apenas el 1.3 por ciento del total del presupuesto estatal.
“Nos vuelven a dar un trato del hermano menor de los tres Poderes. Nos están dando un trato como si fuéramos una institución de gobierno del estado: no hay apoyo para juzgados, no hay apoyo para hacerle frente a lo del SAT.
“El presidente prácticamente se dedica a hacer presupuestos erróneos que no tienen metas, no tienen objetivos, o sea no hay eje de estructura, de capacitación. Nada más dice: ‘se necesitan tantos pesos para esto’, cuando hay que demostrarlo”, señaló Partida Caballero.
Además, con las súper prestaciones de los magistrados se genera una percepción de que se malgasta el dinero en todas las áreas, cuando hay cientos de empleados del Poder Judicial que no han tendido un aumento en años.
Esto genera un descontento que crece día a día entre los empleados que trabajan jornadas laborales de hasta 12 y 15 horas por la sobrecarga que hay en los juzgados.
Porque además, el presupuesto se administra de forma opaca.
Varios son los jueces, consejeros y empleados en general del Poder Judicial que creen que Rodríguez González es poco transparente.
Esta administración esconde información básica sobre las percepciones adicionales de algunos empleados del Poder Judicial.
En su página de Internet aparecen recuadros negros que cubren parte de las “compensaciones” a puestos como “secretario particular”, “jefe de sección”, “auditor” entre otros.
Tampoco se transparentan prestaciones como una prima vacacional anual que en el caso de los magistrados puede superar los 100 mil pesos; el magistrado presidente se lleva 109 mil 715.16 pesos al año por este concepto.
Es una situación que denuncian constantemente el Consejo de la Judicatura y sindicatos de empleados como el Nuevo Sindicato del Poder Judicial (NSPJ).
“Se está dando cuenta tanto la ciudadanía como el poder Ejecutivo y Legislativo cómo el Poder Judicial se ha manejado durante todo el tiempo, ¿de qué manera?, mal y ya lo estamos viendo, o sea no hay transparencia, se hace lo que ellos quieren”, indicó Arturo Anaya Peña, secretario del NSPJ.
Y es que para el consejero Partida Caballero, la opacidad ha sido sello de la administración de Celso Rodríguez.
“El presidente se maneja con mucha opacidad. El Instituto de Transparencia le dio un ultimátum para que publique prácticamente toda la información que tiene que ver con presupuestos, proveedores con nómina, etcétera.
“Y él tiene secuestrada en los dos lugares (el Supremo Tribunal del Estado y el Consejo de la Judicatura) la parte que corresponde a transparencia; él es el que maneja transparencia”.
Y es que también se esconde información básica del desempeño de los órganos del Poder Judicial, como las sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura: de 16 que se han llevado a cabo en el año solo son públicas dos.
Partida Caballero indica que parte de las súper prestaciones de los magistrados, así como la pensión que solicitó la actual administración, son prácticas de “compra de votos”, pues Rodríguez González quiere que el próximo sea un presidente acorde a sus intereses.
Excesos contrastan con carencias
“La situación de lo que gana un magistrado (al mes) a lo que gana un auxiliar en un año, nosotros no lo ganamos, para acabar pronto, ni en dos años lo ganamos”, dijo Arturo Anaya Peña, secretario del NSPJ.
Tanto magistrados como auxiliares y secretarios del Poder Judicial coinciden en que es urgente una reingeniería del sistema con el que se trabaja, pues hay muchos puestos administrativos para labores innecesarias, que con la tecnología podrían ser cubiertas.
Y es que magistrados opositores a Celso Rodríguez creen que en los siete años que ha administrado el Poder Judicial, las carencias se han vuelto fallas estructurales que entorpecen el desempeño de los juzgados, que además son pocos.
El Consejero Partida Caballero indicó que: “algunos estados después de mil procesos abren otro juzgado; resulta que aquí tenemos juzgados con más de 5 mil casos, que son los mercantiles; 2 mil 500 los familiares y así sucesivamente cada uno.
“Al llegar nosotros hace dos meses nos damos cuenta que existen todas estas irregularidades: los señores jueces, los secretarios tienen que poner sus propios materiales y sus instrumentos de trabajo por falta de recursos”.
Los vehículos del presidente, las vacaciones en Londres, el sueldo del Consejo de la Judicatura y el de magistrado presidente, son algunos excesos de los que acusan a la administración de Rodríguez González.
“El presidente del Supremo Tribunal (de Justicia del Estado) tiene salario en el Consejo (de la Judicatura) también, entonces son dos salarios que agarra él, la situación es que gana más que el señor gobernador”, indica al respecto Anaya Peña.
Y es que además de los 155 mil pesos mensuales del sueldo que recibe en el STJJ, Rodríguez González tiene un sueldo de 50 mil pesos en el Consejo de la Judicatura, según se muestra en la página de transparencia del organismo.
Por otro lado, empleados del Poder Judicial se cuestionan en dónde pararon los 100 millones de pesos que entregó Emilio González al magistrado presidente para que se terminara la Ciudad Judicial.
Todos los gastos excesivos generan resentimiento de la clase trabajadora de los juzgados, corruptibles por los bajos salarios, ven con indignación el despilfarro.
La deuda con Hacienda
Desde hace tiempo se sabe que el Poder Judicial debe al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Las retenciones de impuestos de los sueldos de sus trabajadores nunca fueron realizadas y ahora existe un adeudo millonario.
