Sobrevivir a la violencia

09 de May, 2019

A Luis González le robaron hasta las palabras. Aquella madrugada del 11 de febrero de 2017 sonó su celular. Al mirar la pantalla y no reconocer el número regresó a la cama. Una vez más timbró y ante la insistencia respondió. Ahí comenzó la pesadilla.

La voz al otro lado de la línea provocó una reacción en cadena que hasta la fecha tiene secuelas en el empresario originario del Estado de México y en su familia: sus dos hijos habían sido secuestrados.

Al salir de una fiesta, los jóvenes de 23 y 27 años, fueron obligados por tres hombres armados a subir a una camioneta, que días después fue encontrada en Atizapán, Estado de México.

Durante siete meses, González y su esposa atravesaron por un viacrucis ante la indiferencia de las autoridades y el silencio de los captores sobre sus hijos, los cuales duraron, en algunas ocasiones, días.

El empresario recuerda que durante ese tiempo las autoridades estatales le aseguraron que le daban seguimiento al caso, pero era complicado enfocarse solo en su familia, en especial, en un estado donde ocurre un promedio diario de cuatro secuestros.

“A las autoridades se les olvida que tratan con personas y que todos valemos lo mismo. Nunca buscamos un trato diferente, solo queríamos que nos ayudaran a que nuestros hijos regresaran a casa sanos y salvos. La zozobra de no saber en dónde estaban es un sentimiento que te va matando el alma cada día, te quedas vacío y no sabes cómo aprender a vivir con eso”, comparte González.

El secuestro es uno de los delitos de mayor incidencia a nivel nacional y afecta a toda clase de personas sin importar su estatus económico.

En febrero de 2017, la Asociación Alto al Secuestro registró 27 incidentes de este tipo en el Estado de México y 141 en todo el país.

En el mismo mes, pero de 2019, la cifra disminuyó a 20 en la entidad mexiquense, en tanto que a nivel nacional la tasa se elevó a 187 casos.

Durante el año pasado la violencia le costó al país 5.16 billones de pesos, el equivalente al 24 por ciento del PIB

González recuerda que 72 horas después del secuestro, el precio de la vida de sus hijos se fijó: 10 millones de pesos.

Sin titubear, el empresario aceptó y el primer paso fue llamar a su abogado y a su contador para que comenzaran con los trámites necesarios, sin embargo, no contaba con que los captores tenían configurado otro plan que se extendería hasta el 8 de septiembre.

Durante el tiempo que sus hijos estuvieron privados de su libertad fueron trasladados a 12 lugares diferentes, donde fueron torturados tanto psicológica como físicamente.

La búsqueda de la familia se hizo interminable. El empresario vendió propiedades, cerró varios de sus negocios del ramo automotriz y de consumo, y en más de una ocasión trató de pedir ayuda directamente en Los Pinos con el entonces presidente de México, pero la respuesta fue el silencio.

El verdadero rostro

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) estima que la violencia en territorio azteca tuvo un impacto económico de 5.16 billones de pesos durante 2018, cifra que equivale al 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, cifra que representa más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano

Esta situación no es reciente. Los daños ocasionados por el tema de inseguridad se han heredado desde hace tres sexenios y la situación parece no mejorar.

Por categoría, el homicidio y los delitos con violencia representan 82 por ciento del impacto a la economía, pero las consecuencias son mucho mayores en contraste con el gasto asignado para su contención.

En los últimos años, el gasto federal en seguridad interna ha experimentado una desaceleración en contraste con el que se ejerce en el ramo militar o en el sistema judicial.

En 2018 se destinaron 47 mil 300 millones de pesos a seguridad interna, monto ligeramente superior a los 47 mil 200 millones de pesos destinados un año antes.

A pesar de que el gobierno mexicano reconoce el costo de la violencia para la economía, el cual es cuantificado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, las implicaciones negativas que la inseguridad tiene en la vida diaria de los ciudadanos va más allá de lo económico.

Luis González es parte de los millones de mexicanos que viven con temor a salir de sus hogares. A pesar de que los dos hijos del empresario fueron parte del 75 por ciento de las personas secuestradas que regresan a casa, ni él ni su familia han encontrado la paz tras lo sucedido.

