Secundan veto presidencial
El Senado aprobó ayer por mayoría de votos eliminar a los particulares de la obligación de presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, como parte de sus deberes dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
A petición del presidente Enrique Peña Nieto, la Cámara Alta aprobó desaparecer esta obligación que pretendía que todas las personas físicas y morales que recibieran recursos públicos tuvieran que presentar sus declaraciones, que había sido añadida a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
80
“Creo que debemos entrarle de fondo a la agenda de la corrupción en el poder. La democracia mexicana se nos está yendo en apoyitos (…), en todo lo que regalan e intentan regalar los empresarios para hacerse de favores, para hacerse de privilegios, para hacerse de un ejercicio político del poder corrupto”
“El día de hoy, Peña (Nieto) pierde una oportunidad histórica para reconstruir los puentes de confianza entre el ciudadano y los políticos; la clase política sigue siendo sorda a las demandas de quienes nos eligen”
El Senado aprobó ayer por mayoría de votos eliminar a los particulares de la obligación de presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, como parte de sus deberes dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
A petición del presidente Enrique Peña Nieto, la Cámara Alta aprobó desaparecer esta obligación que pretendía que todas las personas físicas y morales que recibieran recursos públicos tuvieran que presentar sus declaraciones, que había sido añadida a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Tras una reunión con organizaciones de empresarios del país, el primer mandatario decidió no solo ajustar el texto para que algunos particulares estuvieran obligados a presentar sus declaraciones, sino los desterró de esa parte de la Ley.
Una vez aprobado por el Senado, hoy el tema se discutirá en la Cámara de Diputados, que abrió una sesión extraordinaria para debatir este cambio enviado por el presidente.
La aprobación se concretó con 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones.
El PRD presentó una propuesta para una nueva redacción del Artículo 32; su idea fue rechazada.
Los senadores de oposición señalaron que el titular del Ejecutivo perdió la oportunidad de acercar a la clase política con los ciudadanos, al no modificar el Artículo 29, donde se hace obligatoria la máxima publicidad de las tres declaraciones de los servidores públicos.
PRD: la corrupción tiene dos caras
Para los senadores del PRD, fue incorrecto quitar totalmente la obligación a los particulares para que presentaran sus declaraciones patrimonial y de intereses, sobre todo cuando hacen negocios con el gobierno o cualquier ente público.
Por ello, los perredistas presentaron una redacción alternativa al Artículo 32 que acota lo que se había aprobado, que incluía la obligación de cualquier persona que recibiera dinero público, de presentar declaraciones.
“(Están obligados a presentar su declaración) las personas morales que contraten a mediano y largo plazo, con Entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, la ejecución de obra pública, obra asociada a proyectos de infraestructura o de servicios públicos (…).
“Las personas físicas que participen directamente y por cuenta o en interés de las personas morales, en los procesos de contrataciones públicas”, señala la propuesta del PRD.
Alejandro Encinas, senador de la bancada del PRD, sostuvo que es importante no dejar fuera a las personas físicas o morales que hacen negocios con el gobierno porque la corrupción tiene dos caras.
“Creo que es urgente que empecemos una tercera etapa de este proceso legislativo, para establecer con claridad los instrumentos que permitan combatir la otra cara de la corrupción, la cual no está solamente en los servidores públicos o en la administración pública”.
Zoe Robledo, también senador por el PRD, sostuvo que el veto del Ejecutivo, y no la corrección del artículo, abona a que las cosas permanezcan como están, sin entrar a fondo en su transformación.
Opiniones encontradas
Las opiniones en el debate fueron encontradas y mientras el PRI y el PVEM defendieron el cambio hecho por el presidente Peña Nieto, otros lo reprobaron.
Quien estuvo en contra fue el senador independiente Manuel Cárdenas, quien presentó de último minuto la propuesta para que quedaran integrados los particulares en la Ley.
Cárdenas sostuvo que no se trató de una ocurrencia de madrugada sino que intentó terminar con la corrupción que viene desde los particulares.
“De repente nos encontramos con que dicen ‘el sector empresarial’ y no es todo el sector empresarial, compañeros. Hay muchísimos empresarios nacionales y extranjeros que están hartos de empresarios que desde su empresa, en pagos y financiamiento de campaña y otro tipo de favores, incorporaron cuadros de ellos al aparato público para desde ahí, tramposa y promiscuamente, orientar políticas públicas o cambios legislativos”, acusó Cárdenas.
Para Marcela Torres, senadora por el PAN, la Ley de Responsabilidades quedó corta, pues no se dio respuesta a los reclamos de la sociedad civil.
“La moraleja de este cuento: a grandes demandas ciudadanas, respuestas institucionales sordas y cortas (…).
“El día de hoy, Peña (Nieto) pierde una oportunidad histórica para reconstruir los puentes de confianza entre el ciudadano y los políticos”, destacó Torres.
Se cuela al debate Reforma Educativa
En el debate sobre las modificaciones a la Ley de Responsabilidades, algunos senadores de oposición aprovecharon para llamar a que se revise la Reforma Educativa, que ha causado la inconformidad de un sector del magisterio.
Alejandro Encinas, senador de la bancada del PRD, señaló que el mérito de las observaciones enviadas por el Ejecutivo al Artículo 32 de esta Ley, es que demuestra que las leyes sí pueden modificarse.
“Es el momento de reformar la reforma, de evaluar a los evaluadores y de mostrar con una actitud de sensibilidad política, que cuando una reforma no funciona, no se puede implementar, como la Reforma Educativa, debe cambiarse”, dijo.
Dolores Padierna, senadora por el PRD, hizo notar la diferencia de trato que reciben diferentes sectores por parte del Ejecutivo.
“Hemos escuchado de la voz del Gobierno Federal reiteradamente que la ley no se negocia (…) Sin embargo a los empresarios, a las cúpulas oligárquicas que tienen derecho de picaporte, con el propio presidente de la República, se les dice: ‘la ley sí se negocia’.
“¿Cuándo sí se negocia la ley? ¿Cuándo no se negocia la ley? ¿Para quién sí se abre el diálogo? ¿Para quién no se abre el diálogo? ¿A quién y a qué intereses sirve el Estado mexicano y a qué intereses subyuga?”.
Layda Sansores, senadora por el PT, pidió hacer una revisión artículo por artículo de la Reforma Educativa.