CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2019.- Como resultado de las acciones y determinaciones de las mesas de Seguridad y Construcción de la Paz que se realizan en la entidad en el marco de la estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz impulsada por el Gobierno de México, 1 mil 800 elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en Zacatecas a partir de este lunes. Este domingo, en las instalaciones del Campo Marte de la capital del país, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador encabezó la toma de protesta de bandera a los 70 mil elementos de la Guardia Nacional que, en una primera etapa, se despliegan en 150 coordinaciones regiones del país, entre ellas las pertenecientes al estado de Zacatecas. El mandatario reconoció el valor, patriotismo y estricta disciplina de los elementos que participan en esta corporación a la vez que los llamó a mantener lealtad, honradez y constancia a su país. En presencia de los integrantes de su gabinete, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, delegados de Programas para el Desarrollo en las entidades y gobernadores, el jefe del Ejecutivo también pasó revista a las unidades que conforman la Guardia Nacional. Dijo además que la creación de esta institución es oportuna porque ahora se pone la protección de los mexicanos en el centro de la estrategia de seguridad del gobierno federal.
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Sin definición de prevención del delito y coordinación en labores de trabajo el Gobierno Federal :ASF

Entre los principales resultados de la evaluación de la ASF se destaca que el Gobierno Federal no contó con una definición explícita de la prevención de delito, es decir, no existe una conceptualización única sobre qué es la prevención resultando en que no se consolide una colaboración coordinada entre las instituciones que tienen a su cargo dicha política

Sin una definición clara sobre qué es la prevención de delito y nulo trabajo interinstitucional para combatir la incidencia delictiva es como ha trabajado el Gobierno Federal durante diez años, así lo revela un informe de la Auditoría Superior de la Federación. 

En la entrega del Tercer Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 de la ASF, se detalla que la revisión de políticas públicas de la prevención del delito de 2008 a 2018 siendo los entes fiscalizados la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Policía Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

Entre los principales resultados de la evaluación de la ASF se destaca que el Gobierno Federal no contó con una definición explícita de la prevención de delito, es decir, no existe una conceptualización única sobre qué es la prevención resultando en que no se consolide una colaboración coordinada entre las instituciones que tienen a su cargo dicha política. 

De acuerdo con la ASF, el diseño de la política de la prevención del delito no fue adecuado para atender de forma integral el problema, además, presentó inconsistencias e incongruencias las cuales obstaculizaron los factores de riesgo que incrementan las probabilidades de la comisión del delito. 

También se menciona que las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Segob, Shcp, Sedesol, Stps, entre otras), si bien sí instrumentaron acciones para la atención de los factores de riesgo que propician al delito, éstas estuvieron ligadas a sus labores y no se diseñaron instrumentos para medir su contribución ni se acreditó que su implementación se haya llevado a cabo en zonas y poblaciones prioritarias ya sumidas en la delincuencia, con mayor riesgo de integrarse a actividades ilegales o de ser víctimas de ellas. 

En un ejemplo por la falta de fortaleza en las acciones implementadas para la contención del delito se menciona que la Policía Federal llevó a cabo cuatro mil 218 operativos, sin embargo, no se pudo determinar si su actuación se basó en un modelo preventivo o de persecución de sucesos delictivos. 

En cuanto a la prevención de la reincidencia delictiva, la Auditoría retomó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que en los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) prevalecieron deficiencias e insuficiencias, por ejemplo en el personal de seguridad y custodia, los servicios de salud de actividades laborales educativas y deportivas lo cual puede suponer la omisión u otorgamiento limitado e ineficaz en los programas de reinserción social. 

Por otra parte, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social indicó que no se cuenta con una obligatoriedad de realizar un registro de las personas que reingresan a los centros penitenciarios, es decir, no se sabe quien ingresó más de una vez ni los delitos cometidos en cada reingreso lo cual obstaculiza saber la efectividad de los programas de reinserción social en la población penitenciaria que participó en ellos. 

La principal sugerencia de la ASF para la correcta prevención de delito es reformar la Ley General del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública o en su caso emitir una Ley de aplicación general en materia de prevención del delito, para que se conceptualice de forma explícita qué es la prevención del delito sus objetivos y los modelos de política que la conforman. 

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