La alcaldía Cuauhtémoc derrochó más de 400 mil pesos en una revista que ha sido acusada de promover de manera ilegal la imagen de la titular, Sandra Cuevas.

Diputados locales afirman que la alcaldesa violó diversas disposiciones al publicar la revista porque tiene su imagen y la ley prohíbe la promoción personalizada de funcionarios públicos.

Además, los datos de la persona física a la que se le otorgó el contrato para el diseño de la publicación fueron clasificados por el gobierno de Cuauhtémoc, por lo que se desconocen su domicilio fiscal y otros detalles que sirven para comprobar su legalidad, según la información obtenida por mecanismos de transparencia.

Según el contrato, se le pagaron 402 mil 705 pesos al proveedor para la impresión y diseño de las 12 ediciones de la revista, pero no se detalla cuántos ejemplares se imprimirán mensualmente

La revista

El 28 de enero de 2022, Sandra Cuevas dio a conocer la primera edición de la revista que en su portada tiene una imagen de ella y que, supuestamente, tiene el objetivo de dar a conocer las actividades emprendidas por la demarcación.

“Mi compromiso ha sido cumplir mi palabra. Avanzar a un modelo integral de gobierno en donde todas y todos recuperemos la esperanza de un mejor futuro. En donde todos estemos representados, por ello en la revista Cuauhtémoc habrá espacio para escuchar a las distintas voces de la demarcación”, dijo la alcaldesa a través de un video en redes sociales.

Posteriormente, el jueves 10 de febrero de 2022, el Congreso de la capital aprobó un punto de acuerdo para que se investigue a la revista de Sandra Cuevas debido a que la publicación presuntamente viola diversas leyes.

La propuesta legislativa fue hecha por el diputado de Morena, Temístocles Villanueva, y argumenta que la Constitución Política estipula que todos los servidores públicos tienen que usar con imparcialidad el erario.

“La Constitución también señala que la propaganda pública será institucional y con fines informativos, educativos o que tengan orientación social; y agrega con énfasis que en ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública”.

Así lo explica el punto de acuerdo que pide a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de la publicación.

La propuesta afirma que existen sentencias del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) que detallan que la propaganda institucional no debe ser usada para la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión.

Por otra parte, la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la Ciudad de México menciona que la propaganda y los medios de difusión públicos no deben tener imágenes o nombres de los funcionarios.

“En materia de gastos de publicidad, propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda como tal los sujetos obligados por esta ley, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, detalla el artículo 92.

El costo de la revista de Sandra Cuevas

Se firmó un contrato por 402 mil 705 pesos para la impresión en 2022 de la revista Cuauhtémoc, detalla la respuesta a la solicitud de información 092074322000217.

Según la respuesta de la alcaldía, fechada el 15 de febrero de 2022, la demarcación celebró el acuerdo comercial AC/ CPS/008/2022 con Ricardo Nieto Velázquez para el “Servicio integral de diseño y edición, incluye impresión mensual de la revista Cuauhtémoc para el ejercicio 2022”, el pasado 15 de enero.

De acuerdo con el contrato, los 402 mil 705 pesos se le pagaron al proveedor para la impresión y diseño de 12 ediciones de la revista.

Sin embargo, no especifica cuántos ejemplares se imprimirán de cada edición mensual.

Por último, por parte de la alcaldía autorizaron la transacción Israel Salgado González, director general de administración; y Silvia Valencia Domínguez, directora de presupuesto y finanzas.

Ocultan datos

El contrato entregado por la alcaldía a Reporte Índigo no contiene datos como el RFC de la persona física adjudicada ni su dirección fiscal, datos que certifican que no sea un proveedor fantasma

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las empresas fantasma son aquellas sociedades que se conforman y prestan servicios a pesar de no contar con la infraestructura, instalaciones y capacidad.

La respuesta de la alcaldía detalla que el Comité de Transparencia de la demarcación determinó clasificar como reservados la nacionalidad, RFC, número de identificación fiscal, domicilio para oír y recibir notificaciones así como la firma y rúbrica de Ricardo Nieto Velázquez con el argumento de que “se trata de un conjunto de datos a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con el patrimonio de la persona moral”.

Lo anterior, afirma la alcaldía, está sustentado legalmente en el artículo 6 fracciones XXII, XXIII; artículo 24 fracciones 27, 180, 186 y, 216, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México así como en los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 23 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

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