Sistema Anticorrupción de Jalisco va contra enriquecimiento ilícito de funcionarios
El órgano ciudadano del Sistema Anticorrupción de Jalisco, el Comité de Participación Social, incluyó entre sus prioridades del 2023 la consolidación de los Lineamientos para combatir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, mediante la vigilancia de su patrimonio
Luis HerreraEl Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco estableció como una de sus prioridades para el presente año consolidar la implementación de los lineamientos que harán posible vigilar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos del estado para prevenir y combatir el enriquecimiento ilícito.
Entre los proyectos que desarrollará el Comité en los meses próximos se encuentra el denominado: “Seguimiento a la Implementación de los Lineamientos de Verificación a la Evolución Patrimonial de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco“, de acuerdo con el “Programa de Trabajo Anual 2023” recientemente publicado.
“Instaurar el instrumento de apoyo para realizar la verificación y seguimiento de la correcta evolución del patrimonio y congruencia entre los ingresos lícitos y egresos de las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mediante la implementación de este procedimiento interno se podrá prevenir y detectar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
En el “Informe Anual de Actividades 2021-2022” del Comité, que presentó su anterior presidente, Jesús Ibarra Cárdenas, el 31 de octubre de 2022, se había señalado que la Contraloría del Estado, como instancia responsable de esta vigilancia sistemática sobre el patrimonio de los funcionarios, presentaba ya avances significativos en las bases metodológicas de estas labores anticorrupción.
En coordinación con la Presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, la Dra. Nancy García, y el Mtro. Miguel Hernández, del Comité de Participación Ciudadana, trabajamos una agenda para plantear soluciones a la corrupción en nuestro estado. Es tiempo de transformar a #Jalisco. pic.twitter.com/2S6wCLf5Ec
— MARIA PADILLA ROMO (@MariaPadillaRom) February 9, 2023
La verificación de la evolución patrimonial requiere como insumos las declaraciones de situación patrimonial que deben presentar los funcionarios públicos. Hasta el momento se ha determinado que los campos adecuados para ser evaluados son los siguientes: Datos curriculares; datos del declarante; experiencia laboral; datos de la pareja; ingresos; bienes; vehículos; bienes inmuebles; inversiones y cuentas bancarias; y, finalmente, adeudos y pasivos.
Dice al respecto el informe anual: “Actualmente, ya se cuenta con la metodología para el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos, la cual se encuentra en proceso de validación por parte de la Contraloría del estado, ya que en el primer ejercicio se implementará para el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos del Poder Ejecutivo en la que se tomarán alrededor de 10 a 11 de los apartados más trascendentes de éstas”.
Inteligencia financiera
Como parte de las acciones para prevenir y combatir el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, el Comité de Participación Social también ha impulsado la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la estructura de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, sin embargo, hasta ahora esto no se ha concretado.
Justo por ello, el anterior presidente del organismo ciudadano, incluyó la creación de esta Unidad entre los “temas pendientes” de su gestión: “En la iniciativa de Reforma 2.0 a la normativa del sistema local anticorrupción no se logró contar con un modelo de coordinación operativa entre las instancias del Comité Coordinador, tampoco un modelo abierto de compras, una Ley de Designaciones públicas y del servicio civil de carrera o dotar de una Unidad de Inteligencia Financiera a la Fiscalía Anticorrupción, entre otras”.
No obstante, las herramientas que están previstas por el Sistema Nacional Anticorrupción pueden ser un arma muy poderosa para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito entre los servidores públicos, así lo ha demostrado en el ámbito federal la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Por ejemplo, este periódico ha publicado que dicha Secretaría emprendió 199 indagatorias durante el Gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto por el crecimiento inexplicable o injustificado del patrimonio de sus funcionarios públicos, por un monto de mil 452 millones 614 mil pesos.
De igual forma, durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la misma dependencia ha emprendido 154 expedientes por el aumento inexplicable o injustificado del patrimonio de sus funcionarios, por la cantidad de mil 273 millones 210 mil pesos, según registros proporcionados vía transparencia (folio 330026522001678).
El objetivo es que estas mismas labores que desempeña la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal las reproduzca en Jalisco la Contraloría estatal con su “Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaraciones de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Administración Pública del Estado” una vez que esté consolidado.
Entre las medidas que están identificadas para fortalecer al Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco se encuentran: la creación de “juzgados penales especializados”, y de una “Sala Especializada” en el Tribunal de Justicia Administrativa. https://t.co/KXu6ZutJ7V
— Reporte Indigo GDL (@Indigo_GDL) December 12, 2022
Así está plasmado en el “Programa de Trabajo Anual 2023” del Comité: “Verificar la información y evolución de situación patrimonial y de posible conflicto de interés, de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por los servidores públicos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo de Jalisco, a fin de determinar la veracidad de la información declarada, la evolución lógica del patrimonio y la posible actualización de algún conflicto de interés”.
‘Cuotas y cuates’
Otro proyecto destacable que incluyó el Comité de Participación Social en su “Programa de Trabajo Anual 2023” consiste en impulsar la creación de la “Red Nacional de Designaciones Públicas Abiertas (RENDPA)” como una vía para acotar la discrecionalidad y el amiguismo que suele imperar en la designación de puestos públicos.
El modelo de reparto de cargos públicos conocido coloquialmente como “cuotas y cuates” ha sido muy cuestionado en Jalisco y tiene alcances muy amplios, a tal grado que la conformación del propio Comité ha recibido señalamientos de ser producto de esas mismas prácticas.
“Tiene como propósito monitorear el problema del alto margen de discrecionalidad de las autoridades responsables de los procesos de designaciones públicas locales que detona en la captura de nuestras instituciones públicas y el incremento de la arbitrariedad en el actuar del estado”, dice el documento sobre la RENDPA.
