Seguridad vial, el debate que viene

07 de Ene, 2019

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Los accidentes viales en México arrancan miles de vidas cada año, tanto que es la primera causa de muerte en personas de entre uno y 24 años de acuerdo con datos del Inegi.

La falta de cultura vial, de infraestructura, así como los vacíos y diferencias en las legislaciones sobre seguridad vial en los tres niveles de gobierno, no contienen esta situación.

Entre el año 1997 y el 2017 han ocurrido en promedio mil 58 accidentes viales cada día, según las cifras del Inegi; es decir, 386 mil 500 en promedio por año

Estos accidentes de tránsito acabaron con la vida de 118 mil 360 mexicanos en los últimos 21 años y también dejaron heridos a 2 millones 656 mil 880.

La gravedad de la falta de seguridad vial en todo el país ha motivado a organizaciones de la sociedad civil a buscar que se implemente una legislación a nivel federal para homologar reglamentos viales y así evitar que el salir a la calle como peatón, ciclista o conductor de un automóvil tenga un alto riesgo de muerte.

Estas organizaciones también pretenden que los decesos y lesiones por sucesos de este tipo sean considerados un problema de salud pública debido a su alta incidencia.

Actualmente, en el Senado de la República se encuentra la iniciativa para la creación de la Ley General de Seguridad Vial, y su discusión podría darse durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero.

Esta propuesta abrirá un debate sobre la homologación de reglamentos a nivel federal, ya que busca que gobiernos estatales y municipales armonicen su legislación de seguridad vial de aprobarse la Ley General.

Pese a que la iniciativa de la Ley General de Seguridad Vial intenta imitar las legislaciones en otros países en los cuales los reglamentos son uniformes en todas sus demarcaciones, en México podría enfrentar diversos obstáculos.

Uno de esos escollos es el federalismo con el que pretende trabajar esta Ley, debido a que la homologación de reglamentos dependerá del acuerdo de dependencias federales, estados y municipios para llevar a cabo su implementación y sobre todo cumplir con las acciones que promuevan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en torno a la planeación de vialidades o a la Secretaría de Hacienda en cuanto a la inversión en infraestructura.

En la exposición de motivos, la iniciativa de ley determina que esta problemática debe ser abordada desde la “visión cero”, que es tomar en cuenta cada accidente de tránsito como un hecho que puede prevenirse.

El trabajo en conjunto será indispensable para la implementación de esta nueva normativa, asegura Víctor Fuentes Solís, senador del PAN e integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

“Debe prevalecer la conciencia, la responsabilidad y la voluntad en esta problemática que cobra miles de vidas inocentes al año. Nadie tiene la menor duda que por su gravedad, se ha convertido en un importante tema de seguridad nacional. Los accidentes viales son evitables, por y para ello, hay que trabajar”, mencionó Fuentes Solís en entrevista con Reporte Indigo.

Las muertes y las heridas provocadas por percances de tránsito alcanzaron una cifra tan grande al grado de naturalizarse, asegura Areli Carreón, fundadora de la organización Bicitekas, la cual fue una de las impulsoras de esta nueva Ley.

“Es necesario tener un avance en seguridad vial a nivel nacional y construir la noción y la visión en toda la sociedad. La calle no es un lugar para morirse, no es natural salir a la calle y no regresar porque alguien te puede atropellar”

Cambios contundentes

La iniciativa para la creación de la Ley General de Seguridad Vial propone cambios en los esquemas de los tres órdenes de gobierno debido a que pretende instalar un sistema único a nivel nacional para evitar la alta incidencia de accidentes de tránsito.

La mayor de las modificaciones corresponde a la adecuación de todos los reglamentos viales a la Ley General que de ser aprobada dictaría las precisiones en la materia que van desde la señalización de las vialidades, estrategias y programas de seguridad en el tránsito, hasta la atención prehospitalaria.

