Los señalamientos por detenciones ilegales y actos de tortura que enfrenta actualmente el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, no son nuevos para ese funcionario, quien ya hace 16 años había sido involucrado en ese mismo tipo de prácticas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El fiscal Solís Gómez se encuentra en el ojo del huracán luego de que la Policía Ministerial efectuara alrededor de 50 detenciones ilegales y desapariciones forzadas de jóvenes que pretendían manifestarse por la muerte de Giovanni López este 5 de junio en los alrededores de la Fiscalía estatal.

Las agresiones que la Fiscalía perpetró contra los jóvenes manifestantes hace unos días terminan por ser muy similares a las que la Procuraduría General de Justicia cometió contra los “altermundistas” que marcharon en Guadalajara en el año 2004, justamente cuando esta dependencia también era encabezada por el propio Solís Gómez.

En su informe sobre los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo del 2004, con motivo de la celebración de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, la CNDH concluyó que la Procuraduría local –hoy Fiscalíaque encabezaba Solís Gómez, había participado en los actos ilegales que se registraron aquel día.


Los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara, de la Dirección General de Seguridad Pública del estado y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco, si bien se encontraban facultados para hacer cumplir la ley, ello no les autorizaba a vulnerar los derechos fundamentales de las personas en el momento en el que procedieron a detener a los participantes de la manifestación ocurrida el 28 de mayo del 2004, así como aquellas que fueron detenidas con posterioridad a dicho evento

Informe de CNDH sobre el 28 de mayo de 2004

Estas dependencias, continuó la CNDH: “traspasaron los límites del uso de la fuerza pública y omitieron observar los principios que rigen su actuación, y quedó acreditado ante este organismo nacional que con ello incurrieron en 73 retenciones ilegales, en 55 tratos crueles y degradantes, en 73 incomunicaciones y en 19 casos de tortura, todo lo cual atentó contra la dignidad humana, la integridad física, la legalidad y la seguridad jurídica de las personas“.

A 16 años de esos acontecimientos, Solís Gómez se vuelve a ver involucrado en un operativo de represión contra manifestantes, ahora con decenas de jóvenes que fueron “levantados” por los policías a su mando, para golpearlos, amedrentarlos y mantenerlos detenidos e incomunicados por algunas horas, en actos que se configuran como desapariciones forzadas, según alertó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Sistema de tortura

A pesar de estos graves antecedentes de violación de los derechos humanos en el historial de Solís Gómez, y de que siempre han sido de amplio conocimiento público, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, optó por sumarlo a su gabinete para dejarlo a cargo de la procuración de justicia en la entidad.

En el ámbito local la CEDHJ había advertido desde su Recomendación 6/2006 que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) había adoptado la tortura como una práctica sistemática en el lapso 2001-2006, el cual estuvo en su mayor parte en manos de Solís Gómez (éste dirigió la PGJE durante 2000-2005).

Sobre dicha recomendación en la que se indagaron siete quejas contra la PGJE, la CEDHJ señaló que “del análisis de estos casos se demostró la tortura como una práctica arraigada en el área de investigación de delitos a cargo de las agencias especializadas de la propia PGJE (…). De los 45 servidores públicos involucrados en los hechos, 37 son policías investigadores, cinco agentes del ministerio público y dos secretarios, así como un perito del IJCF”.

Y agrega ese documento de 2006: “En Jalisco la PGJE aún practica la tortura en la investigación del delito. Esta aseveración se sustenta no sólo en los casos que se expusieron en la presente recomendación, sino también en los siguientes indicadores, que están soportados en datos obtenidos durante el periodo de 2001 a junio de 2006: En ese periodo se recibieron en este organismo 640 quejas por posible tortura”.

Entre las “técnicas” de tortura más utilizadas por la PGJEJ de Solís Gómez estaban las siguientes: “Aplicación de toques eléctricos; se les acuesta boca arriba en colchones mojados, atados de pies y manos, y se les colocan trapos húmedos en nariz y boca, sobre los cuales se les arroja agua para provocar asfixia momentánea; (…) se les cubre la cabeza con bolsas de plástico para impedir la respiración; intimidación mediante la amenaza de causar daños a familiares (…) desnudarlo; realizar detonaciones de armas de fuego cerca de la víctima”.

Además, de 2001 a junio de 2006 se emitieron cuatro recomendaciones por tortura a la PGJE, empero: “ninguna fue aceptada en su totalidad. En la mayoría se solicitó investigar el delito de tortura, pero en ninguna se acató”.

Denuncian al fiscal Solís Gómez

Este 9 de junio los diputados de Morena denunciaron penalmente al fiscal Solís Gómez ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los hechos de desaparición forzada cometidos por la Policía Ministerial, así como “por violaciones a los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, al afectar la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas”.

La denuncia penal de los legisladores morenistas se presentó en particular ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, y en el documento señalaron: “La semana pasada, todos los jaliscienses fuimos testigos del autoritarismo y represión de la que es capaz el gobierno de Enrique Alfaro“.

Las diputadas y diputados de Morena refirieron que ellos se opusieron a la designación de Solís Gómez como fiscal del Estado, ya que: “entre 2001 y 2005, cuando fue procurador de Justicia Estatal, acumuló más de 5 mil denuncias por casos de violación a los derechos humanos, por detenciones arbitrarias, lesiones a civiles y tortura, ante la CEDHJ“.

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