Seguridad pública: descansa en paz
En el 2006 Felipe Calderón recibió un país socialmente convulso tras la estrecha victoria electoral, y un territorio nacional en donde durante décadas incubaron organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Heredó un escenario en el que un problema de seguridad pública rápidamente evolucionó a uno de seguridad interior convirtiéndose así en una amenaza nacional.
La violencia exorbitante incrementó y se esparció por diversas zonas del país.
Rodrigo VillegasDecapitados, descuartizados, colgados, quemados, ejecuciones masivas y balaceras públicas, recrudecieron la disputa de poder
Exámenes de control de confianza: De los 500 policías locales (estatales y municipales) solo el 15% ha pasado los exámenes de control de confianza.
Anualmente cruzan aproximadamente 2 mil millones de dólares producto del comercio ilícito de drogas
Con 3 mil kilómetros de frontera terrestre, el país es la puerta grande al mercado de drogas más importante del mundo
En el 2006 Felipe Calderón recibió un país socialmente convulso tras la estrecha victoria electoral, y un territorio nacional en donde durante décadas incubaron organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Heredó un escenario en el que un problema de seguridad pública rápidamente evolucionó a uno de seguridad interior convirtiéndose así en una amenaza nacional.
La violencia exorbitante incrementó y se esparció por diversas zonas del país.
Fueron las consecuencias de políticas públicas fallidas durante las dos administraciones previas. Acciones que el gobierno ejecutó sin apuntar, y de oportunidades que no supo aprovechar.
También fue el resultado de un mal diagnóstico, que ante la urgencia de legitimarse como presidente de la República, tuvo que realizar de bote pronto con una mirada miope.
Esto impidió que Felipe Calderón y su equipo diseñaran una estrategia integral de seguridad interior que abarcara un esfuerzo multidimensional para combatir la problemática que alimenta el crecimiento del crimen organizado en nuestro país.
El gobierno federal implementó una estrategia de gobierno para tratar una complicación de Estado. Mientras que la complejidad y diversidad de los factores en torno a la problemática en materia de seguridad ameritaban una lectura de estadista.
Una que incluyera a lo tres poderes de gobierno, a la sociedad civil y sí, el apoyo obligado de actores internacionales.
Sin embargo, la personalidad impulsiva de un presidente que llegó por la puerta trasera, llevó a que el propio mandatario fuera sometido por el juicio de los expertos en su gabinete, por las voces extranjeras y por el cálculo político de su partido.
Agobiado por las consecuencias, que no se esperaba en los primeros años de su gobierno, el presidente del empleo se quedó petrificado y renunció a escuchar las voces que desde todos los rincones del país exigían un golpe de timón en la estrategia.
Estrategia militarizada
Son muchos los que aseguran que el presidente recibió el mismo consejo de diferentes personajes, uno que eventualmente sería un parteaguas en esta guerra: no sacar al ejército a las calles.
El presidente lo hizo. Y el problema no está en haber sacado a las mujeres y hombres en uniforme para combatir un cáncer que las policías locales y la policía federal eran incapaces siquiera de mirar de frente. El problema fue la manera en que lo hizo.
Lo cierto es que no cabe duda que la mayoría de la sociedad se siente más segura con el Ejército y Marina patrullando las calles.
El inconveniente entonces radica en que analizando lo acontecido durante el sexenio de Calderón, y la estrategia que ha seguido –para unos tenaz, para otros necia– nos lleva a concluir, con fundamento en una premisa básica y un poco de sentido común, que el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México no están capacitados ni facultados legalmente para efectuar labores de seguridad pública.
Es cierto que el fin de las fuerzas armadas es preservar la soberanía del país promoviendo la paz y tranquilidad, y hacerle frente a cualquier amenaza extranjera o doméstica.
No menos cierto es el hecho de que el papel de las fuerzas armadas en una operación de seguridad interior y debe ser delimitada en un marco legal de tiempo, acción y facultades.
Este apartado estuvo ausente durante los primeros cinco años y medio del mandato del presidente.