“Fuimos afortunados, mis muchachos están con nosotros, pero a uno de ellos le amputaron dos dedos, el otro tiene problemas severos de ansiedad y mi esposa no puede salir si no es acompañada. Todos los mexicanos tenemos una herida abierta: sobrevivimos a la violencia cada día”

La eterna espera

“Seguimos pendientes”, es la frase más recurrente que las autoridades le han dicho a Esteban Volante desde hace un año siete meses que su hermana desapareció.

Pamela Gallardo, de 24 años, fue vista por última vez el 5 de noviembre de 2017 en un festival de música electrónica que se realizó en El Ajusco.

Su familia, desde el primer día tuvo que enfrentar los obstáculos por parte de las autoridades mexicanas.

Al ver que Pamela no regresó a casa, Esteban acudió a lo que antes era el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), para levantar una denuncia ante la desaparición, sin embargo, le comentaron que para poder realizarla tendrían que pasar al menos 36 horas para que se hiciera oficial.

“Se trataba de una situación de emergencia y las autoridades no lo vieron así, me hicieron esperar mucho. Fue hasta el 7 de noviembre cuando pude levantar la denuncia, las primeras horas son cruciales y se dejaron pasar porque el organismo no consideró el caso como una emergencia”

En Marzo de 2018, se instaló la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), para ese año se le asignó un presupuesto de 468.9 millones de pesos y durante ese periodo solo se ejercieron 6.6, es decir, solo 1.4 por ciento de los recursos, mismos que se destinaron al pago de personal eventual.

Más de la mitad de lo presupuestado era para subsidiar la búsqueda de personas en todos los estados del país, pero nadie solicitó el dinero.

Hasta abril de este año, el número de personas desaparecidas era de 40 mil 180, de acuerdo con la información de la misma CNB

A pesar de que si había dinero para solventar las investigaciones o para poner en marcha la resolución de algunos casos, las personas que buscaban a sus familiares se quedaron a la espera y sin respuestas.

No obstante, hace unos días los datos estadísticos sobre personas desaparecidas en México creados por la CNB fueron retirados de las plataformas del Gobierno federal, así como las gráficas de desapariciones del fuero común y del fuero federal del RNPED.

Esteban Volante explica que cuando su hermana cumplió un año de desaparecida, todavía estaba el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Marco Reyes, quien después de una manifestación a las afueras de la Procuraduría cedió ante la presión y decidió ayudarlos junto con el titular de la Fuerza Antisecuestros en CDMX, Willy Zuñiga.

“Ellos revisaron nuestra carpeta y nos dijeron que tenían información crucial, que ya habían encontrado el teléfono de mi hermana, que sabían quiénes lo tenían y en qué zona estaba, nosotros nos quedamos a la espera de las soluciones, porque desafortunadamente como era noviembre y estábamos a un mes del cambio de gobierno, ahí se quedó todo, sin más respuestas”, declara el hermano de Pamela.

Mujeres en la mira

En los últimos 10 años las mujeres son las que se han visto más violentadas en México, pues durante este periodo, 22 mil 482 mujeres en las 32 entidades del país fueron asesinadas, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En promedio cada cuatro horas ocurre la muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta

Las carpetas de investigación por homicidios violentos que se iniciaron en los ministerios Públicos de las Fiscalías y Procuradurías estatales pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, y la cifra sigue en aumento.

Las familias de las personas que han sido violentadas o están desaparecidas siguen firmes ante la batalla, y cada día se esfuerzan para que las autoridades les presten un poco de atención y les ayuden a dar con el paradero de sus seres queridos.

Esteban Volante dice que siente como si tuviera que empezar todo de nuevo con el caso de su hermana Pamela, pues las nuevas autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas no tienen la menor idea de cómo dar seguimiento a los casos que ya tienen un proceso de investigación avanzado.

“El nuevo subprocurador, Rodrigo de la Viga no tiene ni idea de lo que está haciendo, durante los 7 meses que lleva la nueva administración no nos han podido dar respuestas y el tiempo se agota. A pesar de la estupidez nos quedaremos con ellos hasta que hagan su trabajo, si nos vamos, invertiremos más tiempo en empezar de nuevo, y nada habrá valido la pena”.

Víctimas de la violencia y de la inseguridad en el país acusan que las autoridades no actúan con la celeridad que los casos merecen, lo que significa perder las horas más valiosas de una investigación y las que más ayudan a resolverla

Parálisis emocional

“Cuando salgo, la mayor parte del tiempo me siento nerviosa y acechada”, narra Sara Zamudio, víctima de la delincuencia, quien a partir de que le robaron su automóvil a mano armada las crisis de miedo cada que sale de su hogar son inevitables.

