La intervención abierta que tuvo la delincuencia organizada en los comicios recién celebrados en Jalisco, como no se había visto nunca antes en el estado, sigue arrojando secuelas políticas que carecen aún de solución; la más urgente: la imposibilidad de conformar un gobierno en el municipio de Jilotlán de los Dolores.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) ya notificó formalmente al Congreso del estado de la crisis política en que está sumida esa localidad, donde el crimen organizado obligó a todas las fuerzas políticas, salvo a Morena, a renunciar a la contienda en la que estaba en juego la presidencia municipal.

En el acuerdo que le remitió el IEPC al Congreso estatal se indica que durante el proceso electoral se tuvieron que cancelar las planillas que se habían registrado por los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, por lo que no puede designarse un Cabildo con pluralidad política, como lo prevé el marco legal.


Desde antes de las elecciones del pasado 6 de junio, candidatos de diversos partidos políticos solicitaron al IEPC la cancelación de las elecciones por la inseguridad

“Que como consecuencia de lo señalado en los considerandos VIII, IX y X, la integración del H. Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores no puede integrarse, en atención a que debido a que se cuenta con una única planilla registrada como se señala en el anexo I y III, resulta imposible la aplicación del principio de representación proporcional, el cual tiene como objetivo generar mayores y mejores condiciones de auténtica representatividad política, así como facilitar la representación de todos los intereses y opiniones en los órganos de gobierno colegiados, de acuerdo con su fuerza en el electorado y el compromiso político entre las diversas fuerzas sociales, todo ello enfocado al reforzamiento de la democracia en dicho municipio”, se lee en el acuerdo.

El documento fue turnado a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del estado, donde deberá definirse una salida jurídica para la encrucijada política que enfrenta Jilotlán de los Dolores.

“Lo anterior ocurre (debido) a que previo a las elecciones del pasado 6 de junio, candidatos de diversos partidos políticos solicitaron formalmente al Instituto cancelar las elecciones por la inseguridad que se vive en la zona, mismo que se negó a hacerlo por carecer de facultades legales”, informó la sede legislativa.

Legalidad y amenazas en Jilotlán de los Dolores

A pesar del entorno de violencia y coacción del crimen organizado en el que se llevó a cabo la elección de Jilotlán de los Dolores, y de que incluso seis partidos políticos solicitaron que se suspendiera por esos motivos, el IEPC terminó declarando la validez de los comicios de ese municipio fronterizo con Michoacán.

Inclusive, y aun con estos antecedentes, el IEPC concluyó que la elección de Jilotlán se rigió por principios como la “certeza”, la “legalidad” y la “independencia”. El acuerdo que turnó al Congreso, donde valida esa jornada electoral, señala que: “una vez que fue revisado el expediente electoral remitido por el Consejo Municipal Electoral de Jilotlán de los Dolores, es necesario señalar que durante el desarrollo del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 se han observado de manera consistente los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y perspectiva de género, que rigen la actuación de las autoridades electorales; además de que se logró una participación activa de la ciudadanía que se reflejó en la votación. Cabe destacar que el desarrollo de dicha contienda fue en forma pacífica y sin incidentes graves que pudieran afectar el desarrollo de la jornada, situación que se vio reflejada en el transcurso de la sesión permanente de este Consejo General”, se explicó.

105

paquetes electorales en municipios de la Costa Sur no llegaron a las casillas debido a la acción del crimen organizado

El 21 de mayo pasado, los partidos PAN, PRI, PRD, MC, RSP y PES presentaron el oficio 05840 ante el IEPC, con este objetivo, según lo refirió el Instituto: “Exponen la situación de inseguridad que atraviesa el municipio de Jilotlán de los Dolores, situación que generó que los candidatos de las planillas registradas renunciaran y la imposibilidad de registro por los otros partidos, por tal motivo solicitan la suspensión de las elecciones del Ayuntamiento de Jilotlán”.

No obstante, el IEPC se dijo impedido jurídicamente para satisfacer esa demanda.

Según lo ha expuesto el consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, la salida más viable que tendrá Jilotlán es que se convoque a una nueva elección.

“La propia ley electoral, el marco legal del estado, prevé que cuando no hay un municipio integrado, éste tendría que ser producto de una convocatoria para una elección extraordinaria, esperemos que ésta sea la respuesta que recibamos del Congreso y entonces preparemos un proceso de este tipo”.

Las nuevas administraciones comenzarán en octubre próximo, por lo que de no concretarse una nueva elección de forma previa a ese mes, el municipio podría ser gobernado transitoriamente por un Concejo municipal.


“Tendríamos que, entonces, esperar el nombramiento e integración de un Concejo municipal para que se gobierne y se atienda administrativamente al municipio, mientras se desarrolla un proceso electoral extraordinario”

Guillermo Alcaraz

Presidente del IEPC

El escenario jurídico, empero, podría complicarse aún más, pues Morena ha anunciado que recurrirá a tribunales para hacer valer su “triunfo” en ese municipio.

Despliegue criminal

Durante estos comicios en Jalisco, la delincuencia organizada no se hizo presente únicamente en el municipio de Jilotlán de los Dolores, sino también en la región Costa Sur, una zona que ha sido identificada por las autoridades con una fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En dicha región, las células criminales se desplegaron durante la jornada electoral para intimidar a funcionarios de casilla e incluso robar paquetes electorales, según lo reportó en su momento el IEPC. Las acciones delictivas causaron que 105 paquetes electorales de los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta, Villa Purificación y Unión de Tula, no llegaran a manos de las instancias electorales.

El 9 de junio, sin embargo, se reportó la recuperación de 99 paquetes electorales -de esos 105 totales-, tras la intervención de la Guardia Nacional.

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