La II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México repite los mismos vicios que su antecesora: abusar de las adjudicaciones directas.
En total, en el periodo de septiembre de 2021 a marzo de 2022 (primeros seis meses de la legislatura) el Poder Legislativo local firmó el 90 por ciento de los contratos celebrados por adjudicación directa y apenas el 10 por ciento a través de licitación pública.
Lo anterior, representa una violación a la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México que estipula que la adjudicación directa debe ser la excepción en contrataciones públicas.
La actual Legislatura del Congreso rindió protesta el 1 de septiembre de 2021 y estará en funciones hasta el 31 de agosto de 2024.
Priorizan contratos sin competencia
En los primeros seis meses de funciones de la II Legislatura del Congreso se han firmado 10 contratos para la adquisición de bienes y arrendamientos de servicios, revela información que se puede consultar a través de los apartados del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Poder Legislativo de la Ciudad de México.
De esa cifra, un total de 9, el 90 por ciento, fueron otorgados a través de adjudicación directa, lo
que significa que solo en el 10 por ciento de los acuerdos comerciales firmados hubo un concurso entre varios proveedores para definir a un ganador.
En total, lo erogado en contratos de adjudicación directa alcanza el monto de 35 millones 079 mil 425 pesos.
En licitaciones públicas, el legislativo de la ciudad apenas ha invertido 450 mil 797 pesos, lo que equivale a solo el 1 por ciento de lo que ha destinado en compras y arrendamientos durante dicho lapso.
El incumplimiento
El Congreso de la Ciudad de México podría incumplir La Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México si continúa privilegiando durante el 2022 la adjudicación directa por encima de las licitaciones públicas.
Dicho marco legal estipula que los entes públicos locales solo deben adquirir el 20 por ciento del total de los bienes anuales por adjudicación directa.
“La suma de las operaciones que se realicen conforme a adjudicación directa no podrán exceder del 20 por ciento de su volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado, para la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad”, señala el artículo 55 del marco legal mencionado.
También, afirma que los concursos deben celebrarse con el fin de garantizar las mejores condiciones en el uso de los recursos públicos.
“Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley”, detalla la ley.
Además, el artículo 54 de la misma ley describe los casos de excepción en los que se deben realizar las adquisiciones directas.
Por ejemplo, cuando un proveedor tenga la patente del bien requerido o cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la ciudad.
Calidad perjudicada con adjudicaciones directas
Respetar las leyes de adquisiciones y contratar a través de la licitación pública es importante porque se garantiza la obtención de un mejor precio y calidad, indica el Índice de Corrupción de Riesgos en Compras Públicas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
“La competencia en las compras públicas garantiza la obtención de mejor precio y calidad en los bienes y servicios adquiridos. En la medida en que las leyes y las instituciones aseguren procesos de contratación que premien la calidad y eficiencia a través de concursos con libre competencia, será más difícil que redes de corrupción puedan asignar contratos a las empresas previamente seleccionadas”, señala.
Sin embargo, menciona el documento, las entidades públicas privilegian las adjudicaciones directas y limitan la competencia así como favorecen las redes de corrupción.
Ante esta situación, el IMCO advierte que las leyes en materia de adjudicaciones directas se deben reformar para que las instituciones públicas no eviten la licitación pública.
También propone aprovechar la herramienta de datos de compras públicas para identificar y mitigar las prácticas de riesgo de corrupción en contratos.
Los vicios
La primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México también se caracterizó por contratar bienes y servicios por adjudicación directa en lugar de organizar concursos para garantizar las mejores condiciones.
De acuerdo con la nota “El Congreso de las adjudicaciones directas”, publicada el 8 de septiembre de 2020 por Reporte Índigo, de octubre de 2018 a junio de 2020, el Poder Legislativo realizó solo 21 concursos de licitación pública o de invitación restringida hasta de tres participantes.
Mientras que en el mismo lapso realizó 66 compras por adjudicación directa, según la base de datos disponible sobre los procesos de contratación en el Portal de Obligaciones de Transparencia del legislativo.
