MONTERREY, NUEVO LEÓN, 04OCTUBRE2019.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", cuenta con trece averiguaciones penales, los cuales dejaron de pertenecer al Estado, una de ellas es la petición de demanda por parte del Congreso de Nuevo León, de acuerdo a la orden por parte del TEPJF, quien investiga el uso de recursos públicos para recolectar firmas en el 2018 como parte del requisito a la candidatura a la Presidencia de la República por la vía independiente. El Ministro Medina Mora, previo a su renuncia prohibió al Congreso Local de Nuevo León, sancionar al gobernador Jaime Rodríguez por haber utilizado 572 empleados públicos para recabar firmas de apoyo a su candidatura en 2017.
FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

Suprema Corte deja en suspenso ‘broncosanción’

Para el ministro Alcántara Carrancá, son inconstitucionales las reglas procesales aprobadas por el Congreso local para sancionar a El Bronco

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en lista el proyecto 310/2019 del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que abría la puerta para frenar la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y secretario de Gobierno, Manuel González, por el asunto de las broncofirmas.

Alcántara Carrancá planteaba declarar la inconstitucionalidad el acuerdo aprobado por los diputados del Congreso de Nuevo León, que establece reglas procesales para sancionar a los dos funcionarios

“Por instrucción del ministro ponente queda en lista con el número económico 1, que corresponde a la controversia constitucional 301/2019”, se leyó en la sesión de la Primera Sala.

Acto seguido el ministro ponente ordenó que quede en lista. Con esta decisión se tendrá que tomar comentarios, razonamientos y abre la puerta a que cambie el criterio de la votación del asunto 310/2019.

El documento también señala que el Poder Legislativo local violó la ley por crear un procedimiento sancionatorio especial para determinar el castigo en contra de ambos funcionarios, pues debió apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel constitucional y en la legislación estatal.

Además, el proyecto señala que el procedimiento debió comenzar en la Cámara de Diputados y posteriormente llevarse al Senado mediante un juicio político, donde se podría determinar si procede la destitución de ambos y en su caso la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.

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