Por ejemplo, no fue hasta el pasado 23 de abril, después de cinco años de guerra, que el gobierno federal dio a conocer una serie de protocolos para las fuerzas federales, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y delimitar el actuar de los efectivos.
Tuvieron que contabilizarse 80 mil muertos, miles de demandas de violación a derechos humanos, y cientos de recomendaciones de la CNDH para que el equipo de seguridad nacional de Los Pinos diseñara, o imitara, un protocolo indispensable para combatir lo que ahora los expertos en seguridad nacional denominan una insurgencia criminal.
Y aún así, el marco de tiempo en que el personal militar habría de regresar a los cuarteles, nunca fue establecido.
Destinar grandes presupuestos al sector de la defensa nacional no era el problema. La Sedena recibió más de 220 mil millones de pesos durante el sexenio y la Semar 84 mil millones de pesos.
El desarrollo de las capacidades militares y defensa de las fuerzas armadas es algo en que todo país emergente debe contemplar e invertir.
La oportunidad de que las capacidades tecnológicas de defensa se desarrollaran, fueron frustradas por la intrínseca necesidad de mantener al cuerpo militar con recursos para combatir una guerra no obligada para su participación.
El problema de seguridad pública era responsabilidad de aquellos civiles encargados de la misma, es decir de la policía.
El experimento de la Policía Federal Preventiva, Agencia Federal de Investigaciones y Policía Federal solo se logró consolidar en los últimos años de los sexenios panistas.
Siempre inmersos en pugnas con otras instancias de seguridad y procuración de justicia, envueltos en controversias, escándalos mediáticos y protagonismos, la Policía Federal de García Luna desaparecerá el próximo primero de diciembre, habiendo gastado más de 70 mil millones de pesos durante el sexenio.
Estos seis años de “lucha” contra el crimen organizado han sido muchos los actores políticos, expertos en seguridad, catedráticos y diplomáticos los que argumentan que el común denominador que ha faltado para lograr mayores resultados ha sido el uso propio y eficaz del sistema de inteligencia mexicano.
Los millones de dólares destinados a la SSP para la construcción de nuevas tecnologías y su reestructuración, se hizo en función de centralizar el aparato de inteligencia a la dependencia.
Y es que al término del sexenio de Calderón, cuando se creía que la instancia de seguridad más manchada sería la Sedena, lo cierto es que quienes se van como el gran error de los 12 años de panismo, son la Policía Federal y sus artífices.
El fenómeno atípico del crimen organizado
El crimen organizado que se engendró en territorio mexicano desde los años 60 evolucionó y se convirtió en una hidra de muchas cabezas.
Su principal actividad era el tráfico de narcóticos. Sin embargo la guerra entre cárteles, y la presión que los gobiernos que México Estados Unidos y Colombia han ejercido sobre las organizaciones criminales, ha inhibido esta actividad.
Por ello en México las organizaciones dedicadas al narcotráfico se multiplicaron e incursionaron en otras actividades delictivas como el robo, secuestro, extorsión, cobro de piso y trata de personas. Estas actividades han sido las que más han aterrorizado a la sociedad.
La evolución del narcotráfico en México se ha visto especialmente marcada en los últimos 15 años.
Es decir, el narcotráfico pasó de un “régimen” unipolar en los años 70 y 80 con Miguel Ángel Félix Gallardo al frente del Cártel de Guadalajara.
Después a uno bipolar en los 90 con la consolidación de los cárteles de Juárez y Tijuana como los principales grupos.
Finalmente a uno multipolar en lo que va del nuevo siglo con siete cárteles principales y diversas células de menor tamaño.
Y es que el fenómeno de evolución criminal ha sido un hecho que dejó huella en este sexenio.
El modus operandi de las organizaciones criminales también cambió, y marcó un parteaguas en la historia de crimen organizado transnacional.
Ante la presencia de mayor competencia en el mercado de las drogas, la batalla por el control de rutas y puntos de venta (plazas) se desarrolló con una psicología criminal nunca antes vista en México.
