Senado aprueba Ley de seguridad interior; ONU lo califica de “lamentable”

A pesar de que los partidos de oposición solicitó reserva a todos los artículos de la ley, PRI, PVEM y PAN, las desecharon

Con 71 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, fue aprobada la madrugada de este viernes, en lo general y en lo particular la Ley de seguridad interior (LSI) en el Senado de la República, en una discusión que duró más de 12 horas.

La LSI tuvo el respaldo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Verde Ecologista (PVEM) y de Acción Nacional (PAN), ante las protestas en contra de organizaciones de la sociedad civil y organismos como la ONU-DH, la CIDH, la CNDH y el INAI.

Por su parte, los partidos de oposición, a pesar de reservar los 34 artículos y los 5 transitorios que conforman la Ley, los partidos a favor desecharon cada reserva.

Durante la discusión que inició la tarde del jueves y se extendió hasta las primeras horas del viernes, la oposición acusó a la mayoría de los senadores priistas, panistas y del verde, de avalar la militarización del país, al considerarla un norma que viola la constitución y que pone en riego los derechos humanos de los ciudadanos.

La senadora tricolor, Cristina Díaz, presidente de la Comisión de Gobernación, negó que la LSI militarice al país. “No se militarizan las calles; al contrario, se pone orden”, dijo.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos calificó como “lamentable” que el Senado aprobara la Ley. Este órgano internacional ha considerado ambigüedades en ciertos puntos y ha expresado que su contenido es laxo en situaciones en las que las autoridades podrían usar la fuerza.

El INAI ha hecho énfasis en el articulo 9 de la Ley, el cual transgrede el principio de máxima publicidad y viola el derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución, debido a que faculta a la autoridad para que reserve información de su actuar en labores de seguridad.

En tanto, el colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por 140 organizaciones de la sociedad civil, académicos y artistas, así como las universidades Nacional Autónoma de México, la Iberoamericana y la de Guadalajara, mostraron su descontento y solicitaron a los legisladores ampliar el diálogo y escuchar sus recomendaciones.