La prisión preventiva oficiosa ha generado un afluente de millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual coincide con la ampliación del catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa.

De 2019 a 2022, años en los que se legisló el alcance de esa figura, el número de personas privadas de la libertad pasó de 202 mil 337 a 223 mil 385.

De ellas, 92 mil 600 están a la espera de un juicio, mientras que la sobrepoblación alcanza los siete mil 75 internos, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad.

Ante este panorama, las compras públicas de los centros de readaptación social de México pasaron de 53.9 millones de pesos (mdp) en 2019 a 244.5 mdp en 2020, lo que significa que crecieron 4.5 veces. Para 2021, las erogaciones fueron de más de mil mdp, es decir, aumentaron en una proporción de 18.8 veces respecto a 2019.

En abril de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 19 constitucional y en febrero de 2021 aparecieron varias modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las enmiendas permitieron la inclusión de los delitos como el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción por enriquecimiento ilícito, como causales de prisión preventiva oficiosa, entre otros.

Una revisión de Reporte Índigo de los contratos signados por Prevención y Readaptación Social (PRS), a cargo de Hazael Ruiz Ortega, de 2019 a lo que va de 2022, arroja que el mantenimiento y vigilancia de los centros penitenciarios, así como la alimentación y los medicamentos de la población carcelaria, generaron erogaciones de hasta 300 mdp en una sola exposición. Hasta ahora, en Compranet están registradas 721 compras que suman 2 mil 31.5 mdp.

La cantidad total es similar al presupuesto que el Gobierno federal destinó para apoyar la construcción de la presa “Libertad” en Nuevo León, con la que esa entidad planea paliar la crisis de agua que padece desde febrero pasado.

La cifra también se parece a la ayuda que en septiembre de 2021 recibieron 64 mil 513 familias que padecieron los estragos del huracán Grace en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Desde la perspectiva de Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta, este gasto, impactado por la ampliación del catálogo de delitos, no se ha reflejado en condiciones dignas para los internos.

“Estos contratos no están relacionados de manera directa con la población per cápita. Más bien se hacen por el nivel de ocupación”, explica.

Explica que, desligadas de las condiciones de cada interno, las compras públicas del sistema penitenciario durante 2019, 2020, 2021 y 2022 se justificaron más bien en traslados masivos de un centro penitenciario federal a otro, una medida más acorde con la conveniencia de los proveedores que con la Constitución que ordena que las personas privadas de la libertad cumplan sus sentencias en los lugares más próximos a sus hogares

El limbo de la prisión preventiva oficiosa

La propuesta para erradicar la prisión preventiva oficiosa cayó en un limbo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar y Norma Piña, quienes habían presentado ante el pleno de la Corte dos proyectos para eliminarla, decidieron retirarlos antes de que fueran votados con el fin de robustecerlos.

El disenso sobre la medida se impuso entre los ministros en las sesiones previas a la de la votación e incluso confrontó al Poder Judicial con la Presidencia de la República.

En un posicionamiento firmado por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y María Estela Ríos González, consejera jurídica de la Presidencia, el Gobierno federal defendió la figura como “fundamental” para los presuntos responsables de delitos considerados de gravedad, “con el fin de evitar que escapen, continúen en la comisión de crímenes o actúen en represalia en contra de las víctimas, los denunciantes o los testigos”.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, encendió el debate con la afirmación de que el Poder Judicial no se ha sometido a una limpieza contra la corrupción y si la prisión preventiva oficiosa se erradica, propiciaría que se deje en libertad a delincuentes peligrosos.

Mientras el debate subsiste, el ritmo de contrataciones en los penales de México se mantiene en 89.3 mdp por mes.

Este año, hasta agosto, según los registros en Compranet, se han gastado 714.7 mdp. Dos de los contratos más grandes firmados en los últimos cuatro años pertenecen justo a 2022. Uno fue para mantenimiento por 231.2 mdp con Irkon Holdings y otro para disponibilidad alimentaria por 173.2 mdp con la empresa Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V.

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