Las técnicas de intimidación de los cárteles tomaron un nuevo giro hacia la brutalidad.
Decapitados, descuartizados, colgados, quemados, ejecuciones masivas y balaceras públicas que han cobrado la vida de cientos de inocentes, recrudecieron la disputa de poder y aterrorizaron a la ciudadanía.
Los cárteles no solo se multiplicaron, también fueron aumentando su capacidad y nivel de influencia.
México, caso único
Cuatro son los factores que han distinguido a la lucha contra el narcotráfico en México del resto de los casos que se le asimilan.
El primero es la demografía; en un país con 120 millones de habitantes con una brecha de desigualdad y falta de oportunidades tan amplia, los jóvenes entre 21 y 25 años representan la carne de cañón para estos grupos criminales, por ello el reclutamiento de estos jóvenes nunca antes fue tan fácil.
El segundo es la geografía: un territorio extenso con dos grandes océanos en su perímetro, el país con mayor demanda de drogas vecino de la frontera norte, y una frontera chica en el sur, poco vigilada.
Tercero, una red globalizada de organizaciones criminales cuyas actividades abarcan un espectro multidimensional.
Se trata de un ente criminal con estructuras, planes de negocio, logística, inteligencia, conexiones, relaciones públicas, finanzas, servicios, cabildeo y negocios colaterales. Y que no solo se dedican a la producción de drogas, ni siquiera únicamente a la exportación.
La comercialización internacional los convierte en una empresa sumamente rentable.
Además se encuentran inmersos en diversas actividades delictivas como el tráfico de armas, trata de personas, robo, extorsión, secuestro, piratería, contrabando etc.
Y están perfectamente consolidados en las redes internacionales del crimen organizado.
Y cuarto, la focalización de los grupos del narcotráfico y la pugna entre cárteles que generan una violencia desbordante.
En México, son al menos 15 capos los principales, de los cuales al menos siete se encuentran en constante movimiento, entrando y saliendo del país, lo que complica considerablemente la “cacería humana”.
Es decir, son las cabezas las que el gobierno mexicano ha tratado de ubicar no solo en territorio mexicano, sino en todo el mundo.
Proveedores de cocaína
> La cocaína proviene de Colombia, Bolivia y Perú.
> En los últimos años, se ha registrado a Perú como el mayor exportador de cocaína.
> 90% de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos proviene de México.
> 50% de la cocaína que ingresa a México, desde Sudamérica, entra por los estados de la costa del Pacífico.
> 30% lo hace por los estados del Golfo de México.
> 20% entra vía terrestre a través de la frontera con Guatemala.
Los estados más violentos del sexenio
1.- Chihuahua > PRI
2.-Tamaulipas > PRI
3.-Nuevo León > PRI
4.-Coahuila > PRI
5.- Zacatecas > PRD-PRI
6.- Veracruz > PRI
7.- Sinaloa > PRI-PAN
8.- Michoacán > PRD-PRI
9.- Guerrero > PRD
> 70 mil muertos en el sexenio relacionados con el narcotráfico
> 30 mil desaparecidos
Presupuesto para la guerra:
> 400 mil millones de pesos
De los cuales…
> 204 mil millones de pesos fueron destinados a equipo, armamento y mantenimiento
> 25 mil millones de pesos destinados a tareas de inteligencia
Estados Unidos y la iniciativa Mérida
La alta demanda por las drogas en Estados Unidos propició que México sea ruta de paso para traficar todo tipo de narcóticos.
Con 3 mil kilómetros de frontera terrestre entre ambos países, el país es la puerta grande al mercado de drogas más importante del mundo.
Anualmente cruzan aproximadamente 2 mil millones de dólares producto del comercio ilícito de drogas.
Mientras que las drogas fluyen hacia el norte de México, el dinero y las armas fluyen hacia el sur: de los Estados Unidos hacia México.
México es ahora el séptimo país con mayor número de armas en manos de civiles.
