Se va para que lo investiguen
El director general adjunto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Rafael Castro González, se retira temporalmente de su cargo.
Solicitó una licencia para que el Órgano Interno de Control de la terminal área investigue las denuncias que hay en su contra.
Duró en su cargo poco más de dos meses.
Y es que a Castro González lo persigue su pasado. Se ha visto involucrado en asuntos de presunta corrupción y en el AICM no fue la excepción. A su llegada como director adjunto comercial se inició la polémica.
Armando Estrop"Si hay algo, el Órgano Interno de Control lo va a encontrar (…) Este aeropuerto va a cambiar"
El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explica que para los puestos administrativos no se requiere más que de su confianza y que no esté sancionado por la SFP
El director general adjunto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Rafael Castro González, se retira temporalmente de su cargo.
Solicitó una licencia para que el Órgano Interno de Control de la terminal área investigue las denuncias que hay en su contra.
Duró en su cargo poco más de dos meses.
Y es que a Castro González lo persigue su pasado. Se ha visto involucrado en asuntos de presunta corrupción y en el AICM no fue la excepción. A su llegada como director adjunto comercial se inició la polémica.
Fue acusado de manera anónima ante la Secretaría de la Función Pública de irregularidades en el trato a los locatarios. La SFP inició el expediente DE-0033/2013-SACM.
Reporte Indigo dio a conocer el nombramiento de Castro González y su negro pasado. Después se investigó que estaba operando para que se le concedieran en renta cuatro locales a César Mora Eguiarte, exfuncionario del IMSS y con quien se había visto involucrado en una presunta compra ilícita de información para conocer las bases de una licitación para la compra de medicinas por 80 millones de pesos.
Con la solicitud de trámite CC/SSC/171013/19 pretendía que se le rentaran los locales a pesar de que el posible arrendatario ofrecía un pago mensual de renta 42 por ciento debajo del precio establecido para la zona comercial en el que están los inmuebles.
El anuncio de la licencia de Rafael Castro González lo hace el director general del AICM, Alfonso Sarabia.
Entrevistado para conocer su opinión respecto a las denuncias y acciones de su colaborador, adelantó que por el momento es sólo una investigación.
“Si hay algo, el Órgano Interno de Control lo va a encontrar”, advierte.
Sarabia presume que sus 33 años en el servicio público son de una trayectoria intachable. Asegura que es riguroso con el uso de los recursos públicos pues a él realmente le preocupa su reputación, la de sus hijos y nietas.
“Este aeropuerto va a cambiar”, advierte.
Su oficina es del tamaño de una pista de baile. A espaldas de su escritorio hay una gran cantidad de aviones hechos a escala.
Simulan las aeronaves de las grandes empresas de aviación. Todo es posición de despegue. Son regalos que le han hecho.
Entre ellos está uno rústico, de madera, como una artesanía. Y ese es el que presume. Se lo trajo una Comandante –encargada de seguridad del aeropuerto- de una convención de mujeres policía en Johannesburgo, Sudáfrica.
En su despacho un gran ventanal le permite ver en primer plano los aterrizajes de le Terminal 1 y de fondo la bóveda celeste. La hora de la entrevista coincide con la caída de la noche y la llegada de los aviones de Europa.
Otro posible elemento de distracción de sus tareas –no lo sabemos- pueden ser los monitores (un Big Brother personal) conectados a 900 cámaras que vigilan las dos terminales, elevadores, pasillos y avenidas cercanas al aeropuerto.
Con el mouse de su computadora puede rotar la cámara, elegir el ángulo y el acercamiento. Espiar.
Su zona predilecta es el filtro de seguridad para pasajeros.
Pero en realidad puede ver a todos.
Advierte que no habrá impunidad
“Los que no van de acuerdo a la política del presidente, del secretario de Comunicaciones y Transportes y del director general del aeropuerto empiezan a hacerse un ancla para el aeropuerto. Y empiezan a tronar”, advierte Sarabia.
Está inmóvil. Sentado con la espalda erguida y los dedos entrecruzados.
“Ya he dado instrucciones al órgano interno de control que investigue. Y don Rafael Castro nos ha presentado una licencia para separarse del cargo y he informado al órgano interno de control para que investigue lo que considere prudente”, agrega.