Suena paradójico que los encargados de administrar la justicia, que deberían ser ejemplo de legalidad, tienen una deuda por 102 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y es que “por no retener el impuesto sobre la renta a sus empleados por el sueldo que perciben” la dependencia realizó el requerimiento a los magistrados por el ejercicio fiscal de 2009.
Pero no solo eso, Partida Caballero refiere que a la fecha el STJJ no está pagando sus impuestos de forma adecuada:
“No están pagando los impuestos correctamente, pero el SAT no les requiere, es una cuestión sospechosísima lo que está sucediendo porque ellos (los magistrados) ganan 155 mil pesos y solo pagan 18 mil, cuando deberían de pagar cerca de 50 mil”, señaló el consejero.
Las plazas comprometidas
Otra de las quejas de empleados disidentes es que existen un gran número de plazas en el Poder Judicial asignadas a personas cercanas al presidente del STJJ, e incluso de diputados de la Legislatura pasada.
Esto propicia que personal sin aptitudes para el puesto que desempeñan se desarrollen enlabores especializadas:
“Tú ahorita te diste cuenta: una persona de contabilidad que no tiene los conocimientos, no tiene la eficacia, pero que se está amparando, y es gente del presidente del (Supremo) Tribunal y así lo hace todo mundo.
“A nosotros los consejeros (el presidente) nos ha interpuesto cerca de 10 amparos y cinco controversias ¿para qué?, para que nosotros no pudiéramos entrar ya porque le dijimos que íbamos a verificar todo esto.
“Esas personas fueron nombradas por el presidente en ausencia de nosotros cuando nos interpuso las controversias, o sea él interpone dos controversias para poder apoderarse prácticamente de toda la administración, eso es lo lamentable”, indica el secretario administrativo del Consejo de la Judicatura.
Por su parte Arturo Anaya, secretario del NSPJ, reiteró que es una situación que también desanima al personal que está ahí por su desempeño.
“Nos damos cuenta de lo que está pasando en el Consejo (de la Judicatura) cómo es posible que ya volvieron nuestros consejeros y él (Celso Rodríguez) tiene agarradas muchas direcciones y muchas plazas, es una desvergüenza”, concluyó Anaya Peña.
Y es que la falta de profesionalización de este personal, los favoritismos en vez de la trayectoria, son parte de los males arraigados en el Poder Judicial del Estado.
Esto lo vuelve lento y burocrático; incluso algunos magistrados cuestionan la solicitud de un aumento de presupuesto pues creen que con una reestructura y una modernización de los sistemas se podría mejorar el trabajo con lo que ya se recibe.
En un mes se votará por el siguiente presidente, y aunque todavía no hay terna, muchos magistrados están buscando convencer al resto de que el siguiente, no sea cercano a Rodríguez González.
Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco está buscando su supervivencia, porque según el consejero Partida Caballero “cuando él se vaya estoy seguro que van a salir a flote toda la serie de irregularidades y cuestiones ilegítimas”.
El nuevo presidente
La elección del nuevo magistrado presidente va lenta.
Las negociaciones entre los diferentes grupos y el gobernador electo no han tenido lugar debido a la ausencia de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
En los próximos días se espera que exista la esperada reunión entre magistrados y el gobernador electo.
Pero la fila en la oficina del magistrado Leonel Sandoval Figueroa, el padre de Aristóteles, ya es larga.
Un grupo de magistrados opositores a la actual administración busca a toda costa impedir dos cosas: que no quede nadie cercano a Celso Rodríguez, ni el padre del gobernador.
En un mes se votará entre los magistrados del STJJ al próximo presidente.
El estira y afloja entre el gobernador entrante y saliente tendrá lugar, pues muchos aseguran que Emilio González podría incidir en las votaciones a favor de un magistrado cercano al actual presidente.
Ciudad judicial: elefante blanco
Por Paloma Robles
La Ciudad Judicial es un proyecto inconcluso en el que al final intervino la administración de Celso Rodríguez.
Los casi seis años de construcción y más de 700 millones de pesos que se han invertido en el proyecto han sido insuficientes para terminar el monumental edificio que albergará las nuevas instalaciones del Poder Judicial del Estado.
La inversión ha ido de 325 millones a 728 millones de pesos, según el último registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, encargada de realizar la obra.
Pese a que en febrero de este año el gobernador Emilio González Márquez hizo entrega de la obra, esta no contaba ni con permisos de habitabilidad ni tenía conexión del servicio de agua.
La Ciudad Judicial se convirtió en un monumento a la paciencia y es que aún cuando se anunció que la mudanza de los empleados comenzaría en el mes de octubre, hasta el momento no se ha cumplido la premisa.
Pero algunas fuentes consultadas refieren que el atraso en la mudanza se debe a las desavenencias que existen entre las autoridades del Supremo Tribunal de Justicia y El Consejo de la Judicatura.
Desde la concesión del servicio de copiadoras hasta el servicio de aseo, el área de cafeterías y hasta la jardinería del edificio son algunos de los negocios que entre ambas instancias se arrebatan.
El Consejo de la Judicatura es el ente encargado de todos los aspectos administrativos del Poder Judicial, pero desde su creación ha ofrecido un trabajo marginal.
Celso Rodríguez funge como presidente de ambas instancias, pero se sabe que ejerce mayor poder en el Supremo Tribunal de Justicia en donde se encuentra protegido de jueces y magistrados y desde ahí toman decisiones administrativas.
Bajo el cobijo del gobernador del Estado, Celso Rodríguez tiene siete años como titular del Poder Judicial, casi los mismos que lleva de iniciado el proyecto del nuevo edificio del Poder Judicial.