De acuerdo a cifras de la ONU, en el territorio nacional existen alrededor de 15 millones de armas en manos de civiles.
Tan solo en México el costo monetario de las armas decomisadas es de 145 millones de dólares.
Si partiéramos de la premisa de que por cada arma decomisada existen cinco más en manos de civiles, el monto del mercado mexicano seria de 870 millones de dólares.
Armas decomisadas vienen de EU
En México ha registrado una histórica espiral de violencia en donde el común denominador son los sangrientos enfrentamientos con todo tipo de armas de fuego.
La Sedena ha informado que ha logrado decomisar más de 140 mil armas en total, 14 millones de municiones y 11 mil granadas de fragmentación.
Es decir, el crimen organizado ha invertido aproximadamente 145 millones de dólares en armamento para combatir a las bandas antagónicas y al gobierno.
De estas armas decomisadas por el gobierno federal, se calcula que el 65 por ciento son rifles de asalto o armas largas.
El decomiso estimado de lanzacohetes (RPG por sus siglas en inglés) ha alcanzado las mil unidades. A lo largo del sexenio se han decomisado más de 91 mil armas largas.
Al agregar el valor estimado de 300 dólares para cada una de las más de 44 mil armas cortas de diferentes marcas que se han incautado, el valor de los 14 millones de cartuchos decomisados, y las 11 mil granadas, podemos estimar que el costo total de dicho arsenal, en cuanto a armas cortas, largas y municiones, está por encima de los 102 millones de dólares.
Y es que actualmente se calcula que existen alrededor de 300 millones de armas en manos de civiles. Es el país con mayor posesión de armas per cápita en el mundo.
Auxilio extranjero
Estos dos factores, aunados al hecho de que México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y representa una fuente creciente de migrantes, obligó a que el gobierno estadounidense asumiera su parte de responsabilidad.
Para ello, en 2007 México y Estados Unidos firmaron un tratado bilateral para la cooperación en materia de seguridad. Y aunque el acuerdo incluye a países de Centroamérica, más del 80 porciento de los mil 300 millones de dólares que se han destinado a la Iniciativa Mérida o Plan México, han sido captado por el gobierno federal.
El apoyo ha sido en especie, en dinero y en entrenamiento del personal de las fuerzas federales.
La narcografía mexicana
Especialmente dedicadas al narcotráfico, estas organizaciones evolucionaron y hoy se han consolidado como un poder factico en nuestro país.
A seis años del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada, al monstruo le han crecido más cabezas.
Las siete organizaciones con mayor capacidad operativa son: los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Organización de los Beltrán Leyva o Cártel del Pacífico Sur, La Familia Michoacana/Caballeros Templarios, Los Zetas, el de Juárez y el de Tijuana.
Por la fuga de “El Chapo” Guzmán de la prisión de Puente Grande en 2001, se formó la denominada Federación de Sinaloa con Juan José Esparragoza alias “El Azul”, Ismael “El Mayo” Zambada, y Arturo “El Barbas” Beltrán Leyva e Ignacio “Nacho “ Coronel.
Este es el bloque criminal, que expertos nacionales y extranjeros consideran como el más grande y peligroso del país, y quizás del mundo.
Por otro lado, el antiguo Cártel del Golfo se preparó para defender su territorio formando un brazo armado.
Compuesto inicialmente por 30 ex militares de elite, Los Zetas eventualmente acumularon tanto poder que a la extradición de Osiel Cárdenas Guillen, líder del cártel del Golfo, rompieron con sus exaliados. Y emprendieron una sangrienta batalla por los territorios del noreste del país.
Con el cártel del Golfo sometido a constantes embates en la región noreste del país por el gobierno federal y por su grupo antagónico, los Zetas, que se habrían independizado a inicios del sexenio de Calderón aprovecharon la coyuntura y tomaron el control de prácticamente todas las rutas que el Cártel del Golfo solía controlar.
La lucha entre los Zetas y el Golfo dejó miles de muertes, recrudeció la vida social en el noreste del país, también inhibió a las principales ciudades industriales como Monterrey y Torreón.
