SLA de la CDMX desaparece por falta de apoyo; ciudadanía queda en la incertidumbre
Tras dos años de operar sin recursos y con dos miembros menos, el Sistema Local Anticorrupción dejó de existir. La estocada final fue la renuncia de los tres integrantes que quedaban en su CPC
David MartínezEl Sistema Local Anticorrupción (SLA) de la Ciudad de México, tras una larga agonía, desapareció.
Fue el pasado viernes 18 de febrero cuando los tres integrantes que quedaban renunciaron al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SLA, con lo que se quedó sin ningún miembro.
Ante la situación, especialistas aseguran que la virtual inexistencia del Sistema es un retroceso en materia anticorrupción.
Con lo que, dicen, se reafirma que el partido en el poder, Morena, rechaza los órganos ciudadanos que supervisan y fiscalizan su trabajo.
Sin embargo, la situación actual del SLA pone fin a un complicado camino para el ente, luego de que la ley del sistema fue publicada con atraso y el primer CPC del organismo fue anulado debido a un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Después de casi dos años de no recibir el apoyo por parte de diversas autoridades y de mostrar su desinterés para Sistema Local Anticorrupción, los integrantes del CPCCDMX hemos decidido presentar nuestra renuncia, agradecidos con la sociedad civil, red CPC y la academia. pic.twitter.com/5dEoqEs3JS
— CPC CDMX (@CPCCDMX) February 17, 2023
La debacle
El 7 de marzo de 2022, Édgar Téllez Padrón concluyó su cargo como presidente del Comité de Participación Ciudadana y como presidente del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SLA, por lo que el ente quedó acéfalo.
La ausencia de Téllez Padrón no fue la única: en 2021 dimitió Hilda Nucci González como integrante debido a la falta de recursos en la instancia.
La renuncia de Nucci González se dio a consecuencia de que el SLA no recibió presupuesto por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para su operación como lo mandataba la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el año 2021.
Como resultado solo quedaron tres miembros en el CPC: Jorge Alberto Vázquez Segura, Ilian F. Maldonado Salvador y Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz.
Además, como no hubo nombramientos de nuevos integrantes ni de un presidente por parte del Congreso de la Ciudad de México, la presidencia del CPC se volvió rotativa entre los tres que quedaban.
No obstante, el 18 de febrero de 2023, Vázquez Segura, Maldonado Salvador y Ramírez Díaz anunciaron su renuncia al sistema al argumentar la carencia presupuestal.
“Esta falta de recursos ha redundado en que no se hayan podido realizar diversas acciones que la Ley del Sistema Anticorrupción mandata, entre otras, la política en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como rendición de cuentas”, detalla un comunicado difundido por el CPC.
Lo anterior ha generado que la Ciudad de México sea la única entidad del país sin una política anticorrupción, según destacó el documento.
Así México lugar 31, tomando como referencia a Somalia lugar 12, y la CDMX sin presupuesto para generar la política anticorrupción pic.twitter.com/NgqPEJds9e
— CPC CDMX (@CPCCDMX) January 31, 2023
Repercusión negativa
Lo sucedido con el SLA de la Ciudad de México tiene una repercusión negativa en el combate a la corrupción y en el diseño de un Sistema Nacional Anticorrupción que fue impulsado desde el sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto, dice Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad La Salle.
“Si en la Ciudad de México no funciona el SLA, implica un incumplimiento de la Constitución y de la ley local”, comenta.
Asimismo, acusa que se afecta a la ciudadanía porque no hay políticas para evitar actos irregulares ni medir el problema.
“La falta de una política para combatir la corrupción en el servicio público genera que no haya sanciones para quienes cometen actos de corrupción”, señala.
Por otra parte, Artemisa Montes Sylvan, especialista en política de la Ciudad de México y directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, acusa que lo sucedido con el SLA es parte del debilitamiento sistemático contra los organismo autónomos por ser contrapesos de los gobiernos.
“Estos órganos están perdiendo la utilidad política y ya no son apoyados por los gobiernos”, comenta.
De igual forma, subraya que la desaparición del SLA representa una pérdida de derechos para la población.
“El primero, es que el SLA era un órgano de control de los recursos públicos y, que ya no esté, abre la puerta a la discrecionalidad en el uso del presupuesto”, explica.
La especialista considera que la falta de apoyo al Sistema es algo contradictorio, pues Morena y el Gobierno capitalino han abanderado el combate a la corrupción.
“Se ha dicho a nivel local que la honestidad y el combate a la corrupción da resultados, pero el órgano que combate a la corrupción ha desaparecido por falta de apoyo del Gobierno”, indica.
Historia de tropiezos
El Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México tiene un historial de obstáculos y retrasos de origen.
La Ley del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue publicada en 2015 y, en un máximo de dos años, todos los estados debían tener su propio sistema local.
No obstante, la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) creó la ley hasta el año 2017. Posteriormente, el primer congreso de la ciudad armonizó los marcos legales correspondientes y, hasta el 2019, tomó protesta el Comité de Participación Ciudadana del SLA.
Este órgano era presidido por Karime Athié Ortiz y tenía la característica de tener más integrantes mujeres que hombres, pero en febrero de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional respecto a la ley del SLA y la declaró inconstitucional.
Según el fallo, el dictamen de ley no fue circulado en tiempo y forma entre todos los integrantes de la VII Legislatura de la ALDF, por lo que todos los nombramientos hechos con sustento en la normativa fueron anulados y el CPC quedó sin efectos legales.
De esta manera, la Ciudad de México tuvo un SLA que sólo operó cuatro meses y después se desintegró.
Ese mismo mes, se dictaminó y publicó una nueva ley del organismo y un año más tarde, en marzo de 2021, el nuevo Comité tomó protesta.
