La madrugada del 8 de junio la reportera Stephania Cardoso Rodríguez, del Diario Zócalo de la Ciudad de Saltillo, y su hijo de dos años desaparecieron. La periodista coahuilense, de 30 años de edad, y su pequeño no fueron vistos más luego de los festejos del Día de la Libertad de Expresión.

La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) exigió el jueves pasado “una pronta respuesta de las autoridades que tienen la obligación de garantizar la seguridad de la sociedad y el libre ejercicio periodístico. Que se investigue el paradero de Stephanía y su hijo, y se castigue a los culpables de esa desaparición”.

En el mismo sentido hicieron patente su indignación por el asesinato del periodista veracruzano Víctor Manuel Báez Chino. El editor de la sección policial de la edición online del periódico Milenio, El Portal de Xalapa, fue secuestrado el pasado miércoles, a las 11:30 de la noche.

De acuerdo con colegas de esa ciudad, informa la Agencia SIP, el cadáver, con signos de tortura, fue hallado la madrugada del jueves 14, “muy cerca del centro de la ciudad, con una nota en la que se advertía que ‘este mes va a ser el peor para los reporteros’ ”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su parte, expresó su indignación por el asesinato de Báez Chino. Es el sexto periodista ultimado en México en lo que va del año y el quinto en ser asesinado en Veracruz, donde se ha registrado en 2012 la mayoría de los crímenes contra comunicadores en el país.

La organización hemisférica urgió a las autoridades a “atender estos casos con diligencia, eficiencia y responsabilidad” y a agilizar los trámites para la reglamentación de las legislaciones sobre federalización y protección de periodistas en riesgo.

En tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó este viernes que los asesinatos de periodistas mexicanos son inaceptables.

El hecho es que en lo que va de 2012 se han documentado 10 asesinatos contra periodistas, de los cuales seis se han cometido en Veracruz.

La CDP ha condenado de forma permanente los hechos y “ha exigido al gobierno de Javier Duarte de Ochoa otro tipo de medidas para la protección de los periodistas veracruzanos en riesgo, dentro y fuera del país”.

Junto con diversos organismos internacionales, la CDP elaboró al alimón una comunicación para reclamar dos puntos nodales al presidente Felipe Calderón:

1.  Le solicitaron que no dilate más la promulgación la Ley General de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de México. Los tiempos legales ya se rebasaron. Esta ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 31 de abril pasado. Se tuvieron 30 días hábiles para hacer observaciones y otro diez días naturales de plazo para que el Ejecutivo federal la promulgara. Esta fecha se venció el pasado 10 de junio.

2. Le pidieron también que promulgue la reforma constitucional para que la PGR pueda atraer los casos.

Especialmente los de amenazas graves, donde hay agresión a periodistas y atentados evidentes como delitos. Desde el 7 de junio el ciclo completo se aprobó para la terminación de la reforma constitucional y el Congreso lo remitió al Ejecutivo federal.Cabe precisar que hasta el cierre de la elaboración de esta nota, el viernes 15 de junio, la Ley General de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de México no había sido publicada.

“Es un actitud de falta voluntad del Ejecutivo federal para hacer las cosas. Eso sigue abonando para el terreno y el gran marco de la impunidad”, comenta Rogelio Hernández.
En entrevista con Reporte Indigo, el Coordinador de Protección a Periodistas de la CDP charla sobre los más recientes asesinatos cometidos en contra de periodistas mexicanos.

DESOYERON AUTORIDADES ADVERTENCIAS

Desde agosto-septiembre de 2011 La Casa de los Derechos de Periodistas advirtió a las autoridades que después del asesinato de Yolanda Ordaz y la familia López se encontraban en un círculo de gran riesgo 12 periodistas.

Les indicaron que cubrían la fuente policiaca tanto del puerto de Veracruz como de Xalapa, que tenían relaciones con Notiver, que los comunicadores se conocían entre sí y que coincidían en una situación: los periodistas estaban en constantes fricciones con el aparato policiaco y de seguridad de Veracruz.

Después Artículo 19 hizo una misión de investigación y amplió este número a 24 comunicadores. Es decir, el gobierno del estado estaba avisado de que estaban en riesgo. “Y lo que debió haber hecho fue crear un círculo de protección o de medidas cautelares para este grupo. Pero no lo hizo”, dice Rogelio Hernández.

Lo que sucedió fue que la vocera del estado salió a decir, hace dos meses, que quien se sintiera amenazado se fuera de ahí porque no los iban a poder proteger. “Esto que parece un chistorete de mal gusto de la funcionaria en realidad lo que mostró fue la actitud y la política del gobierno de Veracruz”.