A los siete meses de haber comprado su coche se lo robaron y con ello perdió más de la mitad de lo que ya había pagado en la agencia, el problema fue peor cuando el seguro no le regreso casi nada de dinero.

Para Zamudio este hecho fue algo que la afectó a nivel emocional porque para poder comprar ese vehículo hizo muchos esfuerzos, ya invirtió más de 100 mil pesos y se endeudó. Desde ese entonces confiesa que siente miedo de cualquier cosa que le pueda pasar en la calle o en el transporte público.

“También fue una situación frustrante ya que las autoridades de la Alcaldía Coyoacán no me creían, porque me dijeron que podía ser un autorobo, los agentes me tenían como una delincuente ahí, haciéndome las mismas preguntas una y otra vez. Me quedé en shock cuando me dijeron que si recordaba la cara de los asaltantes mejor las olvidara para que no hubiera represalias, ya que se habían llevado mi credencial de elector”, platica Sara.

Especialistas aseguran que el impacto que genera la violencia en México a la ciudadanía va mucho más allá del tema económico, pues también hay daños psicológicos que muchas veces no se toman en cuenta

En la Ciudad de México, los índices más altos de inseguridad se concentran en las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, las cuales en conjunto representan 33 por ciento de la incidencia delictiva de toda la entidad.

De 2016 a 2018, en la alcaldía Cuauhtémoc se iniciaron 85 mil 934 carpetas de investigación, en donde los principales delitos fueron el robo de objetos y fraude

Iztapalapa ocupa el segundo lugar con 84 mil 289 denuncias por violencia familiar y robo a negocio con violencia.

En Gustavo A. Madero se registraron el último año 57 mil 444 indagatorias respecto al robo de negocio sin violencia, robo de objetos, amenazas y fraude.

No muy lejos del tercer lugar se encuentra la alcaldía de Benito Juárez, en los últimos tres años se han generado 55 mil 707 carpetas de investigación relacionadas al robo de autopartes, falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público.

Economía de la delincuencia

Al mirar desde afuera es evidente que México se encuentra reprobado en materia de seguridad a pesar de los esfuerzos impulsados desde el gobierno.

Las cifras no mienten. Al cierre de marzo pasado, la percepción de inseguridad en el país aumentó a 74.6 por ciento, desde el 73.7 por ciento reportado en la última medición de diciembre de 2018, según datos del Inegi.

El sentimiento que más inunda a los mexicanos es que las autoridades no han hecho lo suficiente para garantizar su seguridad, sobre todo, en espacios públicos.

Sin embargo, Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, destaca que este problema no es algo nuevo de esta administración, ya que es un tema que se ha magnificado con el paso de los sexenios.

“El impacto económico que genera la violencia es la herencia de muchos presidentes, pero de lo que se habla poco es que los mexicanos que son víctimas de algún delito también viven con otros daños colaterales en su salud emocional y mental y de estos muchas veces no se recuperan”, precisa

En 2008, se sentó un precedente: los problemas de seguridad en el país hicieron que millones de personas salieran a las calles a exigir a las autoridades la garantía de un Estado de Derecho. En ese mismo año, los tres órdenes de gobierno, activistas y académicos se reunieron para signar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Con el paso del tiempo, los puntos establecidos en el acuerdo quedaron únicamente como buenos deseos.

Hoy, la iniciativa privada en el país, así como asociaciones civiles se han unido de nueva cuenta bajo una misma consigna: acabar con el problema de inseguridad que afecta a toda la República.

Aproximadamente nueve de cada 10 empresarios sufrieron algún tipo de agresión a su persona, hacia algún familiar o en su negocio durante el año pasado, de acuerdo con la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope Servytur).

Raúl Sapien Santos asegura que México vive acechado por la inseguridad, pero esta situación no es exclusiva de unos cuantos. Empresarios, industriales, políticos, comerciantes, profesionistas, estudiantes y cualquier persona está expuesta a ser víctima de un secuestro, desaparición o sufrir robo a mano armada, pero para poner un fin a esta situación se necesita de todas las partes.

“La violencia es como una enfermedad que va evolucionando porque cuando los delitos menores quedan impunes los grupos delincuenciales van escalando y esto fortalece su estructura económica. En este momento, el Estado se encuentra rebasado, pero si los empresarios, la sociedad y el gobierno trabajaran juntos podrían resolver este problema mucho más fácil”.