La propuesta de Ley también contempla la creación de nuevos organismos para la vigilancia de las normas y un Sistema Nacional de Seguridad Vial el cual tiene como objeto la implementación de acciones, programas, criterios, políticas públicas y normas para garantizar el desplazamiento seguro de los ciudadanos

Además se crearía una Agencia Nacional de Seguridad vial sectorizada a la Secretaría de Gobernación, la cual contará con autonomía técnica de decisión y gestión para formular un Programa Nacional de Seguridad Vial; asimismo estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y planeará las políticas públicas en la materia. También se encargará de reunir las estadísticas sobre la incidencia de percances en las vialidades.

En su interior, la Agencia contará con un Observatorio de Seguridad Vial que será un ente que realizará análisis, recolección y sistematización de los datos para garantizar la seguridad de la ciudadanía en las vialidades y gestión del tránsito en la vía pública.

“El Sistema (Nacional de Seguridad) fijará objetivos, estrategias y prioridades, así como criterios basados en información certera y estudios de factibilidad, los cuales deberán permitir la revaluación y adaptación de los objetivos, estrategias y prioridades planteados”, señala la iniciativa.

Para esta legislación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le corresponderá ser el enlace por parte de la federación para realizar los manuales de señalización vial y de dispositivos de seguridad “con los estándares internacionales y que serán aplicables en todo el territorio nacional”, señala el proyecto

También tendrá la atribución de vigilar la seguridad en las vialidades teniendo como prioridad la construcción, mejoramiento y conservación de las vías generales de comunicación.

Además de su visión de prevención de daños, la propuesta de Ley General también contempla que el Plan Nacional de Seguridad Vial priorice dar atención a las consecuencias de los accidentes de tránsito.

En el artículo ocho señala que en el Plan Nacional para garantizar la seguridad en las vialidades se debe de contemplar el mejoramiento de los servicios de atención médica prehospitalaria e intrahospitalaria por accidentes de tránsito.

En el artículo 74 se señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno también deberán contar con servicios homologados en cuanto la atención médica que brinden a las personas que sufran un accidente.

Esta normativa tendrá alcance en cuanto a las unidades de atención médica prehospitalaria, el equipamiento y protocolos de acción, así como el perfil del personal que opere y responda ante una emergencia.

Para Areli Carreón de la organización Bicitekas la legislación propuesta cuenta con elementos de avanzada que toman en cuenta algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a la seguridad en las vialidades

Entre estos pilares mínimos que la OMS reconoce como indispensables para garantizar el tránsito seguro de la población y que se toman en cuenta en la legislación se encuentran el propiciar calles seguras, normas adecuadas que rijan la expedición de licencias o registros nacionales vehiculares, atención primaria preventiva para los accidentes de tránsito y la vigilancia de que se cumplan las conductas que marcan las leyes de cada país.

De implementarse estos cambios en la legislación, México se convertiría en el primer país de América Latina en hacerlo. Además de que México cuenta con una de las tasas más altas de incidencia de accidentes y de muertes por estos sucesos”, apunta Carreón.

La aprobación de la iniciativa para crear la Ley General de Seguridad Vial no sólo homologaría los reglamentos viales en todo el país, también se crearían nuevos órganos de vigilancia y se generaría una nueva estrategia para evitar este tipo de accidentes

Los puntos clave de la Ley General de Seguridad Vial

• El Sistema buscará la homologación de reglamentos viales a nivel federal, estatal y municipal
• Promueve la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Vial y una Agencia Nacional con el propósito de que se elaboren políticas públicas en la materia
• Contempla la creación de un Observatorio que recolecte los datos sobre la seguridad vial de la ciudadanía y los percances de tránsito
• La SCT se encargará de marcar las normas para la señalización y la SHCP emitirá recomendaciones a los gobiernos locales para la inversión en infraestructura
• El proyecto de la LGSV contempla la homologación de atención prehospitalaria e intrahospitalaria por accidentes de tránsito

Solución a largo plazo

Activistas y legisladores coinciden en que la implementación de una ley para garantizar la seguridad vial en todo el país será un hito en México, pero también un desafío que necesita del esfuerzo de las autoridades y sobre todo tiempo para su implementación.

El mayor reto de esta nueva Ley General de Seguridad Vial, por la forma en la que está planteada será hacerla operable, asegura la senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis.

