A siete años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha logrado la identificación de tres estudiantes, el hallazgo de casi 900 restos, así como la emisión de 45 órdenes de aprehensión, pero muchas pruebas esenciales para conocer la verdad se han perdido.

Así lo explica Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, quienes fueron desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

El defensor dice que el objetivo de instituciones como la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fue ocultar la verdad a las familias y entorpecer las investigaciones, incurrir en actos de tortura, manipular evidencias y obtener declaraciones falsas para encubrir a funcionarios del más alto nivel.


“Tenemos dos años que se ha tratado de hacer una investigación diferente, se ha tratado de reconstruir esta investigación, de hacerla más objetiva, más genuina, sin embargo, ya muchos datos de prueba están desvanecidos, ya muchos hilos que conducían al conocimiento de la verdad fueron difuminados por el paso del tiempo y se hace más difícil poder arribar al conocimiento de la verdad y es ahí donde ahora nos encontramos”

Vidulfo Rosales

Abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido voluntad política para resolver este asunto y ha mostrado disposición, Rosales acusa que dentro del propio Estado mexicano existen instituciones que estuvieron inmiscuidas en la desaparición de manera directa o indirecta y siguen sin colaborar.

“Me refiero a la Fiscalía General de la República (FGR) cuyos funcionarios del más alto nivel estuvieron involucrados en la manipulación de las evidencias y en la tergiversación de los hechos para conocer la verdad.

“Me refiero también a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque hay datos de prueba que indican que elementos del 27 Batallón de Infantería tuvieron un grado de participación en la desaparición de los jóvenes. Estas dos instituciones y otras como el Cisen, que recopilaron información importante, hoy en día no la ponen a disposición de las autoridades o se ha destruido mucha información”, dice el abogado.

Obstáculos desde el gobierno

Vidulfo Rosales menciona que a siete años de la desaparición masiva de los estudiantes, estas instituciones no están contribuyendo al esclarecimiento de los hechos pese a que desde la presidencia se les pidió comprometerse con el caso, lo que retrasa las investigaciones.

Entre los logros se encuentran las 45 órdenes de aprehensión emitidas, una de ellas contra Tomás Zerón, quien era el titular de la Agencia de Investigación Criminal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y es acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.

También que algunos ministerios públicos que incurrieron en alguna irregularidad ya se encuentran detenidos, se ha logrado el hallazgo de casi 900 restos y se ha identificado en este sexenio a dos estudiantes más, pero ha habido más obstáculos que logros.

“Digamos, es el balance: son los logros que hoy se pueden numerar y de ahí lo que tenemos son obstáculos de estas instituciones que no han colaborado de acuerdo con una desaparición forzada de la envergadura del caso Ayotzinapa”, dice.

“Han sido identificados tres estudiantes, dos en este gobierno y uno que fue identificado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto con irregularidades, está viciado el proceso de identificación de Alexander Mora Venancio”, señala.

43 normalistas de Ayotzinapa, parteaguas en desaparición forzada

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, fue un parteaguas en el tema de la desaparición forzada en México, dice Vidulfo Rosales.

“Primero porque eran estudiantes jóvenes de una normal rural, campesina y, digamos, porque es una desaparición en un solo hecho, una desaparición masiva, una agresión masiva contra estudiantes en el que participaron todas las instituciones y todas las fuerzas de seguridad, un operativo de gran envergadura, una agresión masiva que creo que conmocionó al mundo y despertó los peores horrores de la desaparición forzada que se han cometido en el mundo”, explica.

Pero además reveló la colusión que existe dentro de los cuerpos de seguridad, de la clase política, de las autoridades municipales y estatales que hace posible que la delincuencia organizada sobreviva.

“Creo que esto es lo que puso en la mesa el caso Ayotzinapa, pero tristemente en vez de que se tomaran medidas para revertir esta problemática creo que este punto de quiebre no fue aprovechado por las autoridades para efecto de establecer medidas de no repetición”, menciona.

Por ejemplo, hoy en día Iguala sigue siendo uno de los municipios más violentos de México, lo cual evidencia que no se implementaron medidas y la problemática no se revirtió, es decir, que el entramado criminal que hizo posible la desaparición de los jóvenes normalistas siguió intacto y no se desarticuló.

“El otro tema es la falta de acceso a la justicia, las deficiencias que tienen los órganos de investigación. La investigación de una desaparición forzada es tortuosa, tardada, no hay esta sensibilidad de los funcionarios públicos para investigar de manera pronta una desaparición forzada, no se realizan búsquedas”.

Acusan falta de avances

Las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalaron en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador que no hay avances en el caso.

El viernes, en el marco de los 7 años de la desaparición, reclamaron que no han sido cumplimentadas 40 órdenes de aprehensión y exigieron la extradición de Tomás Zerón.

También señalaron que no ven que se profundice en la investigación al Ejército mexicano y compararon a la FGR con un elefante reumático debido a que no hay avances.

También puedes leer: Marchan en la CDMX a 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa