¡Tu navegador no soporta JavaScript!
Reporte
Nacional

LEYCHAROLA

Senado contra la ‘charola’

Imelda García

Los partidos de oposición impulsan desde el Senado la existencia de un zar anticorrupción con plenas facultades para llevar a la cárcel a los funcionarios y a los particulares que cometan delitos de corrupción.

Junto con las organizaciones civiles, buscan que exista la figura de un fiscal anticorrupción independiente y autónomo.

Junto a este esfuerzo en la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, durante esta Legislatura varios congresistas han presentado otras iniciativas para poner en el foco de atención pública al combate a la corrupción.


Abr 13, 2016
Lectura 7 min

"Quien ‘charolea’ es aquel que por ejercer una función pública, presume que tiene una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, por lo que merece un trato privilegiado, según él”

- Luis Humberto Fernández

Senador del PRD

La propuesta, presentada por el senador Luis Humberto Fernández, pretende que se sancione a los servidores públicos que utilicen su ‘charola’ para obtener privilegios o burlar la ley

Los partidos de oposición impulsan desde el Senado la existencia de un zar anticorrupción con plenas facultades para llevar a la cárcel a los funcionarios y a los particulares que cometan delitos de corrupción.

Junto con las organizaciones civiles, buscan que exista la figura de un fiscal anticorrupción independiente y autónomo.

Junto a este esfuerzo en la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, durante esta Legislatura varios congresistas han presentado otras iniciativas para poner en el foco de atención pública al combate a la corrupción.

Una de ellas, por ejemplo, es la iniciativa presentada para castigar “el charoleo”.

La propuesta, presentada por el senador Luis Humberto Fernández, pretende que se sancione a los servidores públicos que utilicen su “charola” para obtener privilegios o burlar la ley.

En otra, del mismo legislador, se trata de tipificar a los delitos de corrupción como delincuencia organizada porque en ambas subsiste el mismo principio de creación de redes para delinquir.

Mientras, como parte del paquete de legislación secundaria en materia anticorrupción, el PAN y el PRD aprovecharon para presionar al PRI y al PVEM y sacar adelante los lineamientos de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que presentaron una iniciativa.

En esta fiscalía se especificarían las nuevas facultades del zar independiente que luchará contra la corrupción.

La puesta en marcha de esta nueva fiscalía es el fondo del debate en las diferencias que existen en las leyes anticorrupción impulsadas por el PRI y el PVEM y los cambios que quiere hacer la oposición.

Por un lado, el PRI y el PVEM proponen que en cada dependencia haya órganos de control interno que vigilen y persigan los actos de corrupción en las secretarías de Estado. Estos órganos de control estarían bajo la supervisión, a su vez, de la Secretaría de la Función Pública, dirigida actualmente por Virgilio Andrade.

Piden fiscal más fuerte

Los legisladores de oposición propusieron que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sea el principal encargado de prevenir, conocer e investigar los delitos de los servidores públicos y los particulares que cometan actos de corrupción.

Dicha fiscalía se encontraba pensada como parte de la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, cambio que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado.

Sin embargo, para evitar el retraso de entrar en todo el tema de la FGR, los senadores panistas y perredistas pidieron modificar solo la Ley Orgánica de la existente PGR para incluir ahí las facultades de la nueva fiscalía y los métodos de nombramiento del fiscal anticorrupción.

La primer característica de la nueva fiscalía es que será independiente, tanto técnica como operativamente, para investigar y tratar los delitos de corrupción.

La propuesta es que tenga una estructura de unidades administrativas regionales para dar seguimiento a las investigaciones en todo el país.

Se prevé garantizarle recursos por al menos el 4 por ciento de lo que se le otorgue cada año a la PGR.

En el nombramiento del titular de la nueva fiscalía, el PAN y el PRD pretenden que el Ejecutivo no tenga ninguna injerencia.

“El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Podrá ser removido libremente por el procurador general de la República, dicha remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores”, sostiene la propuesta.

Este fiscal tendrá entre sus facultades la de nombrar a los agentes del Ministerio Público especializados en delitos de corrupción. También podrá coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación que esté bajo su mando.

Podrá solicitar información a la Secretaría de Hacienda que le resulte útil a sus investigaciones; y emitir dictámenes y peritajes que sobre hechos de corrupción sean requeridos.

Tendrá la facultad de atracción de delitos de corrupción en el fuero común, además de investigar y perseguir los que sean de orden federal y otras funciones de combate a este delito.

“(Podrá) ordenar el aseguramiento o solicitar el decomiso, según corresponda, de bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, cuyo valor equivalga a dicho producto”, establece la iniciativa.

El zar anticorrupción también puede iniciar y formular la demanda y llevar a cabo todas las diligencias judiciales para el juicio de extinción de dominio si existen casos de enriquecimiento ilícito.

El fiscal anticorrupción tendrá el mismo nivel de un subprocurador de la PGR y se equiparará con el fiscal contra delitos electorales.

Tanto el PAN como el PRD han afirmado que la creación de la Fiscalía de Combate a la Corrupción es una de las demandas irreductibles en la discusión de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Lo que queremos en este frente común es una fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción, con plenas capacidades para integrar las averiguaciones, ejercer acción penal y llevar a los corruptos a donde deben estar: la cárcel”, ha dicho Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN.

Otros esfuerzos

Entre todas las iniciativas que se discuten para armar las del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, en el Congreso de la Unión se han presentado algunas propuestas que pretenden terminar con cadenas de corrupción o de privilegios.

Una de ellas es la iniciativa presentada por el senador perredista Luis Humberto Fernández para castigar el “charoleo”.

El uso de la llamada “charola” es el de la credencial o placa que identifica a un servidor público y de la que se vale para obtener un trato diferenciado o una excepción a la ley.

“(A la charola) suele dársele el uso equívoco de infundir respeto y temor, un despliegue de poder, atribuible únicamente al estatus que otorga el ser empleado gubernamental.

“Quien ‘charolea’ es aquel que por ejercer una función pública, presume que tiene una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, por lo que merece un trato privilegiado, según él”, expuso Fernández en su iniciativa.

El charoleo quedaría inscrito dentro de los delitos de tráfico de influencias en el Código Penal Federal.

Comentarios