Los periodistas que han muerto este año eran de ese círculo. Es el caso de Víctor Manuel Báez Chino, el periodista del diario Milenio Xalapa y director del grupo editorial “Reporteros Policiacos”, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado la madrugada del jueves pasado, a una cuadra del ayuntamiento de Xalapa.

Tanto el gobierno del estado como la federación estaban prevenidos, dice el coordinador de Protección a Periodistas. Cabe recordar que a inicios de mayo pasado, en el marco del Foro Libertad de Prensa 2012, convocado por la organización Freedom House, Rogelio Hernández le solicitó a la fiscal Laura Angélica Borbolla hacer una misión especial a Veracruz para evitar más muertes, que la Procuraduría General de la República (PGR) tomara el caso y la Secretaría de Gobernación (Segob) hiciera una misión disuasiva y cautelar.

Pero no sucedió nada. Aunque la fiscal especial se trasladó a Veracruz, estaba impedida por la ley al no contar con marco legal para actuar. Fue sola a ese estado y no acudió la Segob.
Fue un mero “acto voluntarioso; sin recursos, sin personal, sin dinero, sin marco legal y con la resistencia del estado a ceder sus averiguaciones previas. No paso nada ni en lo disuasivo”, afirma Hernández.

Conforme a la ley, dice, lo que procedía era que la PGR asimilara los casos, que “los atrajera aunque fuera en la situación excepcional que se estaba viviendo. La Secretaría de Gobernación tampoco hizo nada a pesar de que le insistimos: ustedes y otros medios que estábamos pidiendo esos mecanismos de disuasión y de medidas cautelares a periodistas”.

El 3 de mayo pasado, en pleno Día Mundial de la Libertad de Prensa, fueron hallados los cadáveres de los reporteros gráficos Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez.

También ese día fue ultimada junto a estos fotógrafos Irasema Becerra, trabajadora de medios de comunicación. A partir de esa fecha tuvo lugar un éxodo mayor de periodistas.
De hecho, refiere el cofundador del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, buena parte de los corresponsales de los medios de la capital -incluidos de canales de televisión y agencias internacionales y tres diarios- han sacado a sus gente y los han traído al DF.

“Están buscando cómo darles fortalezas para que permanezcan aquí o en otros lugares donde han decidido irse”.

Sin embargo, hay otros profesionales de la información que no han salido de Veracruz. Hoy por hoy están en franco riesgo.

“Es una situación de verdadera emergencia la que están viviendo en Veracruz y sus periodistas. En especial los de la fuente de justicia y no sólo ellos. No están descartados los que cubren asuntos políticos porque también, de alguna manera, hay un halo de temor que los tiene dominados”.

LAS CIFRAS NO CUADRAN

Este viernes la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que del año 2000 a la fecha se ha registrado el asesinato de 81 periodistas y la desaparición de 16 más. Organizaciones de protección a la prensa difieren con tales cifras.

“Este asunto de las estadísticas es un engorro. Es demasiado importante como para dejarlo pasar, porque nadie tenemos una cifra similar respecto al número de periodistas asesinados”, comenta Hernández.

Pero donde se convierte en un problema mayor es en las entidades de Estado o de gobierno, como son la Comisión de Derechos Humanos o la Fiscalía Especial de la PGR. Es problemático, apunta, dado que “la cantidad de crímenes y la tipología de agresores y agredidos es como se pueden deslindar las políticas públicas o las prácticas para combatir el crimen”.

Hasta fines de 2011, dice el periodista, casi todos los organismos que han llevado un monitoreo y documentación propios, como Reporteros Sin Fronteras, Centro de Ética y Periodismo y Cencos, coinciden en que solamente del periodo de diciembre de 2000 a 2011, había registrados 81 asesinatos de personas vinculadas al ejercicio del periodismo.

En el caso de la Casa de los Derechos del Periodista, que cuentan con un registro documentado en el libro inédito “Que no mueran”, de Carlos Moncada, un periodista de Sonora que tiene cerca de 20 años haciendo un seguimiento puntual de esto, también coincide con la cifra de 81 periodistas asesinados hasta diciembre de 2011.

Moncada ha investigado directamente los homicidios yendo al Ministerio Público, para revisar los expedientes.

“A los 81 ubicados se les debe sumar los 10 de de 2012.  Son 91 personas, no los 82 que dice la CNDH”, dice Hernández. Esto al final refiere, en su opinión “que el gobierno (de Veracruz) ha sido incapaz no sólo de frenar la violencia localizada y de alto nivel de impacto en su estado sino que también ha sido incapaz de enfrentar el fenómeno contra el ejercicio del periodismo”.