Pasaron más de nueve años para que la lucha contra las emisiones de carbono en el mundo diera una vuelta de tuerca luego de que la Suprema Corte de Holanda exigiera a la empresa de hidrocarburos Shell, reducir en un 45 por ciento sus emisiones y a las autoridades tomar en cuenta el riesgo que representa el cambio climático para la población.

El principal argumento de la organización que promovió la histórica demanda es que el cambio climático representa un grave impacto a los derechos fundamentales de los holandeses como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud.

En México, la tutela de esos derechos por parte del Estado se plasma en el Artículo 4 constitucional.

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”, señala la Carta Magna.


En Holanda la Suprema Corte determinó que el Estado está obligado a reducir los gases de efectos invernaderos por los riesgos a la salud del cambio climático

A la par que en Holanda el Poder Judicial obligaba al Estado a proteger dichos derechos y a empresas contaminantes reducir sus emisiones de CO2 antes de 2030, en México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, centró su discurso en la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático en la importancia que tienen para su administración los combustibles fósiles.

“Aunque hemos descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará, básicamente, a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo, petróleo crudo y comprar gasolinas. De esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles”, dijo el político tabasqueño el 22 de abril pasado.

Y aunque México ha reducido, en menor grado, las emisiones de dióxido de carbono, se mantiene en el lugar número 12 de los países que más contaminan en el mundo con 485 mil toneladas métricas en total y 3.67 per cápita

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el 66.1 de esas emisiones y contribuciones de gases de efecto invernadero del país provienen de la producción y utilización de energía, el 12.7 por ciento de la industria y tan solo el 4.5 por ciento de residuos.

Esta situación ha provocado que el país este lejos de cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París en 2016, con el cual se busca mantener el aumento de la temperatura global promedio debajo de los 2 grados centígrados.

En aquella ocasión, las autoridades connacionales se comprometieron a reducir en un 22 por ciento los gases de efecto invernadero para 2030, que el 35 por ciento de la energía generada para 2024 sea limpia y que para el 2030 sea del 43 por ciento.

Debido a esto, especialistas se preguntan si en México se podría replicar el caso Urgenda y que el Poder Judicial obligue al gobierno y a empresas a reducir sus emisiones, cuidar el medio ambiente y a los mexicanos.


México ocupa el lugar 12 en la lista de los países que más contaminan en el mundo, la principal causa es la producción y uso de energía

La estrategia por la reducción de emisiones

La ofensiva de la Fundación Urgenda en Holanda fue paso a paso, en 2015 y con apoyo de la Corte lograron demostrar que las políticas del país estaban debajo de la legislación, es decir, las autoridades no cumplían con lo que marcaba la ley. Cuatro años después, la Corte determinó que el Estado está obligado a reducir, mediante políticas públicas, los gases de efectos invernadero en virtud de los riesgos del cambio climático.

Al respecto, Francisco Javier Camarena Juárez, especialista en litigios estratégicos en derecho ambiental comenta que, en México, si se buscara seguir el ejemplo holandés, primero se debe de pedir la tutela al sistema normativo de Cambio Climático.

Además de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que firmó México y que obliga a todas las partes a tomar medidas de precaución, prevenir y reducir al mínimo las causas del Cambio Climático, en el país existe una Ley de Cambio Climático.

Al pedir la tutela del sistema normativo del Cambio Climático, los argumentos para conseguirlo serían la urgencia, el interés público y el interés social.

El especialista, comenta que al ser el “cambio climático”, un concepto jurídico indeterminado, se debe de demostrar el interés legítimo en el tema.

“Por ejemplo, los informes de Semarnat nos dicen desde hace varios años que ya hay variaciones en los ecosistemas, alteraciones en la masa forestal, en los ciclos de lluvia. La experiencia nos dice que el cambio climático está sucediendo, aunque ha ido ocurriendo en los últimos cien años.

“Al poder medir esas alteraciones, contamos ya con conceptos de experiencia y con conceptos de valor, lo que nos habla que necesitamos una tutela constitucional al sistema climático, además del interés jurídico”, explica.

Finalmente, el abogado medioambiental señala que después de obligar al Gobierno federal a cumplir con sus compromisos con el medio ambiente, como ocurrió en Holanda, se debe de trabajar para que hagan lo mismo los otros dos niveles de gobierno (estatal y municipal).

Sin políticas claras

Salvador Esau Constantino es el procurador del Medio Ambiente en Zacatecas, comenta que mientras en su entidad se han implementado políticas para mitigar los efectos del cambio climático, en el Gobierno federal no ve una política clara al respecto.

“Vemos que las políticas del Gobierno federal han tenido claroscuros en materia de cambio climático, si bien es cierto que seguimos con los Acuerdos de París, no hay una política central. El presidente está ocupado en algunos temas de medio ambiente (como Sembrando Vida), pero no conocemos cuál sea su política central”, argumenta.

Además de la concientización, el funcionario estatal propone llevar a la federación el modelo de impuestos ecológicos y sanciones para quien no cumpla la ley como lo están haciendo en Zacatecas.


“La misma Suprema Corte y el derecho internacional han validado el precepto de que quien contamina paga, el país debe de caminar hacia allá, el país necesita un nuevo paradigma con el medio ambiente al centro de la agenda”

Salvador Esau Constantino

Procurador del Medio Ambiente en Zacatecas

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