El senador panista, Julen Rementería del Puerto calificó como ilegal la decisión de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, al desechar por anticipado la controversia constitucional solicitada por 53 legisladores en contra del “decretazo” del presidente de la República, mediante el cual elimina todas las disposiciones legales y otorga opacidad a las obras de infraestructura de su gobierno.
Por su parte, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) hizo un extrañamiento a la presidencia de la Mesa Directiva, “al utilizar criterios jurídicos diferenciados y al rechazar impugnar un decreto presidencial que, a todas luces, invade competencias legislativas y, por lo tanto, puede y debe ser controvertido por el Senado de la República”.
Ayer, Olga Sánchez Cordero manifestó su postura jurídica sobre la petición de 53 senadoras y senadores para presentar una controversia constitucional contra el Acuerdo del Poder Ejecutivo en materia de proyectos de obra pública considerados como de “seguridad nacional” y publicado el 22 de noviembre.
En su postura, la presidenta manifestó que el Senado de la República “carece de interés legítimo” para combatir el Acuerdo, ya que no existe agravio contra el Poder Legislativo.
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Al respecto, Julen Rementeria consideró que la presidenta interpreta o añora aquellos tiempos cuando fue ministra de la Corte y lo que quiso hacer es una interpretación, como si ella tuviera que hacer una ponencia o una propuesta, como si fuera parte de la Corte, como si fuera ponente, y lo que tuvo que hacer es simplemente solicitar el escrito para que se presentara esta controversia”.
Este decreto es la parte más oscura de un gobierno democrático, es un retroceso realmente impresionante, porque nadie va a poder saber qué pasa con las obras, a quién se le contratan, a qué precio se le contratan, cuándo debe iniciar y cuándo debe terminar.
No hay necesidad de cumplir con ninguna disposición en la ley, de ninguna obra del gobierno, así lo dice el famoso decreto, lamentó Rementeria del Puerto.
Los legisladores de MC, por su parte, hicieron un nuevo llamado a la presidenta del Senado para revisar la procedencia de que este órgano legislativo presente una controversia constitucional contra el “decretazo presidencial”, en aras de salvaguardar el Estado de derecho y esperar a que el máximo órgano de control constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva lo conducente.
