Solicitantes de Amnistía, ‘requieren amparo, a fuerzas’
La abogada penalista y defensora de Lydia Cacho y otras mujeres, Araceli Andrade, considera que aunque el espíritu de la ley es la defensa de personas vulnerables, la inoperabilidad de la Segob provoca que tengan que contratar necesariamente a abogados, cuyo costo quizás no pueden solventar
Julio RamírezAsí como está la Ley de Amnistía conforme al ritmo de solicitudes que han resuelto, la única salida que les queda a las personas encarceladas y que solicitan el beneficio es el trámite de un amparo ya que es violatoria de la Constitución, considera la abogada penalista Araceli Andrade, quien ha encabezado la defensa de comunicadores como Lydia Cacho.
No estoy satanizando esta Ley de Amnistía, entiendo y celebro el espíritu y la intención que tiene. No obstante, lo poco claro y lo poco operante que resulta su procedimiento, lejos de ayudar a quienes va dirigida, los está poniendo contra la pared, los está dejando en estado de indefensión. Entonces, qué es lo que estoy proponiendo como abogada, como estudiosa de leyes y como abogada de víctimas, nutrir esto, componerlo. No solamente decir no por COVID
Las personas que estén interesadas, hasta el momento mil 115, tendrán necesariamente que contratar a un abogado especialista en amparo para tramitar la posibilidad de esta amnistía, ya que hasta el momento la Comisión no ha respondido.
“Gracias a ese amparo van a hacer que se mueva la Ley de Amnistía. No quiere decir que se la van a conceder (la libertad), quiere decir que van a hacer que se mueva y se supone que la Ley de Amnistía es para ahorrar precisamente para atender a estos grupos vulnerables, se supone que ese es su espíritu y no les están ahorrando nada”, considera.
“Al contrario, los están orillando a que contraten a un especialista en amparo que le realice un amparo ya sea por denegación de justicia o por negativa ficta (tras la no respuesta en cuatro meses por parte de Segob)”, añade.
Considera que la negativa de notificación amerita una revisión de esta ley porque “se puede tirar a punta de amparos”.
La abogada considera que esta ley se tiene que llevar a revisión por diferentes sectores expertos para que cumpla con su cometido, porque en principio tiene un sentido razonable.
“Hay que componerlo, hay que salvar esto, pero no se puede hacer desde el desconocimiento, se tiene que hacer desde la consulta a los colegios de abogados, reuniones con asociaciones civiles de derechos humanos, con la comisión de grupos indígenas, y volverlo un instrumento que funcione porque nada funciona mejor a la sociedad, nada beneficia más a la sociedad, que sus leyes funcionen. Las leyes que no funcionan es como si no existieran”, explica.
La abogada Araceli Andrade considera que la Ley de Amnistía es inoperante y, sobre todo, violatoria de derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución.
“Las víctimas, lo que hace esta ley, es obligarlas a entrar a hacer una demanda civil por reparación del daño derivada de delito, entonces este tipo de demandas no las sigue un ministerio público, las tienes que hacer mediante un juez civil y para acceder a un juez civil tienes que contratar a abogados forzosamente, y muchas veces la mayoría de las víctimas -yo te podría decir que el 90% de víctimas- no tienen para un abogado”, sentencia.
“El espíritu está bien, la intención está bien, pero me parece que está mal planteado en los términos que tiene defectos muy grandes, como que es violatoria de la Constitución definitivamente y no se está cumpliendo el espíritu de la ley”, explica la abogada.
Amnistía, ‘Promesa muy difícil de lograr’
La promesa de ofrecer amnistía a las personas más vulnerables es muy difícil de lograr debido a que no tiene un buen planteamiento como política pública, afirma Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
El proceso está diseñado para que sea muy difícil que alguien pueda hacer algo. A mí personalmente no me sorprende (que no haya un solo resultado), me parece un error más de diseño de política pública y, como siempre, fue hecho sólo y exclusivamente para la campaña, es decir, para construir una narrativa de que se busca dar justicia a las personas, pero en realidad no está acompañado de nada
El resultado de que no haya ningún proceso de amnistía concluido tiene mucha relación con que el Gobierno federal carezca de recursos materiales para revisar todos los expedientes del pasado que soliciten revisión y se pueda entonces emitir la declaratoria.
“Desde un principio nosotros lo advertimos, hacer operacional la amnistía iba a ser muy complicado. Si se ven las premisas a través de las cuales una persona cumple los criterios para poder solicitarle amnistía implicaba que hubiera habido algún tipo de sesgo evidente en todo el proceso judicial o que una persona hubiera sido encarcelada por su condición socioeconómica o incluso su etnia”, explica.
La idea de la Ley de Amnistía hace pensar que ayuda a los vulnerables, pero no se tomó en cuenta que no existe como tal la capacidad del Estado para dar atención a la problemática, independientemente del COVID-19.
“Eso suena muy bien, el problema es que quién lo va a revisar, porque si hoy no tenemos la capacidad para poder llevar a juicio a un delincuente porque no tenemos los suficientes recursos presupuestales, humanos, de formación… ¿quién se va a poner a revisar miles y miles de casos?”, explica.
Francisco Rivas asegura que si fuera una política pública real y relevante para este gobierno, las acciones que veríamos serían otras, ya que “este gobierno no tiene una prioridad para estos grupos vulnerables que aparentemente defiende en los dichos”.
“Yo no creo que vayan a poder hacer algo serio con la amnistía porque si no pueden combatir a la delincuencia organizada en un contexto de violencia, entonces, no creo que tengan la capacidad para estar revisando casos añejos y ver la validación de los procesos”, añade.
En tanto, el Observatorio Nacional Ciudadano presenta hoy un estudio acerca de cómo ha enfrentado el Gobierno federal algunos asuntos de seguridad pública en los dos años de este sexenio.
“En este estudio vemos cómo ha gastado en los últimos dos años la administración, a qué ha destinado recursos. Si nos dicen que están trabajando en prevención, hay más dinero, menos dinero o igual dinero al que teníamos antes, dicho sea de paso, ya lo verán, hay menos dinero para prevención del delito que el que había en los sexenios anteriores, entonces, es falso que están trabajando en la prevención porque el dinero significa personal, el dinero significa tecnología, el dinero significa insumos, patrullas”, indica.