Lanza el ultimátum de que en su política de querer limpiar la imagen y el funcionamiento del aeropuerto nadie tendrá inmunidad.
“No vamos a respetar a nadie cuando quiebra la Ley. Vamos a manejar cero tolerancia. Así lo estamos haciendo cuando vemos que un elemento de seguridad privada actuó mal o si un ciudadano tiene una conducta ilícita nos estamos yendo contra ellos”.
El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explica que para los puestos administrativos no se requiere más que de su confianza y que no esté sancionado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Las áreas de administración y comercialización simplemente con que el titular del Aeropuerto le tenga confianza por lo años andados en su profesión siempre y cuando la Secretaría de la Función Pública no lo haya sancionado”, indica Sarabia.
El funcionario señala que para la contratación de Castro González se cumplieron ambos requisitos. Sigue inmóvil con los dedos en la misma posición.
“La Función Pública cumplió. Nos informó que no había nada limitante y procedimos a contratarlo”.
Si embargo, el primer requisito debe haber desaparecido pues el Órgano Interno de Control realiza desde el pasado viernes una minuciosa investigación de todas las funciones que realizó Castro González como director adjunto.
Sarabia está de acuerdo en que se apliquen exámenes de control de confianza y otros filtros siempre y cuando no genere burocracia y torpeza para trabajar.
“Todo lo que pueda hacerse para que se garantice la confiabilidad de alguien es bienvenido siempre y cuando no burocratice los procesos. Porque si le ponemos candado a todo no se va a poder operar”.
Y es que el Senador petista David Monreal presentó en la Cámara alta un punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al AICM los mecanismos de contratación de funcionarios.
El legislador exigió que se implemente el Servicio Profesional de Carrera y que se pongan periódicamente exámenes de control de confianza pues considera que el Aeropuerto es una zona que debiera estar considerada de seguridad nacional.
La renta entre amigos
Alfonso Sarabia asegura que no procederá la renta que propuso Rafael Castro González como director general adjunto para el exfuncionario del IMSS, César Mora Eguiarte.
“Cuando se presente estoy seguro que no va a pasar”, dice.
Actualmente la terminal aérea tiene mil 600 locales. El procedimiento para rentar un local en el AICM asegura Sarabia que no es fácil.
“Cuando alguien quiere rentar un local no hay un funcionario que toma una decisión unilateral y unipersonal, existe un comité que para una persona que quiere rentar algo pasa esa solicitud al Comité y la estudia y ahí se decide. Si ahí no pasa se va para atrás.
“¿Qué buscamos con este comité?. Ver que sea una persona seria, que pague la renta arriba del catálogo y nunca abajo. Y que sea un beneficio para el Aeropuerto y por ende un beneficio para los pasajeros”.
Detalla que además se investiga los antecedentes de la persona.
En el 2009 el noticiero nocturno de Televisa dio a conocer la grabación de una llamada telefónica en la que Castro González, representante de los laboratorios Novartis y Mora Eguiarte, entonces directivo del IMSS, negociaban el cobro de una comisión por adelantar las bases de una licitación para la compra de medicinas por 80 millones de pesos.
El director adjunto del Aeropuerto negó en esa ocasión y la semana pasada que estuviera hablando con el funcionario del Seguro Social.
En su defensa siempre alegó que era una simple llamada entre particulares y en nada estaba relacionada con el Coordinador de Adquisición y Bienes y Contratación de Servicios del IMSS.
El funcionario fue cesado por la Secretaría de la Función Pública ya que se hallaron en su computadora correos electrónicos y otra información que lo vinculaba a casos específicos de corrupción.
De hecho, aparece todavía en la página de los servidores públicos sancionados de la SFP con el número de expediente 480/2008.
Y a pesar de que Rafael Castro fue el que propuso esa renta y fungía como secretario técnico del comité no se le hubiera permitido votar porque así lo establece la normatividad interna, afirma Sarabia.
“Vota el director general y los demás directores. Y también participa el Órgano Interno de Control. Ése es un equipo colegiado que nos ayuda a tomar las decisiones”, agrega.
Por el momento el directivo cuestionado está fuera. El pasado pesa.
Su solicitud de licencia tiene sabor a un eufemismo.
Es el método elegante.