A pesar de que el grupo de los Zetas han sufrido bajas significantes, y una supuesta división interna, este grupo altamente disciplinado, ha logrado mantener su influencia en la región Golfo del país, e incursionado al centro, sur y oeste. Inclusive domina territorios en Centroamérica.
El gobierno federal ha detenido a por lo menos 10 de sus más altos mandos. Entre ellos al su líder fundador, Heriberto Lazcano alias “El Lazca”.
El pase de estafeta en el liderazgo de “Los Zetas” fue para Miguel Treviño Morales alias “Z-40”, quien continua prófugo de la justicia.
Así, con el cártel del golfo debilitado la pugna por los territorios que todavía conservaba la organización se traducirá muy probablemente en una sangrienta batalla entre los Zetas y el Cártel de Sinaloa, señaló un funcionario del gobierno federal.
Por su parte, el cártel de Sinaloa, cuyo célebre jefe continúa en libertad después de 11 años de haberse fugado de un penal de máxima seguridad, continúa consolidándose como el más poderoso.
Aún que la organización ha sufrido bajas importantes, como la de Ignacio “Nacho” Coronel y Vicente Zambada Niebla, hijo del capo Ismael “El Mayo” Zambada, esta se ha mantenido como organización dominante en el trafico de cocaína.
Es entonces como en la región este, con el cártel de los Zetas dominando principalmente el tráfico de mariguana, el Cártel de Sinaloa manda en el mercado de cocaína en la región del Pacífico.
Atomización del crimen organizado
Son estos dos cárteles, los que en el sexenio de Felipe Calderón aumentaron su presencia, y se consolidaron como los más poderosos.
Sin embargo el fenómeno de decapitación de los cárteles, y la estrategia de conformar un brazo armado que organizaciones –como el del Golfo y el de Sinaloa– han utilizado y ha resultado en todo, menos lo esperado.
Más temprano que tarde estas células que fungen como brazos armados se percatan de que cuentan con todo lo necesario para emprender su propio camino. Y las diferencias con quienes eran sus jefes se hacen irreconciliables. En cuestión de meses surge un sangriento enfrentamiento entre quienes eran un mismo grupo.
Este hecho en particular resulta una bomba de tiempo en el oeste del país. El Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa se han declarado la guerra. Pero este problema ya no es de Calderón si no del presidente electo Enrique Peña Nieto, quien hereda la guerra que parece no tener fin.
Trabajo de García Luna, ‘plagado de caprichos’
El diario La Jornada publicó en su edición de ayer las críticas que hizo Mayolo Medina a la gestión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón.
Medina, quien durante dos décadas fue funcionario de Gobernación y de las áreas de seguridad en el lapso embrionario del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dijo que la operación de la SSP en los últimos seis años fue errática, un fracaso y estuvo plagada de caprichos personales.
El exfuncionario mencionó que jamás había visto una “predilección de tal magnitud” como la Calderón por Genaro García Luna, titular de la SSP.
García Luna concluye su gestión “confundido y confundiendo los elementos de la SNSP”, dice Medina, quien sustenta su análisis en un diagnóstico acerca de que México transita por el momento más crítico de inseguridad en los últimos 20 años.
Dijo que actualmente el “SNSP está opacado por García Luna” y que el país está encaminado a ser un Estado represor, gracias la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Medina enfatizó que el mayor reto institucional radica en las instancias de procuración de justicia, porque el 97 por ciento de los presuntos delitos no tienen sanción legal, instando a que el SNSP desarrolle sus fortalezas a nivel local.
En los últimos 11 años, el presupuesto de la SSP aumentó 686.1 por ciento (de 5.2 millones a 40.5 millones de pesos) mientras que el subsidio federal a los municipios se redujo 21 por ciento.
“La seguridad pública no es un tema de policías y ladrones, sino un asunto que pasa por la readaptación social y la procuración de justicia”, concluyó Mayolo Medina.
