Sueldazo a amigos en el Tribunal Electoral de CDMX

Algunos partidos políticos de la Ciudad de México acomodaron a cuatro de sus militantes y extrabajadores en la nómina del Tribunal Electoral de la Ciudad de México con salarios que incluso duplican al del presidente
David Martínez David Martínez Publicado el
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Cuatro trabajadores del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) ganaron durante 2020 sueldos que van desde los 70 mil hasta los 259 mil pesos netos.

Dichos perfiles tienen militancia o trabajaron con algún partido político previo a su cargo en el máximo tribunal electoral de la capital y fuentes afirman que fueron acomodados en sus puestos actuales.

Los servidores públicos contratados son Martha Virginia Grez Ramírez, Orlando Anaya González, Sandra Araceli Vivanco Morales y Anabell Arellano Mendoza. En algunos casos sus sueldos superan al de los diputados de la capital y la jefa de Gobierno; y en uno es mayor al del presidente de la República

Los salarios mencionados incumplen con la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la capital que estipula que ningún funcionario puede ganar más que la jefa de Gobierno.

Amigos de los partidos

Reporte Índigo realizó una revisión a las remuneraciones de los trabajadores del TECDMX, así como a los contratos firmados por honorarios disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia del máximo tribunal electoral local, y observó que la persona que gana más en el órgano es Martha Virginia Grez Ramírez.

Según las bases de datos revisadas y actualizadas al término del cuarto trimestre de 2020, Grez Ramírez se desempeña como asesora de la ponencia del magistrado presidente Gustavo Anzaldo Hernández y percibe 259 mil 860 pesos como remuneración neta mensual, sueldo que casi duplica al del presidente de la república y al de los magistrados del TECDMX que ganan 130 mil pesos al mes.

Grez Ramírez tiene una relación directa con el Partido Acción Nacional (PAN). De 2010 al 2013 trabajó como Jefa de Unidad Departamental B de la delegación Benito Juárez, periodo que comprende la gestión de Mario Palacios Acosta y el inicio de la de Jorge Romero Herrera, quien actualmente es diputado federal panista.

Después está Orlando Anaya González quien trabaja como director A del departamento de Comunicación Social del TECDMX.

Su sueldo al término del año pasado ascendía a 93 mil 837 pesos mensuales, superior al de la jefa de Gobierno y los diputados locales.

El funcionario del tribunal se desempeñó como diputado del Partido Acción Nacional (PAN) durante la III, IV y la VI Legislatura de la Asamblea del Distrito Federal (ALDF).

La remuneración mensual del exlegislador local también es de 93 mil 837 pesos, superior a la de los representantes populares capitalinos y la mandataria de la ciudad.

En tercer lugar está Anabell Arellano Mendoza, quien funge como directora del Instituto de Formación y Capacitación del TECDMX con un sueldo mensual de 93 mil 594 pesos, que también viola lo que estipula la Ley de Austeridad de la capital

Arellano Mendoza fue candidata plurinominal del PAN a la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Por último está Sandra Araceli Vivanco Morales, quien actualmente es titular de la Defensoría Pública del TECDMX y al mes goza una remuneración de 70 mil 909 pesos, mayor a la de los representantes populares de la ciudad.

Según diversos documentos administrativos, Vivanco Morales fue secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán en 2012.

Fuentes del tribunal, que prefieren el anonimato por temor a represalias, afirman que dichos funcionarios tienen sus puestos y sus sueldos por su afinidad con las diversas fuerzas políticas que con sus influencias los ayudaron a colocarse.

Tribunal electoral contra gobierno

La resistencia del Tribunal a acatar la austeridad es un tema que en los días recientes ha levantado polémica.

El 2 de diciembre de 2020, el TECDMX interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México no le había entregado 7.7 millones de su presupuesto para ese año.

La dependencia recortó ese monto para utilizarlo para la atención de la contingencia sanitaria de COVID-19, informaron las autoridades del Gobierno central.

Además, una reforma reciente a la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la ciudad le permitía hacer dicha modificación por la emergencia.

Sin embargo, el 17 de diciembre pasado, el TEPJF falló a favor del TECDMX y ordenó al gobierno reintegrar los 7.7 millones de pesos al órgano autónomo de la capital.

En respuesta, la Consejería Jurídica del Gobierno de la ciudad interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para apelar el fallo.

No obstante, la SCJN del país ratificó la resolución del TEPJF con argumento en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que las sentencias de la autoridad electoral son inapelables.

El 5 de febrero, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que iba a acatar el fallo pero también reprochó que el TECDMX no se ajuste a la austeridad y quiera mantener lujos. También les hizo un llamado a la solidaridad.

Con todo el respeto que le tenemos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y al Federal, con todo y absoluto respeto a la ley, sí les decimos: sean solidarios, estén a la altura del pueblo de la Ciudad de México
Claudia SheinbaumJefa de Gobierno de la CDMX

Mientras que el 16 de febrero, Sheinbaum dio a conocer que su gobierno presentó un recurso de reclamación para que la SCJN revise su fallo y lo anule porque, desde su perspectiva, el TEPJF invade las facultades del Legislativo al resolver acerca del presupuesto asignado al TECDMX.

También presentó un recurso de incumplimiento ante del Poder Judicial de la Ciudad de México para que se investiguen las diversas violaciones a la Constitución por parte del TECDMX.

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