“Desde la óptica de la administración pública, en esta Ley se hacen demasiadas peticiones que se convierten en deseos que al momento de ser aprobados se hace muy difícil que funcionen”, explicó en entrevista.

Kempis asegura que la desigualdad en cuanto a infraestructura e inversión entre los municipios, marcará también los vacíos en la legislación, la cual podría no tener los alcances que pretende como lo marca su iniciativa en un plazo inmediato y eso podría convertirse en una dificultad más que en una solución para gobiernos a nivel local.

La desigualdad en cuanto a infraestructura e inversión entre los estados y municipios podría convertirse en una de las principales dificultades para poder implementar la Ley de Seguridad Vial en caso de que se apruebe

“Desde mi óptica, sí considero que el reto más grande es cómo hacemos que una ley federal realmente sea operable y que no sea más bien una carga más para los estados y municipios y que termine siendo entonces como muchas leyes, una justificación para que cualquiera se pueda amparar; que no vaya más allá de una carta de buenos deseos”, indica la senadora.

La propuesta de Indira Kempis, quien es integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda en el Senado, es que se haga un análisis exhaustivo en cada estado y municipio para determinar cuáles son sus necesidades y con base en ello realizar las modificaciones a sus sistemas viales.

En cuanto a la inversión de recursos públicos para garantizar el desarrollo vial en el ámbito de la infraestructura, la iniciativa de Ley detalla que se constituirá un Fondo Nacional de Seguridad Vial, con el propósito de “financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de accidentes de tránsito”, según el artículo 29.

La fracción V del mismo artículo señala que el Fondo podrá recibir aportaciones del Gobierno Federal y de cualquier tipo de personas, así como las contribuciones que determinen las leyes respectivas.

Los recursos también se prevé que sean dirigidos en fondos federales como el Fondo Metropolitano -el cual cuenta con un presupuesto de 3.3 mil millones de pesos para ejercerse en este 2019- y el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

En materia de presupuesto, el senador Víctor Fuentes coincide en que se deben de especificar las necesidades de cada demarcación para poder cumplir con la nueva Ley de Seguridad Vial y la temporalidad para que esta funcione correctamente.

“No necesariamente la implementación de todas las políticas públicas representa grandes inversiones, pero tampoco se puede hacer todo en un año, por eso es indispensable definir el rumbo adecuado”, agregó el legislador panista.

Pese a que la propuesta de Ley marca una fuente de recursos, estos podrían ser insuficientes para acabar con la falta de infraestructural que enfrentan los municipios; desde los más urbanizados hasta los menos conurbados, asegura Areli Carreón.

La nueva ley con la que se busca regular la seguridad vial en todo el país contempla no sólo cambios en la normativa actual, sino una reestructuración completa que podría tomar varios años en poder implementarse por la complejidad de la misma

“El déficit de infraestructura se padece a toda escala, en toda ciudad grande o pequeña. Pero es posible ir transformando paulatinamente esta realidad y sobre todo hacer diagnósticos para entregar más recursos en donde haya la mayor cantidad de necesidades urgentes”, añade la fundadora de Bicitekas

Las cifras de la incidencia

La creación de la Ley General de Seguridad Vial tiene el propósito de evitar las muertes en percances de tránsito.

Las autoridades deberán poner atención en entidades que son focos rojos, pues en sus calles ocurren la mayor cantidad de accidentes con respecto a todo el territorio nacional.

Datos del Inegi revelan que en 2017 ocurrieron 367 mil 789 accidentes de tránsito. No obstante, el 46 por ciento de los registros, es decir, poco más de 170 incidentes, los concentraron cinco entidades.

En las vialidades de Nuevo León se registraron la mayor cantidad de accidentes viales con 77 mil 620 durante el año pasado. Dicho estado concentró el 21 por ciento de estos casos de todo el país.

A Nuevo León le sigue otro estado del norte, Chihuahua, en donde ocurrieron 28 mil 631 accidentes viales; Jalisco ocupa la tercera posición con 24 mil 465; Guanajuato con 20 mil 324; y Baja California con 19 mil 025.