El impuesto verde que impuso el gobernador Samuel García Sepúlveda a las empresas de extracción de piedra caliza e industria podría parecer una simulación para combatir la contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).

Las empresas serán juez y parte no sólo en la fase del Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas (PRCA), sino también a la ahora de reportar su contaminación.

Un formato en poder de Reporte Índigo exhibe que las compañías llenarán este documento para entregarlo a la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Alfonso Martínez. Serán las mismas empresas las que darán a conocer las medidas aplicadas en la fase del PRCA, sin necesidad de que la dependencia tenga que verificar los datos.

“REPORTE PRCA. Reporte de Emisión extraordinaria no programada”, se lee en el formato. Luego se solicitan datos de identificación del establecimiento como nombre, domicilio, actividad o giro, notificador responsable, puesto, correo electrónico y teléfono.

De acuerdo con fuentes empresariales, este formulario será la base para el impuesto verde que será aplicado este año a 162 fábricas y 22 pedreras. Ahí reportarán la reducción de emisiones durante la contingencia atmosférica.

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Pero sin un testigo social o algún funcionario estatal que vigile el reporte no se podrá comprobar que las pedreras cumplieron con reducir la contaminación. Basta con lo que registre el personal responsable de reportar el evento.

Para que se tenga certeza de la cantidad de emisiones contaminantes que a diario emiten las empresas en la ZMM, tendrían que hacer públicos los resultados arrojados por sus propias estaciones de monitoreo ambiental  que están obligadas a tener por la norma NOM172-SEMARNAT-2019.

Pero hay resistencia de las empresas de hacer público su monitoreo.

Formato de llenado a modo

La última parte del llenado del formato establece las medidas que ejecutó cada empresa por la emisión de partículas contaminantes para la fase del PRCA y su descripción.

Por ejemplo, se pide el listado de equipo y actividades suspendidas, así como el cálculo de las emisiones reducidas. Además se solicita evidencia fotográfica de las acciones implementadas por las empresas.

Asimismo, se pide una descripción de las medidas efectuadas durante el episodio por etapa, tales como preventiva, alerta, contingencia fase I y contingencia fase II.

El biólogo Antonio Hernández considera que el impuesto verde no garantiza la reducción de la contaminación del aire, pues tendrían que aplicarse políticas públicas adecuadas que vigilen las emisiones además de regular a las empresas.

“Lo que nos ha dicho en el discurso el Gobierno de Nuevo León es que lo recaudado por el cobro de este impuesto se va a aplicar para compensar los efectos negativos de la contaminación por pedreras. Pero compensar no implica reducir, lo que necesitamos es una política pública que reduzca las emisiones que se generan en la atmósfera por las ganancias económicas que genera este tipo de establecimientos”, concluye el experto.