Siempre los mismos

En México existen 10 estados que desde hace seis años han recibido la mayor parte de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), a pesar de que no se ha medido el alcance ni la efectividad en su ejercicio y que en otras entidades ha aumentado el índice delictivo.

De 2008 a la fecha, el Gobierno Federal ha otorgado los 10 mayores presupuestos de seguridad a los mismos estados, aunque los índices delictivos en esas entidades han ido en aumento año con año, y se han registrado variables en los criterios y condicionantes para otorgarlos.

“El reparto de recursos a los estados en materia de seguridad obedece más a criterios políticos que técnicos, estos últimos ni siquiera son claros”, opina Dante Haro, director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en una entrevista con CNN México. 

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dependencia responsable del FASP, los recursos se distribuyen de acuerdo con el número de habitantes, índice delictivo, índice de ocupación penitenciaria y avances en programas y convenios.

“La pregunta es: ¿qué debe pesar más para que una entidad cuente con más recursos, un aumento o un descenso en los índices delictivos?” cuestiona Hope, como parte de los criterios a revisar y clarificar en el fondo.

Según un análisis al FASP elaborado este año por el IMCO, 

dentro de las ponderaciones utilizadas por el gobierno, el 70 por ciento tienen que ver con “premiar” a las entidades que disminuyan sus índices delictivos, que muestren avances en la depuración de sus cuerpos policíacos y cuenten con sistemas de indicadores robustos y completos.

El fondo federal más importante en materia de seguridad crecerá 3.8 por ciento en 2014, totalizando 7 mil 631 millones de pesos, según el proyecto de presupuesto enviado por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados, esto, a pesar de que en años anteriores ha habido un ejercicio discrecional.

La distribución de este monto entre los estados beneficiados se dará a conocer en enero del 2014, una vez que se apruebe el Presupuesto de Egresos. 

“Desde su creación, este fondo no ha tenido pocas variaciones en sus criterios, es momento de revisarlos y ajustarlos”, señala Hope.

En la entrevista publicada por el portal de CNN México, el analista coincide respecto a que las variables que se consideran para el reparto, aunque están establecidas en la ley, “no son claras”.

Uno de los elementos que toma en cuenta el Gobierno Federal para el reparto de recursos es la medición de los índices delictivos, que han variado medianamente desde 2008 en las 32 entidades.

Sin embargo, la reducción de incidencia delictiva al parecer no ha sido un factor determinante, pues desde hace cinco años son Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Baja California, Sonora, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas han sido beneficiados.

En cambio, entidades como Chihuahua y Guerrero, que registraron el mayor número de homicidios dolosos en 2012, con un promedio de 77 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no recibieron el FASP.

Tampoco se ha incluido a Michoacán, que en 2012 encabezó la lista de los estados con más secuestros (135) y que en lo que va de este año también va a la cabeza, con 107.

Morelos, que se mantiene entre los primeros 10 lugares en cuatro de los cincos delitos de alto impacto —homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo a vehículo con violencia— tampoco ha recibido dinero de este fondo, señala CNN.

Entre los 10 estados más beneficiados por el FASP están Baja California, Chiapas, Puebla y Sonora, los cuales no se encuentran entra las entidades con mayor número de homicidios dolosos.

En el caso de Baja California y Puebla, se encuentran entre los estados con más denuncias por extorsión, en este último caso, con registros 30 por ciento por debajo de lo que tiene Michoacán.

Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, el FASP recibió entre 1999 y 2009 51 mil 308 millones de pesos; 12 entidades recibieron en promedio 55.6 por ciento de los recursos presupuestarios, y -en contraste- ocho entidades recibieron menos del 2 por ciento.

El mismo informe señala en sus conclusiones que la mayoría de las compras con esos recursos se asignaron de manera directa, cuando debieron licitarse. 

Refiere que en general, ninguna de las entidades alcanzó los compromisos en materia de seguridad, justicia y legalidad a los que se comprometió.